El riesgo de morir o desaparecer siendo joven en México escaló en los últimos años. Las tasas de homicidios y desaparición de jóvenes se dispararon a nivel nacional entre 2006 y 2022. Por cada cien mil personas asesinadas o desaparecidas, la tasa de jóvenes siempre es superior a la tasa nacional que incluye a todas las edades.

De acuerdo con un análisis hecho por el equipo de Investigación y Datos de El Universal, en 2006 había 10 asesinatos por cada cien mil personas de 12 a 29 años en todo el país. Para 2022, la tasa creció a 28 por cada cien mil. En el caso de las desapariciones, el aumento es aún mayor: en 2006 se encontraba en una por cada cien mil jóvenes, y en 2022 se situó en 29.

La mayor parte de los registros de desapariciones de jóvenes corresponde a mujeres. En 2013, la tasa de desapariciones de mujeres de 12 a 29 años superó significativamente a la de los hombres de esta misma edad, al llegar a 32 por cada cien mil mujeres jóvenes, y 22 por cada cien mil hombres jóvenes.

En números absolutos, más de 400 mil personas de todas las edades fueron asesinadas de 2006 a 2022 en México, y se registró la desaparición de más de 200 mil. Cuatro de cada diez víctimas de asesinato o desaparición eran jóvenes de 12 a 29 años. Es decir, todos los días asesinaron, en promedio, a 26 jóvenes y 20 desaparecieron.

Los datos presentados a lo largo de este trabajo surgen de un análisis de las bases de datos de homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), proyecciones de la población de México y de las entidades federativas del Consejo Nacional de Población (Conapo), así como una descarga del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), realizada por MORLAN, una consultora de análisis de datos.

En el Registro, el gobierno mexicano asegura que el 65% de las personas registradas originalmente como desaparecidas, eventualmente fueron halladas con o sin vida. Sin embargo, en este trabajo periodístico se contabiliza a toda persona que haya entrado al registro debido a las recientes publicaciones periodísticas que documentan inconsistencias en el registro gubernamental de personas encontradas. El registro no considera si las personas desaparecidas fueron localizadas. La descarga de los datos se realizó en diciembre de 2023.

El cuerpo de Francisco Javier Mosqueda Rosas, de 27 años, fue encontrado por su madre Juana Rosas en una fosa clandestina junto con otros casi 90 cadáveres de jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, en noviembre de 2020. La inhumación ilegal más grande reconocida oficialmente en la historia del estado, donde se han registrado algunas de las más altas tasas de homicidios y desapariciones en la última década.

Paco, como le decían, soñaba con tener su propio negocio, recuerda Juana, quien abre las puertas de su casa para esta entrevista en Salvatierra, una ciudad con historia independentista, hoy capturada por la violencia.

“Desde chico era muy traviesito y empezó a trabajar. Lo que él tenía ganas de comprar y no podíamos dárselo, lo adquiría embolsando (en el supermercado). Nos hacía reír a todos. ¡Nos hacía unas bromas! Cuando eran fiestas de la familia, a él le gustaba cantar”, comparte Juana.

Pero un día, la alegría se apagó. Paco desarrolló una depresión severa tras su divorcio. “Después, con la separación de mi esposo y yo, peor. Pues empecé a notar que empezó a consumir (drogas); más triste cada día”.

Con los medios que tenían a su alcance, ella y el padre de Paco intentaron que se recuperara, por lo que hicieron que ingresara a un “anexo”, como se le conoce a los lugares donde se interna a personas con adicciones, no siempre en las mejores condiciones.

Un día, Paco llegó preocupado y se comunicó con su padre, a quien le pidió que le prestara cinco mil pesos. “Es que debo una lana y si no, pues tú sabes”, dijo el joven.

