Los cárteles mexicanos han tendido sus redes de intereses en el país sudamericano para asegurar los envíos de cocaína a Norteamérica y Europa principalmente. Los gobiernos colombiano y británico y la HSI, la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, han venido siguiéndoles la pista.
Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter: “La Colombia profunda está en Fontibón, donde los cárteles mexicanos se están tomando el territorio”. Era 28 de agosto de 2020. El entonces senador de Colombia y ahora presidente de esa nación se refería a una de las localidades de Bogotá, la capital del país.
Al siguiente año una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió una “mexicanización de la zona”. El organismo responsable de la defensa de los derechos humanos en Colombia explicó en el documento que Fortibón es un enclave estratégico por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de El Dorado, y que la presencia de “organizaciones criminales procedentes de México” obedece al “alto interés en la salida de droga por el puerto aéreo de la capital colombiana”.
Las indagatorias oficiales muestran que los cárteles mexicanos, principalmente los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se mueven por las costas serpenteantes del Caribe, entre Colombia y Venezuela, y por las playas del Pácifico colombiano y ecuatoriano. Su presencia, más que territorial, es estratégica, coinciden especialistas consultados. Por ejemplo, el colombiano Francisco Javier Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que, a diferencia de México, en Colombia no operan con fuertes grupos de personas armadas.
“Están más como emisarios que envían desde México para hacer un seguimiento a toda la cadena de producción, procesamiento y circulación de la hoja de coca”, analiza.
Raúl Benítez Manaut, investigador especializado en seguridad nacional y crimen organizado en México y Estados Unidos, coincide con la idea y expone que la fortaleza de los cárteles mexicanos está sobre todo en el paso final de la cadena de cocaína: el control del acceso a los Estados Unidos.
Incluso, en una entrevista para periodistas que colaboran en este proyecto llamado #NarcoFiles: el nuevo orden criminal, el exdirector de la policía nacional y exvicepresidente de Colombia (2017-2018), general Óscar Naranjo, va un poco más allá y afirma que los mexicanos han crecido en poder en la región y son los grandes supervisores: “direccionan a los narcotraficantes colombianos en función de una demanda. Ellos piden producto y en función de asegurar la producción para satisfacer sus demandas y compromisos a gran escala y tener las garantías para que esa cocaína les llegue; entonces desplazaron una especie de controladores, de supervisores ya en el territorio colombiano”.
El Universal, junto con otros 31 medios del mundo, tuvo acceso a la filtración que realizó el grupo hacktivista Guacamaya tras infiltrar los servidores de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el proyecto mencionado liderado por OCCRP, con el apoyo del CLIP. Un total de 13.6 millones de correos electrónicos con informes, fichas técnicas, reportes de intervenciones telefónicas y otros documentos. Esto ha permitido identificar para este reportaje tres historias que muestran la presencia de los cárteles mexicanos en el país sudamericano: cómo hacen negocios, con quiénes se relacionan y cómo desarrollan su operaciones diarias, a veces minuto a minuto.
Un investigador policial ubicado en Cali abrió un documento de word en su computadora y comenzó a escribir un reporte para su superior jerárquico. Narró lo que había platicado un día antes, el 9 de marzo de 2021, con un par de integrantes de la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y con “fuentes humanas”.
Le confiaron que había un grupo criminal dirigido por Danilo Santos Pantoja, alias El Grande o alias Pocillo, un exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC- EP), que formaba parte de las estructuras conformadas por la Nueva Marquetalia, es decir, excombatientes de las FARC que regresaron las armas tras los acuerdos de paz en ese país, y que las autoridades colombianas califican como una organización criminal.
“Los Pocillos”–el grupo lleva el mote del líder–, le contaron los agentes de la DEA, estarían trabajando con el Cártel de Sinaloa para producir y traficar 15 toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína.
Avances de las indagatorias aseguran que el grupo criminal colombiano está involucrado en varias etapas de la cadena criminal: el financiamiento de cultivos de hoja de coca en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, el procesamiento de la planta, el transporte fluvial y terrestre desde la zona montañosa hasta el litoral Pacífico y el equipamiento y construcción de lanchas rápidas y semisumergibles para mover droga a Centroamérica y México.
Agentes de la DEA piden a funcionarios policiales colombianos que se intercepte el número de teléfono del líder de la organización: Danilo Santos Pantoja, alias Pocillo.
