"Nuestros protocolos no existen"

El gobierno mexicano carece de una política efectiva de prevención y actuación ante la violencia sexual dentro de las aulas. El intento por homologar a nivel nacional los protocolos de atención para combatir esta problemática fracasó.

Una decena de abusos y violaciones sexuales cometidos en contra de niños y niñas del Jardín de niños Montessori Matatena, un colegio privado en la Ciudad de México, puso en jaque al gobierno mexicano. Era 2016 y la administración pública aún no tenía lineamientos homologados que dieran atención y seguimiento a los delitos sexuales cometidos por el personal de los colegios.

Apenas unos meses antes, el Gobierno de Enrique Peña Nieto había convocado a especialistas de distintas áreas para buscar soluciones a la violencia en el país, consideraron la escolar. Encontraron que para combatir la violencia en las escuelas era necesario crear protocolos de actuación —incluyendo los que servían para atender el abuso sexual—, identificar a las que tienen mayores problemas, generar indicadores y estadísticas. Pero todo quedó en sugerencia.

Por eso, cuando los padres del colegio Matatena acudieron a los medios de comunicación a evidenciar que las autoridades educativas habían desoído sus pedidos de ayuda para atender las violencias contra sus hijos, al Gobierno no le quedó más que pedir perdón. Aurelio Nuño, entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que el sistema no funcionaba. Fueron omisos, según reconoció la dependencia en mayo de 2016 a través de un boletín de prensa.

No era la primera vez que una historia de abusos sexuales cometidos contra niñas y niños dentro de las escuelas a las que asisten salía a la luz. Hay cientos de antecedentes registrados escuetamente en la prensa, incluyendo aquel de 2011 en el que se reveló que el conserje del Jardín de Niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa, había violentado sexualmente al menos a 30 niños. Sin embargo, en este caso, las familias y el primer abogado defensor de las víctimas lograron mantener el caso Matatena en medios de comunicación durante meses, obligando al Gobierno mexicano a pronunciarse públicamente.

“Tu hijo está siendo abusado”

La cadena de omisiones era evidente. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), órgano que depende de la SEP, no atendió la preocupación de un padre, en relación a la presencia cotidiana del esposo de la directora.

La denuncia estaba fundada. Un niño de tres años le dijo a su cuidadora: “te voy a dar medicina” y, al tiempo, intentó poner su pene en la boca de la mujer. Ante esta señal de alerta, la madre llevó al pequeño con una psicóloga infantil. “Tu hijo está siendo abusado”, le confirmó. El agresor, detalló el pequeño, era Rafael N., esposo de la directora, quien lo obligaba a “jugar al doctor”.

Ante las acusaciones, la directora y dueña del colegio negó todo y pidió no ejercer ninguna acción penal, recuerda la madre. No emitió el reporte interno sobre los señalamientos, tampoco notificó a las autoridades educativas ni denunció el delito. La madre dio aviso a otras familias y terminó por destapar más abusos y violaciones sexuales cometidas por el hombre en contra de los preescolares que asistían al kínder.

Luis Ignacio Sánchez, quien era titular de la AEFCM, reconoció: “Nuestros protocolos de prevención, como tal, no existen, no funcionan y hay que hacer algo”. La Comisión Investigadora de la SEP confirmó: hubo negligencia, falta de sensibilidad e ineficiencia en la supervisión escolar.

En medio de la presión mediática, el Gobierno fortaleció el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) que tenía como misión brindar asistencia a los estados para desarrollar técnicas y manuales de prevención, detección y atención a las violencias en las aulas, incluyendo la sexual. También permitía costear capacitaciones para el personal, una forma de prevenir las violencias y atenderlas oportunamente.

En ese marco, la SEP produjo las orientaciones generales para que cada entidad federativa creara, según sus necesidades, protocolos que evitaran casos de violencia sexual en las escuelas. La finalidad era que se aplicaran de manera obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica. Se buscaba claridad en el abanico de responsabilidades, pues una agresión no queda sólo en manos de quien la comete, incluye al resto del personal de la escuela que fungen como cuidadores y garantes de derechos y abarca a las secretarías de Educación estatales que vigilan que las escuelas sean espacios libres de violencia. La Ley General de Educación (LGE) lo marca así.

Parte del presupuesto asignado se destinó al desarrollo de los protocolos estatales, aunque la información pública no permite establecer cuánto costó la creación de estas guías. Inicialmente la SEP gastó 73.5 millones de pesos, pero llegó a superar el gasto anual de 200 millones, según la Cuenta Pública.

A la SEP le tomó tres años lograr que las 32 entidades tuvieran protocolos para dar atención a la violencia sexual en las aulas, según el sexto informe de labores.