Tras una discusión con su padre, quien le pidió volver a “anexarse”, Paco salió de su casa. Era el 29 de febrero de 2020. “Lo vi que se fue caminando con su cabeza agachada”, recuerda su madre. Cuando su hijo no volvió en días, preguntó a familia y amigos, pero nadie tenía pistas, por lo que levantó una denuncia de desaparición. “Ahí es donde empieza mi agonía”, dice la señora que trabaja de enfermera en un hospital.

Sin avances en la investigación durante meses, Juana decidió buscar a su hijo ella misma. Primero, con temor, contactó a Angélica Almanza, del colectivo de mujeres buscadoras “Ángeles de pie por ti”. Personas de la comunidad les refirieron que escuchaban gritos y lamentos en un predio cerca del histórico Puente de Batanes, famoso por ser el sitio donde Agustín de Iturbide ganó una batalla independentista en 1813.

Recuerda los olores, los escalofríos y la tristeza que sentía en el sitio de la búsqueda, el día en que comenzaron a hallar los cuerpos. “Había hasta un niño de 14 años”, rememora mientras describe artefactos de tortura que fueron encontrados en el predio.

Aunque el colectivo iba acompañado por diversas autoridades, faltaban muchas manos y recursos. Palas, picos, varillas, cubetas para la tierra, armeros para colar la arena y “buscar huesitos” fueron algunas de las herramientas que las buscadoras compraron con su propio dinero.

El Ministerio Público y una prueba de ADN confirmaron que uno de los cuerpos hallados correspondía a las características de su hijo. Juana aún sufre imaginando sus últimas horas de vida. Tiempo después del hallazgo, el padre de Paco fue asesinado, presuntamente a consecuencia de un intento de extorsión. “Mi vida se apagó”, comparte.

Actualmente, ella sostiene dos luchas: una contra el cáncer de tiroides y otra junto a las integrantes del colectivo para convertir el predio del hallazgo en un sitio de memoria, lo cual dignificaría el espacio, daría tranquilidad a las familias y visibilizaría la dimensión de la violencia contra las y los jóvenes en Salvatierra. Además, denuncian que el terreno sigue siendo utilizado para fines delictivos.

Buscan que el gobierno compre este predio, que tiene un valor de 700 mil pesos, lo cual es referido por las autoridades como una limitante. El colectivo argumenta que es viable adquirirlo a través de una permuta. Lo que realmente falta es “voluntad política, que el gobierno de Diego Sinhué acepte que hay fosas en el estado”, dice la activista Angélica Almanza sobre el gobernador.

En tiempos recientes, Salvatierra fue noticia internacional debido a la masacre de 12 jóvenes que celebraban una posada en una hacienda a orillas de la ciudad, construida en el siglo XVII. “Era de esperarse que esto sucediera”, reflexiona Almanza, pues es el resultado de años de violencia contra la juventud.

Tanto Juana, como Angélica, tenían sobrinos que fueron asesinados en la hacienda ese diciembre de 2023. En la comunidad de Salvatierra, es usual conocer a personas jóvenes que han sido víctimas de homicidio o desaparición.

Tras la última masacre, la violencia se ha recrudecido en la ciudad. “Es como si se hubiera dado un permiso para matar”, reclama Almanza.

La investigación está detenida, y las y los sobrevivientes y sus familias viven afectaciones a su salud mental y miedo a que quienes sobrevivieron sean acechados por los perpetradores del crimen.

En esta ciudad rica en historia hace falta memoria.

En Salvatierra, donde una vez caminó la independencia de México, las mujeres están salvando la tierra, y la memoria de sus muertos y desaparecidos.

Dos veces ha pensado Fabiola Barrios que está a punto de encontrar a su hija Susana Vanessa Cruz Barrios, quien desapareció a unas cuadras de su casa en Jojutla, Morelos, mientras se celebraba un carnaval el primer día del 2022. A los 21 años, Susana era madre de un bebé de cuatro meses.

“Si me pega, me descuartiza o me mata, lo que me haga, tú intenta ser feliz. Sigue tu vida siempre con una sonrisa”, le dijo Susana a su madre unas horas antes de su desaparición. Por varios años, la joven había sido víctima de violencia por parte de su pareja, papá de su hijo.