Imagen: NarcoFiles
El agente colombiano en Cali también asentó en el documento que la relación del Cártel de Sinaloa con grupos armados dedicados al tráfico de cocaína no es algo nuevo. En 2019, escribió, estuvo en Colombia José Rodrígo Aréchiga Gamboa, mejor conocido con el alias de El Chino Ántrax, fundador de la célula de Los Ántrax, uno de los brazos armados más conocidos del Cártel de Sinaloa, en particular de la facción que comanda Ismael Zambada, alias El Mayo o alias El Quinto Mes.
“El Chino Ántrax realizó entrenamientos y entregó las políticas (sic) a trabajar con el cártel de Sinaloa” escribió el investigador.
El agente cerró el documento con la solicitud de autorización para iniciar una investigación criminal. Después, la indagatoria comenzó.
Otro documento de la Fiscalía colombiana refiere que “se ha comprobado una relación de negocios que mantiene (el Clan del Golfo) con el Cártel de Sinaloa a través de su máximo líder luego de la captura del Chapo Guzmán, Ismael, El Mayo Zambada”.
Y que el Clan del Golfo, cuando todavía estaba al frente Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel (detenido en octubre de 2021 y extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2022), les brindaba “seguridad a los mexicanos cuando vienen a Colombia y, además, son sus grandes socios quienes, inclusive, controlan cultivos de coca en el Urabá, Valle del Cauca, Cauca, Tumaco y Putumayo”.
Entrevistas realizadas a habitantes de la región del Catatumbo, Norte de Santander, al noreste de Colombia, por reporteros de este proyecto #NarcoFiles, ubican la presencia del Cártel de Sinaloa en esta zona fronteriza con Venezuela, ahí donde también se localiza Tibú, el municipio que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubicó como el mayor producción de hoja de coca de Colombia en un reporte del año pasado.
Crédito: Liliana Pedraza
Alejandro, alias El Güero, un mexicano nacido en 1971 en Tepatitlán, Jalisco, caminó por los pasillos del aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, Colombia, llegó a la aduana y presentó su pasaporte. El agente selló el documento, registró la entrada y le permitió el acceso al país. Era el cuatro de marzo de 2021. La visita duraría ocho días.
Era, sin duda, un viajero internacional. En octubre de 2020 había visitado Costa Rica y dos meses más tarde se internó en la República Dominicana.
Alias El Güero llegó a Bogotá para aceitar sus relaciones de negocios turbios. Tenía agendada una cena en un restaurante en el prestigioso barrio de Usaquén.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia y los servicios de inteligencia de la embajada británica en ese país lo identificaron como un operador financiero de actividades delictivas en Sudamérica que responde a “cárteles mexicanos”. Los datos se asientan en una indagatoria que lleva por nombre clave Cooper.
En el seguimiento del caso por parte de la Fiscalía se confirmó que El Güero acudió al restaurante acompañado de dos personas más, la misma información que tenían las autoridades británicas. El primero, un colombiano de nombre Julio Andrés Monroy, alias Compi, piloto aviador que hace el rol de enlace con mexicanos y “contactos criminales en Colombia para coordinar los envíos de estupefacientes”. El segundo, según afirmaron investigadores británicos, era un presunto “hijo de uno de ‘Los Cuinis’”. Grupo que de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos es liderado por la familia de Rosalinda González, la primera esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Captura del video que revisaron autoridades colombianas de la reunión que sostuvieron narcos mexicanos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y criminales colombianos en un restaurante de Bogotá en marzo del 2021.
Foto: NarcoFiles.
Con el paso de los meses, la investigación oficial demostró que la célula delictiva dedicada al tráfico de cocaína a través de Panamá y Costa Rica usaba lanchas rápidas y recibía recursos desde México a través de correos humanos y de un paquete de 500 tarjetas prepagadas con las que retiraban dinero de los cajeros de Bancolombia.
El trabajo oficial logró que parte de este grupo fuera desmembrado en agosto del año pasado, luego de un fallido traslado de cocaína decomisada por la policía de Costa Rica, con lo que se obtuvo la detención de 12 integrantes de la cédula delictiva, según anunció la Fiscalía colombiana. Algunos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos y se mantienen en espera de iniciar sus juicios.
Entre los detenidos no figuró ningún mexicano.
En una indagatoria que inició el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación de Colombia con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por su siglas en inglés) se asegura que en la zona del Caribe colombiano los archienemigos mexicanos Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa se asociaron con células criminales colombianas como Los Paisas y una ubicada como Los Caleños para establecer una nueva organización delictiva.
