Secreto escolar.

Los registros de casos de delitos sexuales cometidos por el personal de las escuelas en contra de los alumnos va en aumento. Entre 2012 y 2015 hubo, en promedio, 149 al año. A partir de entonces, la cifra se incrementó. En 2022, se registraron más de 550 casos.

A las puertas del Jardín de Niños “Guadalupe Borja de Díaz Ordaz”, ubicado en Saltillo, Coahuila, llegó una familia en busca de respuestas y apoyo. Ese viernes 27 de septiembre de 2019, J., de tres años, volvió de la escuela en llanto, sumido en un intenso dolor. En palabras del integrante más pequeño de la familia, le habían “picado la colita con un palo”.

Los padres hablaron con la directora y la maestra de grupo, buscaban entender por qué su hijo tenía heridas en el área rectal. Intuían que el niño había sido víctima de violación.

Los padres recuerdan fragmentos del diálogo que la directora, en presencia de la maestra de grupo, inició con su hijo:

—¿Quién te hizo eso? —le cuestionó.
—Gerardo —respondió el pequeño.
—Gerardo, el niño de la maestra Nancy —insistió, como afirmando, la servidora pública.
—No, Gerardo —reiteró el pequeño, en referencia al profesor de música.

Los padres cuentan que la directora se negó a llamar a una patrulla y que a regañadientes levantó un acta de hechos, el formato establecido para capturar las quejas de este tipo. En el acta la directora consignó que la víctima acusaba a otro estudiante, según la copia del documento que fue obtenida para esta investigación. Les pidió volver a casa, bañar al niño y dormirlo.

La directora, una servidora pública de la Secretaría de Educación del estado (SEDU), no dio aviso inmediato a sus superiores. Tampoco dejó asentadas en el acta de hechos las palabras exactas de J., pues agregó información que, de acuerdo con el relato de los padres, el niño no mencionó y evadió su obligación de dar aviso a las autoridades de justicia ante la probable comisión de un delito. Se solicitó entrevista a las autoridades escolares sin que al cierre de edición hayan dado respuesta.

Los padres de J. se movilizaron y denunciaron, pues no era la primera vez que acudían a la escuela buscando respuestas por los focos rojos que detectaban en sus hijos. Acudieron a un médico privado porque ninguna instancia gubernamental le brindó atención médica inmediata al niño. Un pediatra acreditó la violación. J. llevaba sólo 27 días siendo alumno de 1° del Jardín de Niños Guadalupe Borja.

Más tarde, las terapias psicológicas que recibió el niño, indispensables en casos de violencia sexual, revelaron una historia de abusos reiterados cometidos no sólo por Gerardo, el profesor de música, conocido por los alumnos como “Cantos”, sino también por Servando, con cargo de intendente, “el que barría”, como lo identificaron los estudiantes. Las autoridades judiciales determinaron que ambos servidores públicos agredieron sexualmente a J., a su hermano T., de cuatro años, y a varias de sus compañeritas y compañeritos de preescolar.

Los abusos y violaciones sexuales cometidos por los servidores públicos en el Guadalupe Borja, son solo uno de los 3,534 casos que se han registrado en México entre 2012 y febrero de 2023. La información fue obtenida tras el análisis de una base de datos propia, creada con la información que las secretarías de Educación de 28 estados enviaron a solicitudes de transparencia. Los datos tienen el vacío de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora que se negaron a responder.

El análisis revela que esta problemática no se ha frenado en la última década; por el contrario, va en aumento. Entre 2012 y 2015 las distintas secretarías de educación del país reportaron 596 casos en todo México, un promedio de 149 al año. Los registros en ese periodo son pocos, pues las mismas dependencias educativas reconocen que no registraban la información ni daban seguimiento a estos casos. Sinaloa, por ejemplo, respondió: "Si bien se llegaron a acercar o presentar algún caso no se creaban como tal expedientes".

A partir de 2017, se incrementó el número de registros oficiales hasta el punto de duplicar el registro anual. La tendencia se mantuvo al alza hasta que llegó la pandemia por Covid-19 y aunque los niños y adolescentes dejaron las aulas para estudiar desde casa, las violencias desde las escuelas no cesaron, los registros son principalmente por acoso sexual del personal cometido de manera virtual contra los estudiantes, como se pudo acreditar con las actas de hechos de este periodo obtenidas para la investigación.