“Yo como madre, que nunca le había pegado, ver que me llegara en la madrugada golpeada”, su voz se quiebra durante la entrevista. “Decía: no, cómo que alguien me la va a maltratar. Llegaba de ‘mamá, ahora me arrastró mi suegro, ahora fue su hermano’. Todo el tiempo alguien la golpeaba ya”.

A causa de una precaria y tardía investigación oficial, la sospecha de que su yerno sea el responsable no es la única hipótesis sobre la desaparición de su hija. Fabiola piensa que también pudo haber sido víctima de trata de personas a raíz de una investigación realizada por ella misma, como lo hacen miles de madres en este país.

Esta historia es un compendio de omisiones en la investigación y procuración de justicia, de autoridades machistas y de criminalización en el estado con la tercera tasa más alta de desaparición de mujeres jóvenes, con 89 por cada cien mil en 2022. De 2015 a 2022, Morelos se situó entre las cinco entidades con las tasas más altas de feminicidios.

Aún se encontraban celebrando el año nuevo en casa de Fabiola, cuando Susana y su pareja discutieron. Él salió con el bebé y no volvió hasta la noche. En el intermedio ocurrió la desaparición de Susana, quien en algún momento del carnaval salió a ver a los “chinelos”, bailarines tradicionales de Morelos.

“La vi que estaba con un vecino que yo considero peligroso”, dice Fabiola sobre la última vez que vio a su hija. Fue a buscarla a casa de este hombre, quien sólo le refirió que “se fue caminando sola”. Las autoridades le dijeron que tenía que esperar 72 horas para el reporte de desaparición, pero ella adelantó la búsqueda por su parte.

Un vecino le informó que había visto a su hija en un punto de la salida a Tlahuapan, con dos hombres. Fabiola recordó que ahí hay una fábrica de concreto que tiene cámaras, por lo que confiada en que podría tener pista de su hija, llevó los avances de su investigación a la Fiscalía. Pero ésta tardó siete meses en solicitar las grabaciones, por lo que el archivo del día de la desaparición ya se había borrado.

“Yo confié ciegamente en las autoridades, estaba desde un principio segura de que iba a encontrar a mi hija rápido y que me iban a ayudar. Yo decía, cuándo van a salir a buscarla”, reclama.

La Fiscalía no sólo tardó siete meses en investigar porque “había gente que había llegado antes”, sino que criminalizó a Susana cuando su madre compartió que en algún momento de su adolescencia había consumido marihuana.

“Posiblemente a su hija le quedó grande el paquete” de tener un hijo, le dijo el Ministerio Público. “Yo creo que ya se fue de traficante y anda en malos pasos. Por eso es que dejó a su hijo”, cuenta Fabiola. “En vez de que digan: no aparece una mamá, una hija, están cuestionando qué tan buena o mala madre es”.

Por el contrario, su bebé Adolfo Emiliano lo era todo para Susana. “Ella en verdad deseaba a su hijo. Era un amor desvivido. Apenas lloraba y ya estaba su mamá ahí, jugando con él. Era como una niña con un niñito. ‘Ve cómo huele, mamá’, me decía”, recuerda.

Inicialmente, Fabiola dijo al Ministerio Público que el principal sospechoso para ella era la pareja de su hija, por el antecedente de violencia. Entonces las autoridades dijeron que lo iban a llamar, “pero sólo le preguntaron si él había tenido algo qué ver con su desaparición, y dijo que no”. No investigaron más. También normalizaron que la fábrica de concreto donde presuntamente fue vista Susana por última vez, Cobasa, no entregara los videos. “Si tienen las grabaciones y pasó algo no quieren dar la grabación para no verse involucrados”, le dijeron a Fabiola.

