Ha pasado más de una hora desde que Juan José salió de las aguas del Río Bravo con la intención de ingresar a Estados Unidos, pero no encuentra el hueco que le permita entregarse y pedir asilo. Desesperado, camina sobre el margen norte del afluente, del lado de Eagle Pass, Texas. Avanza precavido entre la maleza y el fango. Es el último tramo de un largo camino que comenzó en Colombia hace poco más de un mes. El alambrado de púas, la reja de acero y el muro de contenedores de carga colocados uno sobre otro dan la impresión de que se lucha contra un gigante infranqueable. De pronto, dos lanchas tripuladas por militares de la Guardia Nacional texana aparecen sobre el río. Con un altavoz le exigen volver a México. Él intenta dialogar, pide asilo, se lo niegan; pide asilo de nuevo, lo rechazan nuevamente. La única opción es regresar al caudal. Temeroso, el hombre entra al río. Los militares estadounidenses lo rodean con sus lanchas y le indican el camino a seguir. Hunden sus remos en el agua para que él pueda medir la profundidad. “No pasa nada, amigo”, “It's ok, compa”, gritan una y otra vez. Poco a poco su cuerpo comienza a hundirse. El río muestra su verdadera profundidad. Nada. El agua casi le cubre la cabeza. Juan José se inquieta. Nada de regreso a Eagle Pass, toca tierra firme y los militares texanos lo rechazan otra vez. De nuevo lo obligan a hundirse en el agua. La dinámica se repite. Del lado mexicano, en Piedras Negras, Coahuila, dos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional ya esperan al colombiano. Está flanqueado por ambos lados. Hoy no pasará a Estados Unidos.
Militares texanos y mexicanos custodian a un migrante que intenta cruzar el Río Bravo.
Foto: Paola Reyes
Más presión, más muertes
El Río Bravo es un afluente de tres mil kilómetros que divide a México de Estados Unidos. Sus aguas recorren el borde sur del enorme estado de Texas, y hacen frontera con los mexicanos Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Entre 2017 y 2023, en este río se han ahogado al menos mil 107 personas migrantes, de acuerdo con un cruce de información oficial realizado para este trabajo. Las muertes comenzaron a incrementarse en 2021, cuando se registraron 178 ahogados, y alcanzaron su punto máximo en 2022, con 267 muertes.
Los decesos en Estados Unidos sucedieron en los condados de Hidalgo, Val Verde, El Paso, Maverick, Webb, Starr, Zapata, Cameron, Kinney y Brewster. En México, los cuerpos se documentaron en los municipios Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Piedras Negras, Acuña y Nava, Coahuila, y en algunas zonas de Chihuahua que no fueron especificadas por la autoridad.
La explicación del aumento de personas ahogadas es multifactorial. Por un lado ha incrementado el número de migrantes que cruzan México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, por otro se han endurecido y militarizado las políticas migratorias en ambos lados de la frontera.
Sí bien, el análisis de datos realizado por este equipo no permite establecer una relación concluyente causa-efecto, las entrevistas con expertos, los testimonios de migrantes y el trabajo de campo realizado refieren una relación entre la aplicación de la política texana, la militarización mexicana y el incremento de los ahogamientos en el Río Bravo.
Un militar texano supervisa la frontera de Texas.
Foto: Justin Hamel/Lighthouse Reports
Desde marzo de 2021, el gobierno de Texas ha edificado una enorme infraestructura para frenar la migración que incluye un muro hecho de contenedores de carga, alambrado de púas, cercas de malla, boyas con cuchillas, torres de vigilancia y un despliegue de militares armados que custodian su frontera sur con México. Le han llamado Operación Lone Star, y fue implementada por el gobernador texano, Greg Abbott, un político republicano conservador que ha utilizado el discurso antiinmigrante como una bandera política-electoral. La estrategia ha puesto en riesgo la vida de las personas que intentan cruzar a Estados Unidos.
En 2022, por ejemplo, tres de cada 10 ahogamientos ocurrieron en el cruce cercano a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, condado de Maverick, Texas. Justo donde se concentra la mayor parte de la infraestructura de Lone Star, según los resultados del análisis realizado para esta investigación.
Texas ha instalado ocho kilómetros de alambrado con púas en su frontera. Foto: Justin Hamel/Lighthouse Reports
Un aerodeslizador militar patrulla el Río Bravo, llamado Río Grande en Estados Unidos. Foto: Paola Reyes.