Una vez que la emergencia sanitaria bajó de nivel y los alumnos regresaron físicamente a las escuelas, la violencia sexual contra ellos arrasó: en 2022 se registraron 574 quejas en todo el país.

Las cifras oficiales de enero y febrero 2023 muestran un panorama poco alentador: hay 132 casos en solo dos meses, es decir, todos los días dos niños y niñas son violentados sexualmente dentro sus escuelas por algún miembro del personal educativo. La tendencia post pandémica se mantiene.

Los impactos para un sobreviviente de violencia sexual son vastos. De inicio, surgen cambios en los hábitos y en el comportamiento. Hay ansiedad, estrés, agresión. A mediano plazo, dejan heridas graves en su relación con la escuela: bajas en el rendimiento académico o abandono escolar. A largo plazo, pueden caer en conductas de alto riesgo que ponen en peligro su salud. “Son impactos en varios aspectos de la vida de una persona y puede durar toda una vida, por eso es importante prevenirlo”, dice Astrid Hollander, jefa de educación en Unicef México.

Se solicitó entrevista sobre esta problemática a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal por ser la coordinadora de la educación en el país, pero rechazó emitir un posicionamiento y pidió buscar a cada secretaría estatal.

Visibilizar para prevenir

La cifra obtenida es conservadora, minúscula en relación a la problemática. La falta de registros en las secretarías de Educación choca con lo reportado por Fiscalías de justicia, comisiones de Derechos Humanos y oficinas de Protección a la Infancia: no hay ningún estado en el país que pueda presumir no tener denuncias de abuso en sus escuelas.

La falta de desagregación en la mayoría de los datos obtenidos impide hacer un análisis más detallado de cada caso. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de San Luis Potosí no entregó información, pero la comisión de Derechos Humanos registró 54 quejas.En Baja California Sur y Sonora se negaron a otorgar la información, pero sus fiscalías abrieron 33 y 11 carpetas respectivamente en un periodo de cinco años.

“Los registros nos permiten visibilizar una problemática. Quizá es una problemática de la que no nos gusta hablar, pero que tiene afectaciones muy graves en la vida de las personas y por ello hay que visibilizar para prevenir, detectar y actuar adecuadamente”, dice Hollander.

En otros casos, los pocos registros que existen muestran que pocas denuncias llegan al ámbito penal. En Jalisco, por ejemplo, se registraron 509 quejas, mientras que la Fiscalía abrió 31 carpetas de investigación. En cambio en la Ciudad de México, aunque tiene 1,449 quejas en una década, la Fiscalía dice no saber cuántos delitos sexuales ocurrieron en escuelas.

En general, de los casos registrados por las autoridades educativas sólo la mitad llegaron ante una fiscalía de justicia.

Mariana Gil, abogada y directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), señala que la cifra negra en estos casos es incalculable. Ejemplifica con casos que han acompañado legalmente desde su organización.

“La Fiscalía, que no está capacitada para esto, desestima varias denuncias. Hay revictimización. Muchas familias se van, abandonan por el tiempo que lleva un proceso por el mal actuar de las autoridades, incluyendo las educativas. En el camino, pierden su trabajo, recursos, se divorcian”. Mariana Gil

Pero además, la justicia trabaja lento. Las carpetas de investigación no necesariamente se traducen en una sentencia. Normalmente la justicia en México es así: la probabilidad de que un delito se resuelva es del 0.9%, según estimaciones de Impunidad Cero, una organización de la sociedad civil que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México.

Omisión tras omisión

Coahuila es uno de los estados que asegura tener pocas quejas contra su personal educativo. Afirma que en una década sólo ha recibido 54, en dos de cada 10 casos las víctimas fueron pequeños de preescolar. Los señalamientos en este estado —y otros en el país— no suelen registrar el número de víctimas, por lo que un registro puede esconder múltiples víctimas y victimarios.

Del Guadalupe Borja se abrieron siete carpetas de investigación, según el expediente de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de noviembre de 2019. En él se detalla que siete niños señalaron a “Cantos” y a “el que limpia las cosas cuando están tiradas” como sus agresores.

Las declaraciones de los pequeños, asentadas en la carpeta de investigación, identifican a las maestras como “buenas” porque les curaban las heridas.

