A pesar de su riqueza mineral andina, incluido el oro, gran parte del cual se extrae de manera informal o ilegal, Puno es una de las regiones económicamente más pobres de Perú. Cuatro de cada 10 personas viven en la pobreza, dos tercios de los niños de entre 6 y 35 meses padecen anemia —muy por encima de la ya elevada media nacional del 42%— y uno de cada 10 sufre desnutrición crónica. Corani, donde nueve de cada 10 personas viven en comunidades rurales, es el distrito más pobre de la región. Otro distrito de la misma provincia, Carabaya, es el segundo más pobre.

Sin embargo, la extracción de minerales estratégicos — primero uranio y ahora litio— se ha presentado durante décadas como el camino hacia la prosperidad de la zona.

Juan Tejada, coordinador de programas sociales de la provincia de Carabaya, recuerda un entusiasmo similar ante los anuncios de que se había descubierto uranio cerca de Macusani, la capital provincial. Las esperanzas se desvanecieron cuando los precios del uranio cayeron, solo para volver a subir en 2018, cuando Macusani Yellowcake, ahora filial de la minera junior canadiense American Lithium, anunció que su concesión de Falchani, a unos 25 kilómetros de Macusani, también contenía litio.

En entrevistas con los medios de comunicación, Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, ha dicho que la empresa tiene reservas indicadas e inferidas de un relativamente modesto equivalente a 4,7 toneladas de carbonato de litio, la unidad de medida utilizada por la industria. Sin embargo, se necesita más exploración para catalogar esas reservas como "probadas". La empresa está realizando actualmente los estudios de impacto ambiental, y ha pronosticado que la construcción podría empezar en 2026 y la producción en 2027.

En su estado financiero para los años que terminan en febrero de 2022 y febrero de 2023, American Lithium dijo que "aún no ha determinado si las propiedades contienen reservas de mineral que sean económicamente recuperables."

Mientras tanto, los locales tienen sentimientos encontrados. Un líder juvenil, que pidió no ser identificado, dice que muchos de sus compañeros esperan que una mina cree oportunidades de trabajo formal que serían preferibles al trabajo peligroso en las minas de oro informales de la parte norte de la provincia, donde los Andes descienden hacia la cuenca del Amazonas. Sin embargo, a él y a otros les preocupa el impacto ambiental.

Betty Nélida Quispe Fernández, dirigente de las organizaciones de mujeres de Carabaya, teme que el polvo y la contaminación del agua de una mina a cielo abierto puedan afectar a los pastos y los campos de cultivos tradicionales como la papa y la cañihua, un cultivo tradicional de montaña emparentado con la quinoa. El mismo temor se extiende a otra concesión de la zona, donde realiza prospecciones la minera junior canadiense Bear Creek Mining Corp.

Si el proyecto del litio progresa, los residentes locales esperan que su provincia reciba una parte justa. Walter Churata Morocco, profesor y presidente de las rondas campesinas de Macusani, espera que se creen unos 5.000 puestos de trabajo para los habitantes de Carabaya. "Tiene que repercutir en el crecimiento económico para Carabaya", afirma.

Sin embargo, teme que una mina pueda secar ríos y manantiales, y a él y a Quispe les preocupan los rumores de que el carbonato de litio procesado se transportaría a los puertos de la costa del Pacífico de Perú a través de la vecina región de Cusco, evitando la mayor parte de Puno.

En marzo, tras dos meses de protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, especialmente intensas en Puno, los líderes de las comunidades tradicionales de la región anunciaron que sólo permitirían la extracción de litio si también se construía en la región una planta de fabricación de baterías.

Tejada ve pocas posibilidades de que eso ocurra: "Si quisiéramos fabricar [baterías], tendrían que pasar muchas cosas". Dice que los representantes de Macusani Yellowcake plantearon la idea en presentaciones el año pasado, pero Solís la descartó en una reciente entrevista con los medios, señalando que la producción de baterías requiere otros minerales, como níquel y grafito, que Perú no produce.

Mientras tanto, persiste el descontento con el gobierno nacional. El índice de aprobación de Boluarte está entre los más bajos de los presidentes latinoamericanos, con un 12%. El recuerdo de las protestas de hace casi un año, en las que murieron más de 60 civiles, seis soldados y un policía, sigue fresco en la memoria de los habitantes de Puno, donde 18 de los civiles fueron tiroteados. La consiguiente desconfianza en el Gobierno podría dificultar la aceptación de un proyecto minero, afirma Dávila.

