Un asesinato sistemático de jóvenes tiene lugar en México, sostienen especialistas de diversas regiones del país que fueron entrevistados sobre el crecimiento del riesgo de ser víctima de homicidio o desaparición siendo joven en el país desde 2006, cuando inició la llamada “guerra contra el narco”.

El sociólogo bajacaliforniano, José Manuel Valenzuela Arce, quien acuñó el término de juvenicidio a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, menciona cinco elementos clave que conllevan la vulnerabilidad y eventualmente la muerte de jóvenes en el país: la precarización económica y simbólica, la criminalización, la deciudadanización y la desubjetivación.

El investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), quien estudia las juventudes y contracultura desde hace 44 años, planteó el concepto de juvenicidio en asociación con el de feminicidio, igualmente importante y adaptado a México por las académicas feministas cuando se visibilizaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en la década de los 90. Entonces dejaron de ser referidos como “las muertas de Juárez”, como si no hubiera acto homicida de por medio.

En el feminicidio hay un sujeto agresor y causa del crimen: el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. En el caso del juvenicidio, el asesinato sistemático de jóvenes tampoco es fortuito, considera Valenzuela. “Son las consecuencias de la operación de una maquinaria de precarización y muerte”, a raíz de una política prohibicionista que tiene como objetivo el control del mercado de las drogas por Estados Unidos, explica.

En el juvenicidio, identifica, siempre está la idea de que los matan porque efectivamente son delincuentes, “como si esto lo justificara”.

Por ejemplo, cuando 15 estudiantes fueron masacrados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010, el expresidente Felipe Calderón declaró que “si los mataron es porque en algo andaban”. O cuando en 2014 el Ejército ejecutó extrajudicialmente a 22 personas en Tlatlaya, entre las cuales había adolescentes, el gobierno de Peña Nieto las criminalizó al referir inmediatamente que se trató de un enfrentamiento con presuntos criminales. Y recientemente, en diciembre de 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó la masacre de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, con el consumo de drogas.

La precarización de la juventud tiene un hito en los años 80, según Valenzuela: “la década perdida, la expropiación de las esperanzas de las y los jóvenes. La condición de certeza, de construcción de proyectos viables de vida se cae. Tiene que ver con el dominio del neoliberalismo que exacerbó la desigualdad de manera brutal”. Restaurar el proyecto de futuro de las y los jóvenes es necesario para detener las violencias que viven, apunta Valenzuela.

"La expropiación de las esperanzas de las y los jóvenes. La condición de certeza, de construcción de proyectos viables de vida se cae".
José Manuel Valenzuela, investigador del Colef

Este trabajo busca comprender las dinámicas en las que ocurren las violencias contra las y los jóvenes y verbalizar su explicación. Para informar a detalle, se dividió el país en cinco regiones territoriales, y en cada una se analizaron los datos de desaparición y homicidio para las personas de 12 a 29 años en los últimos 17 años. Al principio ideamos entrevistar a un especialista por cada una de las cinco regiones mexicanas, sin embargo, varios de ellos nos decían que la criminalidad en el país estaba tan fragmentada, que no podían conocer de lo que sucedía en el estado vecino y, en ocasiones, ni siquiera en la ciudad contigua. Por eso se recogieron las voces de especialistas de 15 estados de la República. Así se logró una explicación de la violencia contra jóvenes en el país con un nivel de detalle periodístico hasta ahora inédito.

Los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas conforman la región en donde la juventud está en mayor riesgo de ser víctima de homicidio o desaparición, de acuerdo con un análisis de datos oficiales, entrevistas con expertos y testimonios recabados. En esta región, el 46% del total de las víctimas reportadas entre 2006 y 2022 para ambas violencias tenían entre 12 y 29 años, de acuerdo con el análisis hecho por la Unidad de Investigación y Datos de El Universal.

De los 47 mil 464 asesinatos ocurridos, el 40% fueron contra esta población. Y de los 43 mil 974 registros de desaparición, la mitad eran jóvenes.

