Han pasado 12 días y el olor a gasolina sigue aquí, impregnado en la tierra que vio florecer árboles de pirul, nopales y magueyes; la misma que presumía un pasto verde brillante y que otrora sirviera también para sembrar lo típico de la región: maíz, alfalfa y frijol, principalmente.

A unos metros de este ejido de Ulapa de Melchor Ocampo, en el municipio de Tetepango en Hidalgo, hay un regimiento de la Guardia Nacional que vigila los ductos que transportan hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Pemex monitorea la zona por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2019.

Sin embargo, el 11 de julio pasado personas no identificadas llegaron hasta ahí y perforaron un ducto de gasolina. En su intento por robar combustible provocaron una fuga y el líquido se alzó por encima de los seis metros de altura, como un géiser.

La gasolina bañó todo lo que tenía a su paso en un área de aproximadamente mil 400 metros cuadrados. La huella del derrame aún es visible. Los árboles tienen un color cobre, el pasto luce como si le hubieran prendido fuego y pareciera que los magueyes y los nopales se derritieron. El olor es penetrante, irrita las fosas nasales de quien lo respira y provoca dolor de cabeza. “Esa tierra ya no sirve para siembra”, dice uno de los campesinos que trabaja en una milpa cercana.

Una fuga de combustible arrasa con todo lo que tiene alrededor. En Ulapa este terreno perdió árboles, magueyes y nopales.

Entre 2006 y abril de 2022, Pemex detectó 88 mil 153 tomas clandestinas en sus ductos repartidos por todo el país. Seis estados concentran 75% de estas llaves clandestinas: Hidalgo con 19 mil 577, Puebla con 12 mil 587, Estado de México con 9 mil 707, Guanajuato con 9 mil 284, Tamaulipas con 7 mil 772 y Veracruz con 6 mil 925.

Un análisis de los datos que Pemex Logística entregó vía transparencia revela que Hidalgo lidera por una amplia diferencia respecto a otros territorios. Es, además, el lugar en donde la estrategia de combate al huachicol que inició López Obrador en 2019 ha sido menos efectiva.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2018, Hidalgo registró un total de 3 mil 968 tomas clandestinas, pero, a partir de 2019, el estado gobernado por Omar Fayad Meneses alcanzó límites históricos: ha acumulado 15 mil 426 tomas, más de cuatro mil por año, pese a la vigilancia permanente en los ductos que estableció el gobierno federal.

“El huachicol es un cáncer que no deja de expandirse”, dice Aquiles Amador, director de Seguridad Pública en el municipio de Tlaxcoapan. Hace apenas dos semanas una toma clandestina acabó con una parte de un sembradío de maíz y otro de alfalfa, conjuntamente de unos 500 metros cuadrados. Todavía hay rastro del cultivo quemado, hay un olor parecido al del escape de un camión de carga y charcos que conservan rastros del combustible. Aquí la tierra, advierte, también quedó infértil.

Además de la inseguridad provocada por la actividad ilícita, la pérdida de vidas humanas que las explosiones por derrames suelen dejar a su paso y los perjuicios económicos para el país, el huachicol ocasiona una huella ambiental casi imperceptible ante el ojo humano, apenas visible en los sembradíos quemados, los árboles secos y el suelo cubierto por una capa ligera de combustible.

Las consecuencias de un derrame dependen de los tipos de suelo en donde éste ocurra, si hay aguas subterráneas o fuentes de abastecimiento cercanas; usualmente afectan el aire porque la combustión de hidrocarburos incrementa los gases de efecto invernadero.

En términos generales suelen dañar las propiedades físicas de los suelos, limitando su capacidad de absorber nutrientes o de retener agua; especialistas señalan que hay suelos que pueden tardar años, incluso décadas, en recuperarse. Ésto para un campesino, por ejemplo, se traduce en la disminución de terreno apto para siembra, en cosechas perdidas o de baja calidad y cantidad.

Marco Antonio Moreno, director de la Sociedad Ecologista Hidalguense, calcula que, en ocasiones, una sola toma clandestina puede hacer perder entre ocho y 10 hectáreas de suelo fértil.

Derrame del 10 de julio de 2022. La toma clandestina provocó la pérdida de cultivos de maíz y alfalfa. El suelo aún conserva rastros del combustible.