A los nueve meses de la desaparición, sin ningún avance en la investigación, una amiga de su hija llamó a Fabiola. Le dijo que estaba viendo a Susana en ese momento afuera de una unidad habitacional en el municipio de Xochitepec, en Morelos, acompañada de dos hombres, luego la subieron a un carro blanco.

De inmediato, Fabiola pidió apoyo a la Fiscalía. Le dijeron que no podían asistir con ella a buscarla porque ese lugar era un “foco rojo” de trata de mujeres.

“Le recomiendo que no se meta ahí porque le puede pasar algo. ¿Cómo es posible, si ustedes son la autoridad?”, respondió la madre.

Fabiola fue al complejo habitacional a hacer “búsquedas en vida”, a pegar la ficha de desaparición de su hija y a hablar con los vecinos. Pidió a la Fiscalía revisar cámaras del centro de vigilancia C5 que estaban en ese sitio, pero no servían. A los 11 meses de la desaparición, una llamada anónima reportó que a Susana se la llevaban todos los días en un carro blanco, hombres con las mismas características que anteriormente le habían referido. Fue hasta entonces que la Fiscalía realizó un cateo.

Susana no apareció, pero sí hallaron a una joven que tenía un año desaparecida. “Me dijeron que gracias a mi investigación la habían encontrado y sólo me dieron la foto de la chica de recuerdo”, a Fabiola se le quiebra la voz. No investigaron más al respecto.

Este año, la Comisión de Búsqueda de Morelos recibió una llamada anónima con información de que Susana había sido vista en Tijuana en situación de calle. Pero no se trataba de ella, sino de una joven que se parecía. “Ahí es cuando me vine abajo. Se siente como que la vida está jugando contigo. Que ya la voy a encontrar, y no”.

Fabiola ha intentado cambiar la carpeta de investigación al delito de trata, “pero me citan leyes de que se tiene que cumplir tal y tal característica”, reclama.

Los colectivos Unión de Familias Resilientes de Morelos y Regresando a Casa Morelos solicitan investigaciones con perspectivas de género, apoyo y seguridad en el rastreo de fosas clandestinas, exhumaciones e identificación humana, y que se haga caso a sus denuncias sobre la participación de redes de trata de personas vinculadas a la desaparición de mujeres.

“Era mi niña con la que más platicaba”, dice la madre de Susana. “En algún momento no fui nada más su mamá, sino su amiga. Me contaba cada cosa que le pasaba. A veces al recordar esas últimas palabras que tuve de mi hija, intento ser feliz”, Fabiola termina esta conversación para regresar a cuidar a su nieto Emiliano.

Del total de jóvenes asesinados en el país del 2006 al 2022, el rango en mayor riesgo comprende de los 18 a los 29 años, aunque los casos se acumulan notablemente a partir de los 15 años. Las desapariciones se concentran en un rango aún menor: adolescentes de 13 a 18 años.

En este trabajo se realizó un análisis nacional que toma en cuenta las diferencias estadísticas en todo el territorio, por lo que el país se dividió en cinco regiones: Centro, Noreste, Noroeste, Occidente y Sur-Sureste, de acuerdo con la clasificación establecida por el gobierno federal en 2013 para la implementación de la estrategia de seguridad. Los datos fueron contrastados con la visión de especialistas de cada región.

De 2006 a 2022, en todas las regiones del país el riesgo de ser víctima de desaparición fue más alto para los jóvenes de entre 12 y 29 años que para la población de todas las edades. Por su parte, la violencia homicida presentó variaciones en el periodo de análisis, como se observa en el gráfico.

Un total de 17 personas especialistas en violencia y juventudes de cada región del país, entrevistadas para este trabajo, coinciden en que el detonante del incremento de las violencias contra la juventud fue la llamada “Guerra contra el narco”, cuyo origen está en una política prohibicionista.

Sin embargo, concuerdan en que el crimen organizado no es el principal enemigo a vencer, sino la violencia estructural que precariza a la juventud.