El alcalde de Corani describe su distrito como "olvidado por el Estado", sin policía ni tribunales, sin atención sanitaria ni educación adecuada, donde la gente vive de lo que gana al día. La publicidad sobre el litio ha aumentado las esperanzas de la gente de que "la inversión extranjera puede hacer que Corani salga del subdesarrollo", dice, pero él y otros también están preocupados por las repercusiones de la minería.

Aunque no ha visto planes concretos, dice que el yacimiento de litio está bajo las tierras de tres comunidades rurales de su distrito, y no sabe qué podría pasar con la gente que vive allí. ¿Tendrían que marcharse? ¿Cómo se les compensaría? ¿Y adónde irían, cuando sus vidas han girado en torno a la cría de alpacas? "Es como quitarme parte de mi cuerpo quitar la actividad ganadera acá", dice Dávila.

También le preocupa el agua. Una evaluación económica preliminar del proyecto de litio Falchani —preparada en 2020 para Plateau Energy Metals, que fue adquirida por American Lithium en 2021— dice que el agua para el proyecto se extraería de los ríos locales. Las comunidades locales también dependen de las aguas superficiales, y Dávila dice que algunos manantiales se están secando, mientras que algunas comunidades han visto disminuir sus suministros de agua a medida que su población ha crecido.

Los trabajadores de los campamentos mineros crearán aún más demanda de recursos que ya son escasos, añade Dávila, a quien también preocupa la posible contaminación de los ríos, que alimentan el río Inambari, que desemboca al este en la cuenca del Amazonas. Le preocupa especialmente Quelccaya, una comunidad donde actualmente realiza exploraciones Macusani Yellowcake, y que depende del agua de un glaciar que lleva retrocediendo desde los años setenta. El glaciar está ahora cubierto de concesiones mineras, aunque también se encuentra en una zona protegida, lo que podría impedir la exploración. Sin embargo, los críticos señalan que las concesiones violan una ley peruana destinada a proteger las cabeceras de los ríos.

El gobierno nacional ha iniciado recientemente un diálogo con las autoridades regionales y locales para abordar los problemas económicos de Carabaya, pero sigue faltando información sobre la mina de litio propuesta. Según la legislación peruana, las comunidades no tienen derechos sobre los minerales que se encuentran bajo sus tierras, por lo que las empresas deben negociar con ellas el acceso. Perú ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, pero desde la reforma agraria de la década de 1980, el gobierno peruano ha designado a las comunidades andinas como "comunidades campesinas" en lugar de reconocerlas como quechuas o aimaras.

Como resultado, las empresas tienen libertad para negociar una "licencia social" para operar en esos lugares, sin reglas claras para el proceso, en lugar de pasar por una consulta a las comunidades dirigida por el gobierno. Los estudios de impacto ambiental también se realizan proyecto por proyecto, sin examinar el impacto combinado de múltiples proyectos, especialmente en las cuencas hidrográficas.

Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, advierte que el acceso a la información por parte de las comunidades afectadas por la minería es especialmente importante cuando se realizan exploraciones de minerales relacionados con la energía, como el uranio y el litio, y en lugares como Puno, que tiene más de 700 vertederos industriales sin remediar, principalmente procedentes de la minería.

Orellana también advierte que el "desarrollo" no debe tener prioridad sobre la protección del medio ambiente y que, en la carrera por sustituir los combustibles fósiles, los países no deben permitir que aumente la contaminación procedente de la extracción de los llamados minerales "estratégicos" o "críticos" necesarios para las energías renovables. La descarbonización, dice, no sólo debe evitar la contaminación futura, sino que debe ir de la mano de la "desintoxicación", o limpieza de los lugares que ya están contaminados.

"Vemos en la región [latinoamericana] y también en el mundo la proliferación de zonas de sacrificio, zonas que son altamente contaminadas donde las personas muchas veces viven en la pobreza, carecen de voz, y son condenadas en la negación de sus derechos humanos fundamentales", declaró a Historias Sin Fronteras.

Orellana insiste en el derecho de las comunidades a la información y a tener voz en las decisiones sobre los proyectos que les afectan, así como en el acceso a la justicia, incluida la justicia medioambiental.

"Las personas que sufren la contaminación en estas zonas son típicamente marginadas de los procesos de toma de decisiones", afirma. "En América Latina, todavía hay mucha distancia, mucho camino por recorrer para hacer una realidad el derecho al acceso a la información en materia ambiental."