Por si fuera poco, un derrame de gasolina puede tener efectos en la salud al contaminar el agua que abastece a una comunidad o por la exposición permanente a los gases que produce, sobre todo si éstos llegan a áreas cerradas.

Por ello, enfatiza, no se puede obviar que cerca del 80% de las emergencias ambientales del país provienen de la industria del petróleo. “Los ambientalistas se escandalizan con la palabra minería, pero los accidentes de esta industria no se comparan con todo el daño generado por los derrames de actividades ilícitas en el sector petrolero”, puntualiza.

Aquel 11 de julio, Baltazar y Marisela, quienes pidieron no usar sus nombres reales por temor a represalias, vieron alzarse un chorro de combustible por encima de las copas de los árboles. Luego, recuerdan, una nube blanca comenzó a expandirse por todo el poblado. La pareja de agricultores tuvo que evacuar junto a más de 100 pobladores de Ulapa por órdenes del gobierno municipal, pues había riesgo de explosión.

Marisela se llevó a sus 40 borregas a un poblado cercano, pero Baltazar se quedó cerca. Recuerda el dolor de cabeza, el picor de garganta y la falta de aire. “Era una nube blanquecina, como si las nubes del cielo se bajaran al suelo, así se veía”, dice.

“Casi se convierte en un Tlahuelilpan, ya venían varios con sus garrafas”, nos dice un elemento de la GN que resguarda la zona. Se refiere a la tragedia ocurrida a 10 km de ahí, en enero de 2019, cuando una fuga de gasolina, provocada por una toma clandestina en el municipio de Tlaxcoapan atrajo a los pobladores de la zona y del municipio colindante, Tlahuelilpan. Decenas de personas recolectaban el combustible que se derramaba a chorros cuando la toma explotó y dejó 137 personas muertas, según los datos oficiales.

Ese terreno hoy luce como un camino desolado de tierra y piedra, custodiado por las capillas y cruces que familiares de los deudos han colocado en su memoria. A los costados se alzan predios con milpas de maíz y alfalfa, donde el terreno todavía es fértil.

A unos metros de donde explotó la toma clandestina en 2019, un pilote indica que, en medio del cultivo de alfalfa, atraviesa un ducto de Pemex.

Sobre este caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberó el único boletín público que acredita daño ambiental por una toma clandestina. Determinó que los niveles de contaminación del suelo producto de la toma del poliducto Tuxpan-Tula superaban los límites máximos de hidrocarburos en suelos.

La Profepa actuó a petición de la Fiscalía General de la República y explicó que los contaminantes pueden ser persistentes e irreversibles, lo que puede dar origen a perturbaciones en vegetales y en animales que los consuman. Además advirtió sobre la disminución del rendimiento de los cultivos y la contaminación de las aguas superficiales y freáticas. La mayor afectación se presentó en el canal de riego, mientras que en las parcelas y sembradíos halló niveles de contaminación que no rebasan los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

A nivel municipal, Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, es la localidad con mayor presencia de llaves clandestinas en el país, con 3 mil 649, seguido por Altamira en Tamaulipas que tiene 3 mil 195 e Irapuato en Guanajuato, que reporta 2 mil 272. Sin embargo, Hidalgo tiene a 42 de sus 84 municipios con reportes de robo de combustible en el periodo analizado para este reportaje, el impacto ambiental es considerable, aunque éste no suele medirse, por lo que los daños no suelen resarcirse.

Pemex aduce que las consecuencias ambientales no son su responsabilidad por constituir intervención de terceros. La reparación queda en manos de la Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a quienes se solicitó entrevista sin que hayan dado respuesta.

Datos de Pemex Logística, obtenidos vía transparencia, muestran que la paraestatal sí ha acreditado afectaciones por derrames de hidrocarburo, producto de tomas clandestinas. Los registros de daños se limitan al estado de Tabasco, en donde reconoce 35 hectáreas afectadas en el municipio de Cunduacán, 15.7 en Huimanguillo, 12 en Cárdenas y 2 en Paraíso entre 2015 y 2022. Las afectaciones no han sido subsanadas.

Aquiles Amador, director de Seguridad Pública de Tlaxcoapan, se mueve por un camino de terracería rodeado de milpas. Un equipo de la GN está en la entrada. Al fondo del camino hay un canal de riego atravesado por dos tuberías blancas que se camuflan entre las milpas y la maleza. De esos tubos, salen lo que llama “chupones”, unas cápsulas negras, pegadas una sobre otra que suman 16 en un espacio de apenas un metro: son tomas clandestinas selladas por Pemex.