El periodo más cruento contra las personas jóvenes de la región ocurrió de 2010 a 2012, de acuerdo con el análisis hecho por El Universal. En 2011, por ejemplo, la tasa de homicidios de jóvenes de 25 años alcanzó llegó a 104 por cada cien mil. Las desapariciones también registraron un primer pico en dicho periodo, pero desde 2019 sus tasas llegaron a sus máximos históricos y se concentran en adolescentes: personas de 13 a 17 años.

La zona tiene una historia reciente complicada. En Tamaulipas surgió la organización de los Zetas, considerada la más violenta por especialistas en seguridad. El caso es paradigma de lo que sucedió en todo el país, explica Andrés Sumano, investigador sobre niños y jóvenes en contextos de alta violencia y políticas públicas de seguridad, del Colef.

“Los grupos criminales comienzan a crear ejércitos privados porque cambian los acuerdos de protección” con los gobiernos, afirma Sumano. Así, los Zetas surgieron a partir del Cártel del Golfo.

En el recuento del académico, los ejércitos privados no sólo se enfrentaron entre ellos, sino con las Fuerzas Armadas en una política que “descabezó” las organizaciones criminales, por lo que los grupos se pulverizaron. Además, el mercado criminal se diversificó a otros negocios, como la extorsión. También tiene gran capacidad de fuego a causa de las armas que provienen de Estados Unidos.

“El peor escenario es donde hay alta competencia criminal y pocas capacidades del Estado para dar respuesta. Ahí vas a encontrar mucha violencia, que principalmente va a afectar a los jóvenes”, considera Sumano, quien entrevistó a jóvenes que fueron sicarios y ahora están privados de su libertad.

El crimen tiene muchos recursos para reclutar a las juventudes, al ofrecerles sueldos más altos que en espacios laborales legales. Quienes son reclutados en la región, lo son especialmente a través de familiares que ya están involucrados en las estructuras. Para el investigador es necesario que el Estado proporcione a los jóvenes en riesgo herramientas de terapia psicológica, además de opciones para la inserción laboral: estrategias focalizadas en quienes están más en riesgo.

En Nuevo León, la antropóloga Séverine Durin estudia cómo la guerra contra el narcotráfico ha afectado a las infancias y adolescencias en la región y generado una crisis de salud mental sin atender. Explica que existe una violencia estructural sobre la que otras violencias crecen: condiciones de vida difíciles y precarias que vuelven más vulnerable a la población a sufrir delitos, violencia familiar, sexual o feminicida, adicciones y huérfanos de personas que fueron asesinadas o desaparecidas sin justicia.

Nuevo León es el único estado de la región que reportó un incremento en homicidios desde el año 2020, de acuerdo con el análisis de datos hecho por la Unidad de Investigación y Datos de El Universal. Además, en 2022 tuvo la tasa más alta de desapariciones de mujeres jóvenes de todo el país, con 107 por cada cien mil.

“Hay nuevos mecanismos para el tráfico de personas”, considera la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesa), además de “un contexto en donde hay mucha violencia contra las mujeres, porque se les quiere cuidando niños, no yendo a la escuela y viviendo en condiciones muy precarias en las zonas de nearshoring. Mujeres adultas jóvenes en violencia de pareja, que muchas veces tienen que ir huyendo con sus niños”.

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En los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, que conforman la región noroeste del país, el 40% de las víctimas de homicidio y desaparición reportadas entre 2006 y 2022 eran jóvenes de 12 a 29 años.

De los 106 mil 272 asesinatos registrados, el 36% de las víctimas tenían este rango de edad. En el fenómeno de los desaparecidos la proporción de jóvenes es más alta: el 53% del total de 37 mil 171 registros.

La frontera de México con Estados Unidos tiene una extensión de tres mil 152 kilómetros. Es considerada como una de las más dinámicas del mundo, en cuanto a tránsito y comercio. En el primer trimestre de 2024, los estados fronterizos del norte sumaron 72 millones 19 mil 473 dólares en exportaciones de mercancías: el 56% del total de las exportaciones del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Pese al gran flujo de dinero, “las ciudades en la frontera están carentes de una serie de servicios de calidad y de oportunidades para que la gente tenga formas distintas de desarrollo personal”, dice Vicente Sánchez Munguia, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Desde el transporte o el drenaje, hasta espacios públicos para la recreación.

En ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez se concentran la mayoría de los homicidios y desapariciones de sus respectivos estados. “Casi desde su conformación, la frontera fue vista para cierto tipo de grupos al margen de la ley, e incluso por agentes corruptos del gobierno, como una oportunidad de hacer negocios lícitos e ilícitos, como un tema de oportunidad de tráfico”, señala Sánchez.

De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dados a conocer por el grupo de hacktivistas Guacamaya, algunas de las principales organizaciones que se disputan la región estratégica del noroeste, con sus diversas fracciones, son el Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Arellano Félix, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Nuevo Cártel de Juárez y el Cártel de los Beltrán Leyva.

“Hay un gran porcentaje de población joven en condiciones de pobreza, no reconocidas y tiene que ver con que el 60% de la población trabaja en la industria maquiladora”
Rosa Medina, investigadora del Colef

Las entidades de la frontera se convirtieron a partir de los años 60 en espacios industriales y de maquilas. “Hay un gran porcentaje de población joven en condiciones de pobreza, no reconocidas y tiene que ver con que el 60% de la población trabaja en la industria maquiladora”, analiza Rosa Medina, investigadora del Colef sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en Chihuahua.

Aunque en el conjunto de estados de la región noroeste las desapariciones están al alza en los últimos años, en Chihuahua ocurre una tendencia opuesta. El análisis de datos de este trabajo encontró que de 2013 a 2018 registró las tasas más altas de desapariciones de toda la región, pero después los registros bajaron drásticamente: en 2018 estaban en su máximo histórico con mil 447 nuevos registros de personas desaparecidas, en 2019 cayeron a 254 y en 2022 a sólo 34.

Rosa Medina expone con preocupación que esto se debe a que en el estado se reclasificaron los criterios sobre las desapariciones y no se están reportando a la Comisión Nacional de Búsqueda. “En Chihuahua no hay desapariciones formalmente. Presentan a las mujeres (y personas en general) como extraviadas. La única manera de evidenciar o de confirmar que hay una desaparición es porque hay una comisión de un delito. Si no, se presume que se fueron por su voluntad”.

“En el caso de Sinaloa, más fuerte que la pobreza es el problema de las diferencias culturales”, refiere Tomás Guevara, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. “Los jóvenes que son incorporados a los grupos del crimen organizado son fundamentalmente jóvenes lumpenizados que ven en las actividades ilícitas un proyecto de vida porque no ven otro, no tienen posibilidades de ver otra cosa porque se han movido en ese ambiente, hay toda una cultura alrededor de ellos que los va empujando”.

Guevara y Sánchez coinciden en que, para bajar la violencia, es necesario un cambio de mentalidad, ofrecer opciones laborales ante la movilidad y que los jóvenes tengan un proyecto de vida a largo plazo.

La región del occidente está conformada por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Querétaro. De 2006 a 2022, alrededor del 45% de las víctimas de homicidio y desaparición tenían entre 12 y 29 años, lo cual coloca a esta zona como una de las más peligrosas para los jóvenes.

En este periodo se reportaron cien mil 196 homicidios y 39% eran jóvenes. De los 62 mil 63 reportes de desaparición, en el 54% las víctimas tenían este rango de edad.

Una de las particularidades de la región occidente, es que en los años que los homicidios disminuyen, es notorio el aumento de las desapariciones y viceversa. Esto es claro en el periodo de 2012 a 2016. En 2014 se reportaron 82 desapariciones por cada cien mil jóvenes de 15 años. En el caso de los asesinatos, la tasa más alta fue de 21 homicidios por cada cien mil jóvenes.

El análisis muestra que las edades en que las personas con mayor riesgo de desaparecer son las mujeres de 13 a 17 años y los hombres de 15 en adelante.

Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana Campus León, documenta las violencias en Guanajuato, uno de los estados que ha encabezado los registros de homicidios y las desapariciones desde 2016. Explica que en las zonas más violentas del estado hay grupos criminales que comenzaron a empoderarse al trabajar con grupos de Zetas de Michoacán que se refugiaban en Guanajuato.

En los últimos años sostienen una disputa por la extracción ilegal de hidrocarburos, actividad que, tras su combate por parte del gobierno, se ha movido a otros negocios como la extorsión, los “narcolaboratorios” o el sicariato.