Soldados texanos utilizan vehículos de campaña militar para custodiar la frontera. Foto: Justin Hamel/Lighthouse Reports
Desde 2021, en Texas se han construido 89.6 kilómetros de cerca, 36.1 kilómetros de muro, 8.1 kilómetros de alambrado, 6.3 kilómetros de barrera, 1.3 kilómetros de contenedores y 320 metros de boyas con cuchillas, según un análisis forense visual realizado a partir de imágenes satelitales de la frontera texana, notas periodísticas y comunicados oficiales del gobierno de Texas. El 50% de la infraestructura se halla en Maverick. El gobierno de Texas admitió que ha edificado 82 kilómetros de muro fronterizo como parte de la Operación Lone Star.
Estados Unidos/ Frontera de Texas con México
Infraestructura federal
Infraestructura Estatal / No determinada
Crédito: The Washington Post y Lighthouse Reports
Personas migrantes y defensores de derechos humanos entrevistados aseguran que este tipo de políticas restrictivas obliga a los migrantes a internarse en zonas despobladas, donde operan grupos criminales que los guían por áreas donde el río es más profundo y la corriente más fuerte.
“Hace tres años lancé la Operación Lone Star para defender a los tejanos y a los estadounidenses de las desastrosas políticas de frontera abierta. Texas continúa disuadiendo y repeliendo la migración ilegal. No retrocederemos”, escribió Abbott el pasado 6 de marzo en su cuenta de Twitter, ahora X.
En respuesta a esta investigación, el gobernador Abbot aseguró que la crisis de ahogamientos es responsabilidad del gobierno de Joe Biden y sus políticas de fronteras abiertas que alientan al migrante a realizar un cruce ilegal.
“La Operación Lone Star ayuda a disuadir los cruces ilegales. Texas continuará utilizando todas las herramientas y estrategias para disuadir y repeler los cruces ilegales”, respondió el gobierno de Texas a un cuestionario enviado por The Washington Post.
Por su parte, la oficina de la presidencia de Estados Unidos aseguró que durante la administración de Biden han reducido en más del 55% los cruces fronterizos ilegales. Acusó que los políticos republicanos “están más interesados en maniobras políticas peligrosas e inhumanas que en asegurar la frontera”.
Durante meses, y de forma conjunta, El Universal, The Washington Post y Lighthouse Reports documentamos las muertes por ahogamientos ocurridas en 13 condados texanos y tres estados mexicanos por los que corre el Río Bravo: Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Nuevo León no se incluyó porque las autoridades no reportaron datos de ahogamiento.
Realizamos viajes a los dos lados de la frontera de México con los Estados Unidos, hablamos con decenas de migrantes, activistas y académicos. Construimos bases de datos con información oficial, cruzamos fuentes abiertas y hallamos nuevos datos que la autoridad no tiene identificados. Uno de ellos, por ejemplo, es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos CBP (por sus siglas en inglés), responsable de contabilizar las muertes de personas migrantes, ha subestimado significativamente el registro. Entre 2017 a 2023, CBP reporta oficialmente 498 muertes por ahogamiento en la frontera de Texas, pero en esta investigación se encontraron 858 muertes en la misma zona y periodo.
En México la situación es aún peor, las autoridades estatales y federales entregaron datos escasos y contradictorios. Este reportaje contempla los registros de las fiscalías estatales y los municipios fronterizos obtenidos vía ley de transparencia, pero se dejó fuera la información entregada por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores porque no desagregaron la causa de muerte ni la ubicación.
Migrantes atraviesan el Río Bravo.
Foto: Paola Reyes
Aún así, tras el cruce de datos existentes, entrevistas, limpieza de información y trabajo de campo, se encontró que la crisis de ahogamientos en México coincide con el despliegue progresivo de miles de militares del Ejército y la Guardía Nacional en tareas de control migratorio a través del Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur.
Al principio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la política migratoria mexicana intentaba cambiar el maltrato que por décadas han sufrido los migrantes en su paso por el país, pero a los pocos meses ésta se volcó a la militarización. A mediados de 2019, el gobierno del expresidente Donald Trump utilizó tácticas de presión y amenazas contra el gobierno mexicano para obligarlo a contener el flujo migratorio. Una de estas fue el amago de imposición de aranceles del 5% a todos los productos importados desde México, con la posibilidad de aumentarlos hasta un 25% si el país no tomaba medidas fuertes para detener la migración.