Estos informes no contienen los resultados de la efectividad de la creación de estos documentos ni el seguimiento de la autoridad federal a lo implementado por cada estado del país. Por si fuera poco, el PNCE dejó de existir en 2021, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. A partir de entonces, la SEP dejó de mencionar la atención al abuso sexual infantil como una de sus líneas de acción.

Protocolos de papel

Pese al intento gubernamental por homologar la prevención y atención a la violencia sexual en las aulas a nivel nacional, casos reportados ante comisiones de derechos humanos y procuradurías de defensa de la infancia, obtenidos para esta investigación, muestran que las omisiones de las autoridades siguen presentes.

En 2018, un maestro de 3° de primaria agredió sexualmente a seis niñas en una escuela del municipio de Aquismón, San Luis Potosí; la investigación concluyó que la directora no implementó acciones de vigilancia y seguridad efectivas para salvaguardar la integridad física y psicológica de los menores que tenía bajo su cargo, según quedó asentado en la recomendación 27/2019, que contiene la investigación que realizó la Comisión de derechos Humanos. En otro caso, el del Jardín de niños “María Lavalle Urbina” en Tecate, Baja California, se comprobó que el conserje había abusado sexualmente de seis niñas de cuatro años en 2018. Aunque el ministerio público ordenó su aprehensión, ésta se concretó cinco años después, pues el hombre gozó de licencias sindicales que impidieron su localización oportuna.

Como parte de esta investigación se corroboró que los protocolos se crearon con una falla de origen: son documentos no vinculantes, guías que marcan la pauta, pero que no establecen ninguna sanción para quien las incumple.

La Clínica para la Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Universidad Iberoamericana, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI) y El Universal contrastaron los protocolos estatales con los estándares que se han desarrollado a nivel internacional sobre cómo deben actuar las autoridades ante este tipo de casos y encontraron varias falencias.

Un ejemplo de esta falla es Querétaro, un profesor de primaria tuvo quejas por pedofilia en varios colegios; la más reciente, de 2017, revela que besaba a las niñas en la boca, las llevaba a su carro y las ponía de cabeza para mirar su vulva. En Veracruz, un profesor de secundaria fue acusado por varias alumnas de abusar de ellas y amenazarlas con afectar sus calificaciones.

"Sigue habiendo una gran impunidad para los victimarios, un agresor sexual agrede en su vida al menos 61 veces. Por eso cuando cambian de escuela a un maestro o una maestra, cuando cambian de Iglesia a un padre o cuando cambian de campo de fútbol a un entrenador que es un abusador, lo único que le están dando es otro espacio donde él va a ser un violentador sexual", dice Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la República.

El análisis realizado para esta investigación muestra que en una escala del 0 al 10, la mayoría de los estados (23) están reprobados: no cumplen con lo mínimo recomendado para atender esta problemática. Los estados con las calificaciones más bajas en sus protocolos son Durango, Coahuila, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán y Morelos que no superan el 4 de calificación. El estado mejor puntado es Yucatán: obtuvo 7.8 de calificación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a los países a que cumplan con los principios de protección reforzada y debida diligencia. Se trata de establecer los procedimientos que aseguren la aplicación, calidad, pertinencia, accesibilidad, impacto y eficacia de medidas de protección ante casos de violaciones a derechos humanos, según estableció la CIDH en el informe Hacia una garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estos principios, en México están desdibujados para las infancias.

“La Secretaría de Educación Pública, a nivel federal y en los estados, tiene el 100% de responsabilidad. Las personas están llevando a sus hijos e hijas a un lugar donde supuestamente deben estar seguros. Hay gente mala que puede cometer delitos, pero si tú no tienes los protocolos, no hay capacitación, hay lugares inseguros, es su culpa porque les dieron el escenario ideal para cometer el delito en la escuela”, señala Mariana Gil, de la Oficina por los Derechos de la Infancia.

Particulares sin supervisión

Un problema adicional es la falta de supervisión de las escuelas privadas. En México hay 229,691 escuelas de educación básica. 87% son públicas y el resto son particulares. En teoría, ambas opciones educativas son vigiladas por la SEP y las dependencias educativas de cada estado. Sin embargo, hay diferencias claras en la atención que reciben uno u otro modelo cuando surgen sospechas de delitos sexuales en sus instalaciones.

Todavía hay dependencias educativas que evaden su responsabilidad ante las particulares. Querétaro, Zacatecas y Colima respondieron que sólo dan seguimiento a lo que ocurre en escuelas públicas. La Secretaría de Educación de Querétaro no tiene datos, explica que el personal “es contratado bajo el esquema de la legislación civil”.

La educación particular, a ojos de quienes proveen el servicio y de las mismas autoridades educativas, “constituyen negocios privados”, explica Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe. Esta idea ha blindado a los propietarios de escuelas particulares para evitar asumir su responsabilidad en los delitos sexuales. Argumentan que son actos realizados por terceros. Terceros que usualmente están contratados por honorarios, es decir, no tienen un vínculo laboral fuerte con la institución y tampoco forman parte de ningún sindicato.