En el caso de las mujeres, desaparecen incluso más jóvenes, considera el investigador, lo cual coincide con el análisis de datos de este trabajo. Relaciona este problema con las redes de trata que se han detectado en la frontera de Guanajuato con Jalisco: en León, Guadalajara y Lagos de Moreno, donde también hay una dinámica de secuestro de jóvenes.

En la región también son importantes las dinámicas de violencia que ocurren en un nivel más micro, considera Lorusso: “personas que deben pequeñas sumas de dinero, humildes o vulnerables, que tienen algún problema de consumo de drogas como metanfetamina, marihuana, disputas locales, por ser amigos de alguien, o porque estaban en una fiesta”.

“Por eso se habla del juvenicidio, por ser jóvenes de barrios marginales y personas racializadas, o sea, identificadas por la misma policía que los revictimiza”, dice Lorusso. En Guanajuato, considera, la gran parte del universo de personas desaparecidas no tienen nada que ver directamente con los cárteles.

"La violencia, tanto estatal como criminal, es una forma de control de las vidas jóvenes, como vidas desechables. Hay una deshumanización o valoración menor de la vida".
Raúl Zepeda Gil, estudioso de la violencia y desigualdad

A la criminalización de la juventud y la impunidad sobre los crímenes en su contra se suman la corrupción y fallas en las investigaciones. “Un deber de la Fiscalía para unir casos y estudiar los micro contextos para la investigación”, una labor que realizan principalmente las familias de las víctimas de homicidio o desaparición”, dice Lorusso, quien ha acompañado a familiares de víctimas. Además, apunta que hay una discrepancia de los registros de desaparición entre las autoridades estatales y federales.

Por el contrario, las autoridades de seguridad pública que llevan al menos dos sexenios en el cargo en Guanajuato “han dejado crecer un fenómeno criminal gravísimo y dentro de esas instituciones policiacas o de procuración de justicia también hay personas que han violado derechos humanos; hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas comprobadas”, dice el investigador.

Rossana Reguillo complementa por separado: “una de las cuestiones más brutales (de las violencias) es porque estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Ser joven en este país parece ser un delito”.

Para la antropóloga, la desaparición de hombres jóvenes en Jalisco tiene que ver con tres elementos centrales: el reclutamiento para engrosar filas de sicarios del crimen organizado, el trabajo forzado en laboratorios de drogas sintéticas o en la recolección en el campo, y por equivocación, al confundirlos con un grupo delictivo contrario.

“La tasa de escolaridad, el trabajo precario y la presencia de mercados ilegales se combinan como factores explicativos de los jóvenes en el crimen organizado”, señala Raúl Zepeda GIl, sociólogo que estudia fenómenos de reclutamiento y la desigualdad en Michoacán. “Historias de vida de gente en condiciones de precariedad, quienes terminan en estas organizaciones porque son reclutados”, a veces por invitación amistosa en las urbes o forzada en el mundo rural.

Para Zepeda Gil, “la violencia, tanto estatal como criminal, es una forma de control de las vidas jóvenes, como vidas desechables” fácilmente. “Hay una deshumanización o valoración menor de la vida”.

Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala conforman la región centro del país. Estados en donde el 43% de los homicidios y desapariciones de 2006 a 2022 fueron en contra de jóvenes entre 12 y 29 años. En 17 años se reportaron 121 mil asesinatos; el 37% de las víctimas eran jóvenes. Y de los 58 mil 742 registros totales de desaparecidos, el 56% era de este grupo de edad.

En la zona centro, las desapariciones de mujeres jóvenes superan por mucho a las de hombres desde 2013. Seis de cada diez desapariciones son mujeres jóvenes de 2006 a 2022.

Javiera Donoso Jiménez, doctora en Investigación en Ciencias Sociales, ha estudiado la problemática de las desapariciones y considera que las niñas y adolescentes son más vulnerables ante este delito, y la violencia de género es la razón principal de la desaparición de las mujeres.