Ante las tensiones, el gobierno de López Obrador aceptó en junio de 2019 el Acuerdo de Migración México-Estados Unidos, que incluía como principal compromiso el despliegue de elementos del Ejército y la Guardia Nacional.
Desde entonces, el despliegue militar en las fronteras se ha multiplicado. El 2022, año con más muertes, también fue el año con más despliegue: más de 11 mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional custodiaron la frontera norte, casi el doble de militares que en 2019, cuando inició el plan.
El alambrado y los contenedores forman un muro improvisado en la frontera de Texas.
Foto: Justin Hamel/Lighthouse Reports
Especialistas consultados coinciden en que las políticas de contención no detienen el flujo migratorio y, al contrario, que políticas como Lone Star y la militarización en México influyen indirectamente en el aumento de las muertes.
Margarita Núñez Chaim, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, denuncia que México utiliza una estrategía de desgaste y persecución con la que busca evitar que las personas migrantes lleguen a la frontera norte.
“La intención es hacer más difícil el trayecto, y eso conlleva a hacerlo más letal para las personas”, explica.
Jerónimo del Río García, investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, destaca que la militarización de la política migratoria en México ha detonado un incremento de las violaciones a derechos humanos: persecución, abuso de poder, tratos crueles. Factores que influyen indirectamente en las muertes.
“La política migratoria tiene una lógica militar de combate al enemigo. Esto se ha trasladado en tratos más severos y crueles en contra de la población migrante, lo que ha hecho que tengan que optar por rutas alternativas con una serie de riesgos. Digamos que no es que las Fuerzas Armadas provoquen directamente el ahogamiento, pero sí es un factor que influye indirectamente”, concluye.
Una familia migrante intenta cruzar el Río Bravo, pero son obligados a regresar a México.
Foto: Miriam Ramírez
Emigrar en familia
Carolina se resiste a entrar a las aguas turbias del Río Bravo. Nicaragüense. 27 años. No sabe nadar y la corriente fluye con fuerza. Junto con ella están sus dos pequeños hijos, Kylian, de tres años, y Noel, de apenas dos meses. También se halla su hermano Alexander, de 30 años.
Es lunes 22 de agosto de 2022 y se encuentran frente al afluente que divide a México de Estados Unidos; a Piedras Negras, Coahuila, de Eagle Pass, Texas.
La familia ha viajado por más de 20 días. Salieron de Managua, cruzaron Honduras, después Guatemala y más tarde atravesaron México. Caminaron cientos de kilómetros. Con el paso llegaron las extorsiones, los robos, el hambre y las enfermedades.
Ellos tenían un plan. Apenas seis meses atrás, el esposo de Carolina arribó a Estados Unidos. Consiguió un trabajo en Las Vegas, Nevada, y se preparó para recibir al resto de su familia. En Nicaragua ya no era seguro vivir. Él afirma que participó en protestas civiles contra el gobierno de Daniel Ortega y su activismo provocó el acoso y amenazas de hombres armados que vigilaban de cerca el hogar de la familia.
Ahora, con el calor de verano y frente al río, los traficantes mexicanos apuran a la familia. El hermano de Carolina toma en sus brazos a Kylian y ella sujeta fuertemente a su bebé, Noel. Se sumergen en el río.
Las aguas le arrebatan a Kylian y arrastran su cuerpo sin vida hacia Piedras Negras. El bebé Noel se hunde por varios minutos. La corriente del río lo regresa aún con vida, pero fallece un mes después en un hospital de Texas.
En 2022, el mismo año en que ocurrió la muerte de Kylian y Noel, otros 16 menores de edad murieron en el río. Este fue uno de los años en los que se registró el número más alto de niñas y niños ahogados.
Durante el periodo revisado se documentó que 75 menores de edad perdieron la vida en su intento por cruzar el Río Bravo. La mayoría de las muertes se concentraron en un rango de edad de entre 8 y 17 años, sin embargo, también existen ahogamientos de bebés de meses a 4 años.
Una familia migrante recorre el margen del río en busca de un hueco por dónde ingresar a Estados Unidos. Foto: Justin Hamel/Lighthouse Reports
Familias migrantes caminan a lo largo de kilómetros de alambrado y contenedores. Foto: Justin Hamel/Lighthouse Reports.
Alberto Xicoténcatl, defensor de derechos humanos y director de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, señala que las familias migrantes están expuestas a un nivel de vulnerabilidad más alto. En su trayecto, los niños y niñas enferman y llegan a la frontera debilitados física y emocionalmente. Por su corta edad, carecen de habilidades físicas para nadar en el río y atravesar la fuerza del caudal.
