Metodología
#DepredadoresEnLasAulas es un esfuerzo periodístico por contabilizar la violencia sexual en las que se señala al personal de las escuelas de nivel básico del país como los principales perpetradores. El proyecto busca demostrar que estos no son casos aislados, sino un problema sistémico que, ante la omisión gubernamental, se logra colar en los centros educativos de México. La parte fundamental para evidenciar esta problemática es contar las historias de las familias que han vivido en carne propia las consecuencias de la inacción de las autoridades.
Para esta investigación se creó una base de datos que fue alimentada con las estadísticas de quejas por violación, abuso y acoso sexual y las actas de hechos —formatos en los que se registran estos casos— que entregaron como respuesta a solicitudes de información las 32 secretarías de educación. La información solicitada corresponde al periodo de 2012 a febrero de 2023.. La base de datos de #DepredadoresEnLasAulas muestra el panorama más completo y actualizado sobre las violencias sexuales que se viven dentro de las escuelas de México. Es un trabajo multiplataforma, se creó un documental, un importante desplegado en el periódico impreso y un micrositio que permite recibir los testimonios de más familias afectadas por la violencia sexual en escuelas.
Todas las contribuciones que puedan mejorar esta base de datos son bienvenidas, pues reconocemos que la escasez de información que otorgaron las secretarías de educación estatales sólo confirma que la cifra negra es inmensa.
¿Por qué es necesario este proyecto?
La Secretaría de Educación Pública (SEP), coordinadora del resto de las autoridades educativas del país, no tiene una estadística homologada de los y las estudiantes que han sido agredidos sexualmente por miembros de los planteles escolares. Esta falta de datos básicos se refleja en los casos que cada año se reportan en notas informativas en donde padres de familia cierran las avenidas más importantes de sus ciudades para exigir a las autoridades que castiguen a los agresores de sus hijos e hijas.
¿Cómo recopilamos y sistematizamos la información?
La Unidad de Investigación y Datos de El Universal solicitó a las 32 secretarías de Educación, vía transparencia, las versiones públicas de todas las actas de hechos en las que hubiera registro de acoso, abuso y violaciones sexuales presuntamente cometidos por trabajadores del colegio (personal administrativo, docente, intendencia, becarios y cualquier otro integrante de la comunidad educativa) en contra de estudiantes de educación inicial, básica y especial.
Al mismo tiempo se pidió la relación de quejas y/o denuncias interpuestas contra personal adscrito a escuelas de educación inicial, básica y especial por violencia sexual cometido contra sus estudiantes. El periodo de estudio fue de 2012 a febrero de 2023.
Con el objetivo de tener un parámetro de cuántos de estos casos llegaron ante las autoridades de justica, se le solicitó a las Fiscalías de Justicia de los 32 estados las carpetas de investigación por delitos de violencia sexual cometidos dentro de las escuelas de educación básica en el mismo periodo.
#DepredadoresEnLasAulas es un proyecto que combina las dos series de datos entregadas por las secretarías de educación de 28 entidades (tenemos un vacío en Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora que se negaron a entregar la información). Se revisó caso por caso para evitar duplicados en los registros.
La información de cada caso se sistematizó de manera que se logró construir una base de datos con variables como: fecha de la queja, escuela, nivel escolar, entidad, municipio, número de víctimas identificadas, sexo de la víctima, número de victimarios identificados y cargo dentro de la escuela.
Para tener datos más certeros de las escuelas se cruzó la clave de centro de trabajo (CCT), la cual fue entregada vía transparencia, con la base de datos pública de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se obtuvo el nivel educativo y tipo de mantenimiento de cada centro.
Se realizaron, además,solicitudes de transparencia a las comisiones de Derechos Humanos y las Procuraduría de Protección a la Infancia de todos los estados, porque el trabajo de campo acreditó que las familias buscan apoyo en otras instituciones ante las omisiones de las autoridades educativas.Así se pudo concluir que no hay ningún estado del país que pueda presumir que sus escuelas están libres de violencia sexual.
¿Cómo se creó la matriz que mide la eficacia de los Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica de México?
La Clínica de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Universidad Iberoamericana se dio a la tarea de analizar los estándares a nivel internacional relacionados con las obligaciones de protección que tienen las autoridades escolares en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Con esta documentación se logró identificar los derechos y obligaciones generales en materia de protección de derechos y, posteriormente, se desagregaron los estándares o buenas prácticas que se encontraron a partir de la investigación.
Estos estándares provienen de los desarrollos e interpretaciones que han realizado organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño, Comité DESC la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y diversas agencias de Naciones Unidas como UNICEF, la UNESCO, y la Organización Mundial de la Salud. También se consideró el marco normativo nacional.
Esta información fue la base para crear una matriz que permitiera analizar los protocolos de actuación para casos exclusivamente de violencia sexual en las escuelas que tienen las secretarías de educación en las 32 entidades del país.
Se definieron siete categorías principales y 30 subcategorías: el marco base, que contempla normativa interna, por ejemplo, si definen los delitos de acuerdo con el código penal o si es aplicable para escuelas públicas y privadas; medidas preventivas, como la publicación de medidas de queja y difusión del protocolo; medidas de protección inmediatas, separar al agresor de su atención frente al grupo o la notificación inmediata a los padres o tutores; asistencia y remisión externa para las víctimas y sus familias; aviso a las autoridades de justicia y administrativas; estándares de atención, como la no revictimización de las víctimas; y medidas transversales, incluir el principio de protección reforzada o el de debida diligencia.
La matriz sirvió para calificar los protocolos de cada uno de los estados. En un primer momento se utilizaron los documentos disponibles en la página de “Escuela Libre de Acoso” de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente se actualizaron a las versiones más recientes que cada estado puso a disposición en su página.
Se asignó un valor de 0 cuando el protocolo no especifica la acción a seguir, el valor de 1 cuando el protocolo considera de manera parcial/regular la acción y se asignó el valor de 2 cuando sí especifica de forma explícita la acción a seguir. Finalmente, para calcular los puntajes estatales se sumaron sus valores y se estandarizó. La calificación mínima es 0 y el valor máximo es 10, este último corresponde al estado en el que los protocolos cuentan con todos los estándares de actuación recomendados a nivel internacional.
Este análisis fue realizado en colaboración por la Clínica, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI) y El Universal.