“Lo que encontramos en el Estado de México, por ejemplo, fue que en realidad la razón de la desaparición de las mujeres está directamente vinculada a la muerte de ellas”, explica Donoso. En su investigación, Javiera demuestra que las mujeres desaparecen en horarios laborales y de escuela; la mayoría a la luz del día y los agresores actúan de imprevisto.

De acuerdo con Donoso, es necesario que al momento de una desaparición se detonen búsquedas inmediatas, se evite criminalizar a las víctimas y se acorten los procesos de búsqueda. La inversión en infraestructura urbana es importante, ya que reutilizar los espacios públicos es parte de la prevención del delito.

“Lo que encontramos en el Estado de México, por ejemplo, fue que en realidad la razón de la desaparición de las mujeres está directamente vinculada a la muerte de ellas”
Javiera Donoso Jiménez, doctora en Ciencias Sociales

Una vez célebre por su eterna primavera, el estado de Morelos “ha sido abandonado por el gobierno”, dice Medardo Tapia Uribe, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, Morelos alcanzó los primeros lugares en las tasas de homicidio a nivel nacional. La principal explicación de la inseguridad es que “el crimen organizado ha logrado cooptar a diversos representantes políticos para gobernar de facto”, sostiene Tapia.

En 2024, Morelos ocupó el último lugar del país en “ausencia de corrupción”, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. El propio gobernador fue acusado en abril de 2022 por la Fiscalía Anticorrupción local por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito. En ese año, el fiscal del estado, Uriel Carmona, fue detenido, y en 2023 el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa, fue denunciado penalmente.

De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los grandes grupos criminales identificados en la entidad en 2018 son La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Rojos.

Medardo Tapia, estudioso de la prevención de la violencia y las juventudes, buscó entender por qué México es uno de los países con mayor violencia escolar en el mundo. “Lo encontré vinculado al acoso de la delincuencia organizada para el acceso y consumo de drogas y para su incorporación a estos grupos”, explica.

Para expandirse, el crimen va por los jóvenes: son “carne de cañón”, pues “mueren rápido, no viven”, dice Tapia.

También en Guerrero “el crimen ha logrado insertarse en las arcas públicas”, ha sometido a policías y abundan los cacicazgos políticos de líderes criminales, dice Rosa Isela Robles Jiménez, integrante del Centro de Estudios sobre las Infancias y Juventudes en Guerrero (Geijgro), organización que genera información para visibilizar cómo el contexto afecta a los jóvenes y el desarrollo de sus vidas.

Guerrero comparte dinámicas de violencia con Morelos. Son un corredor. Una de ellas, la forma de reclutamiento: “jóvenes que están inmersos en ese ambiente de pronto se insertan en espacios escolares, de secundarias, primarias”, concuerda Robles. A través de invitaciones amistosas, “agarran a los jóvenes más vulnerables que han vivido pobreza, violencia en su casa que los ha desarticulado de su familia”.

Robles sostiene que la violencia que viven los jóvenes es estructural y se remonta a la década de los 60, cuando el gobierno intentó eliminar las células comunistas. También tienen pocas oportunidades de incidir en la política y el empleo es principalmente informal. “Cada vez es más complicado que un joven pueda hacer un desarrollo de su vida de manera normal, eso impacta en las decisiones que ellos toman”, explica Robles Jiménez.

La región sur-sureste está conformada por los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El 44% de los asesinatos y registros de desaparición de 2006 a 2022 fueron víctimas de entre 12 y 29 años.

En este periodo ocurrieron 49 mil 373 homicidios, de los cuales el 38% eran jóvenes. De los 31 mil 232 registros de desapariciones, 60% también tenían entre 12 y 29 años.

La tasa de desaparición de personas jóvenes en el sur-sureste superó la de la población total en 2006, como ocurrió en todas las demás regiones del país. En ese año estaba en una por cada cien mil jóvenes y creció hasta alcanzar su máximo histórico en 2022, último año del registro, con 25 por cada cien mil. Quienes más desaparecen son jóvenes de 12 a 18 años.

Fue hasta 2015 que la tasa de homicidios de personas jóvenes en el sureste del país superó la tasa de la población en general y la situación no se ha revertido. Es decir, a partir de ese año la región se volvió más peligrosa para las y los jóvenes: los asesinatos se concentran en personas de 20 a 27 años. Crecieron de 2017 a 2020, y 2019, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue el año más violento para la región, con 21 asesinatos por cada cien mil personas jóvenes.