“Ahora ya los cubrió la maleza y la tierra, pero hemos contado hasta 47 en la parte expuesta del ducto”. Amador muestra esto para ejemplificar la frecuencia con la que un pequeño tramo de ducto es agujereado ilegalmente para robar el hidrocarburo que transporta.

Un elemento de la GN reconoce que el huachicol sigue siendo una actividad frecuente, aunque ha bajado de ritmo: “Si antes detectábamos 40 o 45 tomas, ahora andamos por las 15”. La política del gobierno federal que envió militares y a la GN a custodiar los ductos, afirman los voceros de los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, ha reducido el número de tomas, aunque los datos oficiales indican lo contrario.

Tomas clandestinas selladas en el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo.

Hay un clima de temor entre los habitantes de los municipios afectados por este delito. Pocos se atreven a hablar y de éstos, menos se arriesgan a hacerlo con nombre y apellido. La diversificación de las actividades ilícitas de los grupos del crimen organizado ha colocado al huachicol como una fuente importante de ingresos, sobre todo porque los “gasolinazos” lo han convertido en un negocio ilegal ampliamente redituable. En 2012, al cierre del sexenio del expresidente Felipe Calderón, un litro de gasolina costaba 10.8 pesos; en 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, 19 pesos; mientras que las cifras recientes lo muestran por encima de los 20 pesos.

El impacto ambiental del huachicol es apenas un elemento desatendido que se suma a un cúmulo de eventos contaminantes en el país. En Hidalgo, por ejemplo, la región de Tula y los municipios colindantes, donde esta actividad es una cotidianidad, la contaminación del suelo, el agua y el aire se adhiere al legado de la Refinería Miguel Hidalgo que no sólo emite, junto a otras industrias, gases contaminantes, sino que desecha sus residuos de hidrocarburo al Río Tula.

El agua de este río suma males: recibe las aguas negras de la Ciudad de México, los desechos de hidrocarburo por tomas y la refinería, los de la hidroeléctrica y otras industrias. Se utiliza para regar los sembradíos de maíz, alfalfa, frijol, avena, tomate verde y rojo, calabacita y cilantro del Valle del Mezquital que se distribuyen en lugares como la Central de Abasto de la CDMX. La contaminación está más cerca de lo que pensamos.

Hace cinco años se multiplicaron en medios las imágenes de personas de la comunidad de San Francisco Tláloc cargadas con bidones de diésel que recogían de una fuga de combustible.

Este lugar, que es junta auxiliar del municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, fue entre 2017 y 2019 uno de los epicentros del huachicol en México. Un problema que creció exponencialmente la década pasada, colocando a Puebla entre los tres estados con el mayor número de tomas clandestinas en todo el país, junto con Hidalgo y Guanajuato.

Una de las estrategias utilizadas por los huachicoleros para el robo de combustible fue perforar ductos y avisar a la comunidad para que fueran a recoger el combustible que brotaba a borbotones, después los huachicoleros les compraban los litros recogidos.

En ese entonces, una zona de Puebla fue identificada como “el triángulo del huachicol”, y aunque Tlalancaleca no entra en esas coordenadas, esos grupos criminales también llegaron a sus tierras.

Para este reporte, el lugar se visita en compañía de policías de Puebla. Aunque en la actualidad la zona está menos violenta que hace unos años, se mantiene una calma tensa.

Vecinos, autoridades, soldados y policías del lugar reconocen que la dinámica del crimen organizado ha cambiado. Con el arranque del sexenio federal se cerró el flujo al tránsito del combustible; ahora lo que se roban es el gas, que también es transportado por Pemex.

Ha pasado un lustro, y a pesar de las fugas masivas y del derrame de diésel en las tierras nadie ha acudido a remediar o tratar de curar las hectáreas contaminadas: el suelo aún huele a combustible.

Al pararse en el lugar se percibe un olor pegajoso. Meter la mano a la tierra y arrancarle unos pedazos, o pasar los dedos por la capa de polvo que cubre el suelo acentúa el olor del contaminante.

Cuando llueve, como en estos días, el agua encharcada levanta natas del residuo contaminante que no se ha ido desde hace años.

En este lugar la remediación no se ha hecho presente.