En la causa penal 1229-2020, correspondiente solo a una de las siete denuncias, quedó asentado que el niño refirió abusos sexuales y violaciones en el área de juegos, en el salón de canto y “en la puerta secreta”. Los dictámenes periciales muestran que tanto en el salón de música como en el de 1° B había “cuartos ocultos”, ubicados al fondo de los salones, escondidos detrás de cortinas, a un costado de estantes con material didáctico y pesadas puertas en donde el profesor de música y el intendente cometieron las agresiones. Servando era el único que tenía llaves de este espacio, declaró la directora en el juicio.

Se le preguntó a la dependencia sobre su actuación ante este caso, pero rechazó pronunciarse por considerar que todavía está en litigio. Dijo que hasta 2020 actualizaron su protocolo interno de actuación ante posibles riesgos dentro de las escuelas, incluyendo la violencia sexual.

Los dictámenes psicológicos a T., hermano mayor de J., revelaron que le pidió ayuda a una maestra, pero que ella sólo dijo que regañaría a “Cantos”.

La noticia dejó helada a la familia. “Todo hizo sentido. Él estaba en 2º y empezamos a notar cambios: no quería estar con nosotros, rompía sus juguetes, empezó con pesadillas y a no comer, por las noches se hacía pipí y popó”, cuenta el padre. Acudió una decena de veces con la maestra de grupo, que siempre minimizó los síntomas: primero, que T. se estaba acoplando al kínder; luego, que los golpes se los daban niños de tercero que eran bruscos. Cuando T. dijo 'mañana me van a enseñar a chupar pipí en la escuela', la directora culpó a otros niños.

“Debían salvaguardar la seguridad de los niños dentro de la institución. Nosotros les dimos toda la confianza, les entregamos nuestro más grande tesoro y fuimos defraudados. No fueron humanas en sentir el dolor que estaba sintiendo mi hijo, no se tocaron el corazón en prestarle auxilio, ocultaron muchas cosas. Afortunadamente nos dimos cuenta. Salvamos a nuestros hijos y a muchos otros alumnos que pasaban por lo mismo”, dice la madre.

Este caso, sigue los patrones detectados en la incidencia nacional. La información analizada permitió consolidar una muestra con el perfil de los victimarios y también establecer quiénes son las víctimas de estas violencias.

Fuente: Base de datos propia, creada con información de actas de hechos y estadísticas de Educación.

El perfil del agresor escolar coincide con la descripción del “abusador situacional” que, según explica Julia Borbolla, psicóloga especializada en abuso sexual, son personas que de forma deliberada buscan contratarse como profesores, a veces suplentes, instructores de deportes o idiomas para estar cerca de las y los niños.

“Por eso es muy importante que los colegios hagan una muy buena selección de personal.(...) Hay que hacer selección de personal clínica, no solo de sus preferencias o aptitudes, sino de su salud mental, hacer una especie de peritaje, pedir antecedentes penales, investigar la vida familiar, con quién vive… rascarle un poquito más porque van a estar con los niños”, aconseja.

Actas de hechos obtenidas por transparencia dan cuenta de la debilidad de los procesos de contratación. Por ejemplo, en Oaxaca, un hombre fue asignado como docente de preescolar en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán. Era apenas estudiante de pedagogía, pero era hijo de una maestra jubilada, lo que facilitó su selección como docente. Meses después de su asignación en 2016, las autoridades encontraron en su celular y computadora imágenes sexuales que había tomado a sus alumnos preescolares. La dependencia registró el caso, pero no dio detalles del estatus del docente.

En México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) —que reúne al personal que trabaja en escuelas públicas de educación básica— tiene un peso importante en la política educativa. Es el sindicato más grande de América Latina y su origen está ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó el país por más de 70 años continuos; desde esa relación, ha influido en cómo se educa en el país y ha sido acusado de participar en fraudes electorales. En la última década se ha opuesto a la evaluación de los docentes y a eliminar la “herencia” de plazas en las escuelas, una práctica que permite que personal que no cuenta con el perfil adecuado llegue a centros escolares. Se solicitó una entrevista con el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, sin que hasta el cierre de edición haya dado respuesta.

El análisis realizado a nivel nacional muestra que las víctimas son diversas: niñas, niños y adolescentes que de pronto tienen terrores nocturnos, presentan incontinencia nocturna, cambian su temperamento, pierden el habla o el interés en la escuela.