Si bien, cada entidad federativa tiene dinámicas particulares, los principales factores que vuelven a la juventud mexicana más vulnerable ante la violencia o a ser cooptada por el crimen son la falta de trabajo digno, educación y la falta de proyectos de vida a causa del estancamiento económico y la desigualdad, la desatención de la salud mental, otros problemas de salud como las adicciones y la incapacidad del Estado para tratarlas, la violencia familiar, la criminalización social y de las autoridades, la corrupción y la impunidad.

A nivel nacional, el promedio de escolaridad en el censo 2020 del INEGI fue de 9.7. “Eso quiere decir que prácticamente todos los jóvenes en México terminan la secundaria, llegan a la preparatoria y se salen”, comenta el sociólogo Raúl Zepeda Gil, quien a través de una investigación con jóvenes privados de la libertad por delitos violentos, encontró que los jóvenes reclutados por el crimen organizado son aquellos que escapan de la precariedad laboral.

“En México no tenemos una discusión de trabajo precario, apenas si avanzamos el tema de horas de trabajo y salario mínimo, que yo creo que vamos a una buena dirección, pero no es lo único, falta movilidad social, acceso a vivienda, a todos los derechos sociales”, reflexiona Zepeda, estudioso del nexo entre las desigualdades socioeconómicas y conflictos en Latinoamérica, y actualmente profesor de la Universidad de Oxford.

El porcentaje nacional de personas jóvenes en situación de pobreza fue de 40% en 2022, de acuerdo con el Coneval. Esta condición implica el rezago educativo, el acceso a la salud y a la alimentación, entre otras variables, frecuentemente señaladas por las y los especialistas consultados como factores de precarización.

Zepeda señala que el programa federal “Jóvenes construyendo el futuro”, la gran apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los jóvenes no tomen el camino criminal, está orientado al primer empleo, y no es la política necesaria contra la violencia, sino la formalización del trabajo y mayores salarios.

Comenta la necesidad de modificar el mercado laboral vinculándolo con incentivos para terminar la preparatoria, pues actualmente “tres años más de escolaridad después de la secundaria sirven para nada el mercado laboral”.

Para las juventudes también es difícil acceder a la salud mental. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, la tasa de suicidio nacional aumentó de 5.3 por cada cien mil personas en 2017, a 6.3 en 2022, y en este último año la mayor incidencia fue entre los 25 y 29 años.

El problema no sólo contempla la depresión, sino el sufrimiento social: “los estragos de la guerra contra el narcotráfico a nivel psicológico no han sido atendidos porque no hay capacidad institucional, no es prioridad. Son poblaciones que no están siendo atendidas, no hay infraestructura suficiente para la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que hay en este país”, explica Séverine Durin, quien ha trabajado con jóvenes en Nuevo León.

Otra problemática de salud que se agrava en contextos precarizados es la casi inexistencia de clínicas públicas para atender adicciones, lo cual puede ocasionar que jóvenes ingresen a “anexos” en los cuales no son tratados adecuadamente. Los especialistas en juventud y violencia también describen un sistema de acoso por parte del crimen y “enganche” para ser reclutados o para acumular deudas.

Este fenómeno está relacionado con dinámicas de violencia a nivel micro: desde ser asesinados o desaparecidos por pequeñas deudas, o ser víctimas secundarias por estar cerca de un espacio de consumo, a comprarle droga a una banda que no es del territorio, hasta ser violentados al dedicarse al microtráfico.

El asedio contra la juventud también lo cometen las autoridades y policías que criminalizan y propician la falta de investigación e impunidad. “Existe una violencia institucional que niega su condición de víctimas, les estigmatiza y convierte en el ‘algo andaban'”, acusa la antropóloga Rossana Reguillo.

Sobre las altas tasas de desaparición de mujeres jóvenes, especialistas a lo largo del país coinciden con que, principalmente, estás relacionadas con la violencia de género, feminicida, familiar y la trata de personas.