Chiapas, estado que ocupa casi el 60% de la frontera sur, es mercado legal e ilegal: drogas, armas y hasta tráfico de personas, explica Jennifer Haza Gutiérrez, integrante de Melel Xojobal, organización que acompaña a infancias y jóvenes en la defensa de sus derechos humanos y construcción de paz.

La escalada de violencia desde 2015 está asociada con la presencia de grupos que las organizaciones de derechos humanos entrevistadas llaman “sucesores del paramilitarismo”, relacionados con cacicazgos históricos y los grupos paramilitares que fueron formados por el Estado ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la década de los 90. A esta espiral de violencia se sumó la disputa abierta entre dos grandes cárteles a partir de 2021: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para Mario Ortega, integrante del Fray Bartolomé de las Casas CDH, Chiapas está en guerra y su estrategia no sólo es el control del territorio, sino aislar a la población, controlar su movilidad y vida cotidiana. “Muchas desapariciones o agresiones ocurren en el ejercicio de movilidad: hay retenes, revisiones constantes, para ir de un territorio que controla un grupo a otro”, explica.

En el sur-sureste del país, seis de cada diez registros de desapariciones de personas jóvenes son mujeres. En Chiapas destaca que la tasa de desaparición de mujeres jóvenes es de 36 por cada cien mil, la cual supera la nacional de 29 por cada cien mil. Las mujeres que más desaparecen tienen de 14 a 16 años, calcula Haza.

Para Mario Ortega, las desapariciones de mujeres podrían estar relacionadas a la trata y a la violencia feminicida, fenómenos que considera invisibilizados en los registros oficiales, pero sí pueden ser observados en los registros de la prensa. “No hay interés del propio Estado por investigar la dinámica, los patrones”.

“Deberíamos tener mecanismos de atención psicológica para detectarlos a tiempo. Tenemos que ir cimentando otro imaginario en nuestros adolescentes y jóvenes”
Mónica Franco, investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Cancún

En Quintana Roo, la investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género Mónica Franco Muñoz considera importante acotar que, si bien la mayoría de las mujeres jóvenes que desaparecen son encontradas, son varias las violencias que viven antes de una desaparición. Un factor importante corresponde a los hogares expulsores a causa de la violencia familiar.

Este paradisiaco destino internacional registró en 2022 las tasas más altas de homicidios y desapariciones de personas jóvenes en la región. Las violencias están principalmente asociadas con fenómenos micro: disputas entre bandas locales de tráfico de drogas y su consumo, considera Franco.

“Las violencias no son sólo por el tema económico, nuestras juventudes están rebasadas”, dice Mónica Franco, quien relaciona el incremento del suicidio a nivel nacional con la situación de desesperanza que atraviesa la juventud. “Deberíamos tener mecanismos de atención psicológica para detectarlos a tiempo. Tenemos que ir cimentando otro imaginario en nuestros adolescentes y jóvenes”, considera Franco.

En Veracruz, estado de la región con uno de los mayores incrementos en desapariciones en la última década, actualmente se registran 41 por cada cien mil. Explica que la juventud está atrapada en un triángulo de vulnerabilidad: la delincuencia organizada, el trabajo precario o su carencia, y la criminalización y acoso policiacos. “Los jóvenes se ven atacados por todos los flancos”, dice Víctor Andrade, estudioso de la violencia de la Universidad Veracruzana.

El incremento sin precedentes de la violencia en el estado ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte, cuando los Zetas cobraron fuerza, se apropiaron de policías, y asentaron métodos de extrema crueldad para generar miedo.

“No hay oportunidades de empleo, la tasa de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan es de 23%. Y el 60% está en trabajo informal”, refiere.

Los recursos naturales como el petróleo y nuevos proyectos de infraestructura como el Tren Interoceánico son asediados por la criminalidad. “Es un verdadero coctel lo que se tiene en Veracruz. Y como siempre, los jóvenes son la carne de cañón. Estamos asistiendo a un juvenicidio, una ejecución sistemática de jóvenes”, expone Andrade.

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