Son la SEP y las secretarías estatales quienes están obligadas a vigilar, por medio de supervisiones anuales y reportes que alerten anomalías, que los privados garanticen los derechos de los educandos. El procedimiento no siempre es eficaz.

Por ejemplo, en papel, el Jardín de niños Montessori Matatena cumplía con los requerimientos para operar. Tenía el personal, instalaciones y programas de estudios adecuados. Pero en términos prácticos, las violencias que vivieron decenas de niños, acreditan que la escuela incumplió su obligación de garantizar seguridad e integridad.

Poner en riesgo la salud o la seguridad de los educandos amerita como mínimo una multa, pero puede llegar a la revocación de la autorización que se traduce en la clausura de la escuela, según establece la LGE.

Aunque fue una escuela privada la que movilizó al gobierno mexicano a atender la violencia sexual cometida por personal de escuelas en contra de sus estudiantes, no todos los protocolos instaurados en los estados contemplan la obligación de las escuelas particulares de cumplir con los lineamientos.

De los 32 protocolos estatales de respuesta ante casos de violencia sexual escolar el 19% no establece claramente que su cumplimiento es aplicable también a escuelas particulares.

“(En el caso de escuelas privadas) nos vamos a enfrentar a las relaciones, el poder económico y a veces al poder político que tienen estas instituciones. Es difícil llevar a cabo un proceso en contra de alguien con tanto poder y genera demasiada impunidad cuando se trata de escuelas de un alto perfil económico”, dice Víctor Carrillo Estrada, quien litigó inicialmente a favor de las víctimas de Matatena.

Después del caso de Matatena, surgieron otras denuncias contra escuelas particulares. En 2017 se hizo público que en el Colegio Williams, uno de los más renombrados de la Ciudad de México, un docente abusó sexualmente de una niña de 3 años. El Colegio aseguró, mediante un cuestionario por escrito, que desde que tuvieron conocimiento su postura fue "informar a la autoridad superior y realizar una investigación interna para llegar al fondo de las cosas activando los protocolos correspondientes". Sin embargo, la madre de la niña recuerda que las palabras del dueño de la escuela fueron: "Yo voy a decir que en mi escuela no ocurrió y voy a llevar las pruebas para comprobarlo". Dos años después del abuso, el colegio Williams demandó a la madre por daño moral; el área legal de la escuela aseguró que estas acciones fueron encaminadas a "proteger a las y los menores que toman clase en la institución, y que eventualmente se vieron afectados por las acciones de las partes involucradas". El agresor fue sentenciado a 9 años de prisión.

Ese mismo año, en la alcaldía Coyoacán, se detuvo a un docente del Colegio Carmel porque se comprobó judicialmente que abusó sexualmente de un alumno. La Autoridad Educativa determinó únicamente medidas de prevención para el colegio. Según informó el Colegio a través de un posicionamiento por escrito, ante esto “extremó desde hace más de cinco años los protocolos de seguridad y prevención de riesgos hacia los alumnos; entre otras cosas, con una red de cámaras que monitorean la totalidad de accesos y corredores de nuestras instalaciones”. No obstante, en 2023, se hizo público que otro docente de este colegio presuntamente abusó y violó a más de 15 estudiantes de jardín de niños. El juicio sigue abierto. Sobre esto, el área de comunicación del Carmel únicamente señaló que “hemos puesto todo este material (en referencia a los videos) en manos de las autoridades correspondientes”.

Impunidad repartida

"La SEP juega un papel central, es la gran coordinadora, la que esté atenta a Protocolos, a programas de prevención, a ayudar al magisterio. No hay manera de ignorar esta responsabilidad o de hacerse a un lado. Alrededor de esta autoridad se suma lo demás. Pero hoy día dialogar está satanizado, la polarización es el peor escenario para los niños”,señala Vázquez Mota, quien fue secretaria de Educación (2006-2009) en el sexenio de Felipe Calderón.

En el caso Matatena, más de 100 familias fueron afectadas de manera indirecta, había 20 casos confirmados, pero sólo siete llegaron ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, asegura Mariana, la madre de uno de los sobrevivientes.

A las debilidades en el sistema educativo, se suman las fallas en los procesos de justicia en el país. El agresor del caso Matatena fue encontrado culpable por el delito de abuso sexual cometido sólo contra tres de los niños. La pena fue de cinco años y cinco meses. Fue puesto en libertad en febrero de 2022, según confirmó su abogado.

“El sistema está hecho para que ellos estén libres. Y quienes tienen que ejercerlo no están velando por los intereses de los niños entonces, claro, que nos fallaron a nosotros”, lamenta la madre de un sobreviviente.