Aunque se menciona a ambas estructuras criminales, las más grandes de México que viven enfrentadas por el control del trasiego a los Estados Unidos, la identificación mayor es con el grupo criminal de Jalisco.
La HSI, se lee textual en su sitio en internet, es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales.
El nuevo grupo que se asentó en la región caribeña del país sudamericano, entre Cartagena y Barranquilla, se presentó el 5 marzo de 2022 con un volante que se distribuyó en las calles en donde anunciaba la llegada de la “organización militar Salsas Mexicanos”. A partir de entonces el número de homicidios comenzó a crecer en Cartagena, según se documentó en medios locales.
El surgimiento de la organización se dio tras la detención de Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea, quien estaba a cargo del control de las células del Clan del Golfo sección Héroes del Caribe, lo que generó un vacío de poder que fue capitalizado por alias El Abogado y más tarde por alias Paty-Paty, movimientos que se hicieron sin la autorización del mando central del Clan del Golfo, según relataron medios locales.
En los archivos de la Fiscalía se puede leer un interrogatorio realizado el 12 de abril de 2022. También quedó registrado en un video en donde se señala que la cabeza oculta de Los Salsas era un mexicano.
–¿Cómo le decían a ustedes que se llamaba la estructura? –pregunta el investigador a cargo del interrogatorio.
–¿La estructura? ¿Cómo así? -responde un sicario que forma parte del grupo.
–La organización para la que ustedes trabajan.
–La Salsa Caleña, la llaman de muchas formas: La Salsa, Los Caleños y la Nueva Generación Jalisco (el detenido no lo dice, pero también se presentan como “Salsas Mexicanos”, también la llaman Alianza Nueva Generación).
–¿Por qué Nueva Generación Jalisco? –pregunta el investigador que no dejará el tema por un buen rato en el interrogatorio.
–Porque ellos trabajan juntos.
–¿Quienes son ellos?
–Los mexicanos con los caleños.
El interrogado da un nombre, un alias en realidad: El Abuelo, “el jefe de los mexicanos”. Un hombre de nacionalidad mexicana que ronda los 40 años. Gordo y con barba. Esos son todos los detalles que se conocen en el interrogatorio y con los que cuentan las autoridades colombianas; eso y un número de teléfono colombiano. Al menos hasta donde llegan los reportes.
–¿Sabe el nombre del Abuelo? –pregunta el investigador
–No, solamente lo tratamos como El Abuelo porque, como le digo, él más que todo se cuida más de todos, porque él es el que patrocina a los caleños, él es el patrón como tal.
–¿Y ese patrón como tal dónde se encuentra?
–Por los momentos que está en México, pero no sé, él viaja para acá una vez al mes nada más.
–¿Quién recibía órdenes directas de este Abuelo, que dices que es el jefe?
–Él le da las órdenes al Chinga Harri (sic) que era el socio de él, y él mismo era el que patrocinaba a los caleños. El abuelo los patrocinaba con armas, dinero, todo lo que necesitaban, porque a nosotros nos pagan viáticos, nos pagan la comida, los apartamentos, todo lo que vayamos a necesitar, hasta los útiles personales de uno.
De acuerdo con informes de las autoridades, el grupo entró a disputar el control de Cartagena y la región caribeña “dada su ubicación como corredor estratégico para la comercialización, distribución y venta de sustancias estupefacientes y el control de puertos y muelles para el despacho de aquella hacia otras latitudes”.
La investigación de las autoridades colombianas dejó como saldo 42 personas detenidas en mayo del año pasado, entre ellos uno de los jefes operativos: Jhon Harrison Martínez Perdomo, alias Chinga Harris. Lo que no hay es reporte de que se haya logrado detener a los operadores mexicanos del grupo, tampoco a alias El Abuelo.
De acuerdo con una persona ligada al crimen organizado con la que habló el portal cartagenero 7/24 Noticias, la banda dejó la zona mermada por los golpes policiacos y las disputas con otros grupos locales, pero además recibieron la orden de “retirarse”. La instrucción, dijo el entrevistado, vino “de Medellín”.
En los tres casos narrados hay una constante: son grupos o pequeñas facciones en donde el componente mexicano está en la cabeza o es quién financia operaciones, sin embargo, no llegan a ser detenidos por las autoridades colombianas.
Los mexicanos, como apuntaron los investigadores consultados, direccionan a los narcos colombianos, les inyectan recursos e incluso armas. Están ahí, pero tratan de pasar desapercibidos.