La mayoría son mujeres (68%), pero las agresiones contra hombres también están presentes.

La edad juega un factor en el tipo de violencia que se ejerce contra ellos. Entre más pequeños más vulnerables al abuso y violación sexual. Sin embargo, el 37% de los casos registrados ocurrieron en secundaria, principalmente en contra de mujeres. Alumnas de entre 12 y 14 años reportan a docentes que han tenido acercamientos de índole sexual con ellas, según en las actas de hechos que se recabaron vía transparencia. La mayoría de denuncias son por acoso sexual que ocurre durante las clases, los recesos e incluso por mensajes en redes sociales. En algunos casos, la manipulación emocional, las amenazas y los métodos coercitivos de los adultos terminan en violaciones.

Las violencias sexuales contra estudiantes de primaria están en el segundo lugar, hay 884 quejas. Se repite el patrón: las autoridades educativas no declararon cuáles fueron las consecuencias administrativas y/o penales en contra de los señalados, aunque se les solicitó vía transparencia.

Además se encontraron 45 casos en Jalisco y Guanajuato en donde no se puede establecer el número exacto de victimarios, se clasificaron como “varios”. Los registros enlistan a directores, intendentes, encargados de cooperativa y docentes como un grupo de agresores en contra de los menores.

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI) en su informe Es un Secreto. La explotación sexual infantil en escuelas —y sus dos actualizaciones (2022 y 2023)— denunció que hay indicios de abuso sexual organizado —varios adultos participando en la ejecución de los delitos— en al menos 25 escuelas de educación básica repartidas en 11 estados del país. Los delitos sexuales, explican, son cometidos principalmente contra grupos de niñas y niños de entre tres y cinco años; violentados por múltiples personas que cometen agresiones ritualísticas o escenificadas, a veces videograbadas. En todos los casos hay personal que facilita o encubre el abuso.

Sanción a medias

Durante el juicio contra el personal del Guadalupe Borja, se le preguntó al perito en psicología que revisó a J: “¿Por qué creer el dicho del niño de que fue abusado sexualmente por dos personas adultas?”. El perito respondió: “Los niños a esta edad no realizan mentiras, su capacidad para mentir no está desarrollada porque el mentir y el engañar conlleva una maduración del lóbulo frontal que los niños a este momento todavía no tienen”.

Ante esto, la psicóloga especializada en abuso sexual infantil, Julia Borbolla, refuerza: “Los niños no inventan estas cosas, no tienen capacidad de inventar algo que no conocen”.

Las autoridades de justicia encontraron culpables a Gerardo “Cantos” y a Servando “el que limpia las cosas cuando están tiradas”. Aunque los delitos descritos por las víctimas y las pruebas físicas evidenciaban violación, el ministerio público lo acusó por el delito de abuso sexual, lo que permitió que la sanción para los victimarios fuera menor. El delito de violación se castiga en el estado con una pena de entre ocho a 15 años de prisión, se considera más grave y aumenta, si se comete contra un menor de edad; dentro de un inmueble público, como una escuela; y con abuso de autoridad, por ejemplo, si el agresor es personal de la escuela. Dos de las siete carpetas de investigación se convirtieron en sentencia: una suma de 16 años de prisión para cada uno por las agresiones cometidas contra J y T.

Las familias perdieron recursos económicos y estabilidad. La secretaría de Educación estatal, encargada de la operación del Jardín de Niños Guadalupe Borja, no se pronunció respecto a cambios en pro de la prevención de este tipo de delitos al interior del colegio. A pesar de la sentencia que encontró culpables a los acusados, sus abogados aún intentan que recuperen su libertad. Se solicitó entrevista por distintas vías con las personas involucradas en el caso, incluyendo al personal de la escuela, los familiares de los señalados y a la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin que al cierre de edición hayan dado respuesta.

Las y los niños aún padecen las secuelas psicológicas y emocionales.

“Cuando volvieron a clases presenciales su primera pregunta fue: ‘Mamá, ¿las maestras de aquí sí son buenas?’ Nosotros buscamos justicia para nuestros hijos, pero también para que ningún niño vuelva a vivir lo que vivieron mis hijos. Las cosas tienen que cambiar para ellos, tristemente cada semana vemos denuncias de violación, abuso y acoso cometidos por maestros. Las cosas siguen igual”, lamenta la madre de J. y T.