“Estamos más familiarizados con la migración de hombres, pero en los últimos años ha aumentado el número de mujeres y de niños y niñas migrantes. Es decir, familias completas. Estas poblaciones son más vulnerables a morir ahogadas en el río”, advierte.
Xicoténcatl considera que, regularmente, las mujeres son las que se encargan de cuidar y cargar a los niños y niñas mientras cruzan el afluente, lo que las coloca en una condición más vulnerable y eleva sus posibilidades de perecer.
Especialistas consultados coinciden en que la migración de familias completas que son expulsadas de sus países de origen y obligadas a migrar en entornos de alto riesgo obedece a factores como crisis económicas, políticas, ambientales, de inseguridad y el aumento de la pobreza laboral en sus países. Este fenómeno se profundizó a partir de la pandemia de Covid-19.
México es uno de los principales expulsores de personas. Un tercio de los migrantes muertos en el Río Bravo eran mexicanos que intentaban llegar a Estados Unidos. En la tabla de cifras, México ocupa el segundo lugar con más registros de ahogamientos, solo por debajo de las personas no identificadas. Guatemala y Honduras ocupan el tercero y cuarto lugar.
Aunque los decesos por ahogamientos se concentran en migrantes originarios del llamado triángulo norte de Centroamérica, a partir de 2021 hay un marcado incremento de personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia.
Video: Paola Reyes
Coahuila, otro muro
La mañana del domingo 7 de enero, Jonathan, un migrante hondureño de 40 años, tomó un autobús en Monterrey, Nuevo León, con dirección a Piedras Negras, Coahuila. Cuatro horas después de partir, su viaje fue interrumpido en un punto de control migratorio ubicado a las afueras de Monclova, a 235 kilómetros de su destino.
Autoridades de la policía estatal de Coahuila y Migración lo bajaron del autobús. Él demostró que tenía una cita en el puerto de ingreso a Eagle Pass, ubicado en Piedras Negras. La había obtenido a través de CBP One, la aplicación que permite solicitar asilo e ingresar legalmente a Estados Unidos, y estaba fechada para la tarde del 9 de enero. Pero esto no le sirvió: las autoridades lo retuvieron durante dos días. Jonathan asegura que en este retén le robaron la ropa, el dinero, su celular, y le rompieron los documentos de la cita.
Las autoridades lo liberaron el martes por la mañana, pero le impidieron tomar otro autobús. “Si es de Dios, vas a llegar”, le dijeron con sorna. Jonathan llegó caminando a Monclova y logró comunicarse con su familia en Honduras. Les pidió una transferencia económica para pagar seis mil pesos a un traficante local que lo llevara a Piedras Negras. Al final, el esfuerzo fue inútil, arribó una hora tarde a la cita. La perdió.
Desde enero de 2023, cuando se habilitó la aplicación de CBP One, la mayoría de las personas migrantes que llegan a México tienen como único objetivo conseguir una cita de asilo. Ahora, Jonathan aguarda por una nueva fecha en un albergue de nombre Frontera Digna, en Piedras Negras. Han pasado dos meses desde que perdió la cita.
Jonathan perdió su cita de CBP One porque fue retenido por la policía estatal de Coahuila. Foto: Paola Reyes.
“Las personas que estamos aquí en el refugio perdimos la cita por las autoridades o por la maña (el crimen). Ellos son los únicos dos culpables. Si las autoridades no quieren migrantes en el país ¿para que te hacen eso?, ¿para que te dejan aquí?”, cuestiona.
La persecución de migrantes en Coahuila se ha incrementado desde mediados de 2023. El tránsito por la entidad es obstaculizado por la Guardia Nacional, el Ejército, el Instituto Nacional de Migración, la policía estatal de Coahuila y el crimen organizado.
En la frontera norte, la Guardia Nacional triplicó sus puntos de control migratorio. De julio de 2019 a julio de 2024, los llamados “puestos de rescate humanitario” se incrementaron de 13 a 41.
Niñas y niños toman clases mientras esperan por una cita en un albergue de Piedras Negras.
Foto: Paola Reyes
En el albergue, junto con Jonathan, cientos de niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes aguardan por una cita de CBP One. Nadie sale del refugio. Si el personal de Migración los detiene, incluso fuera del albergue, los regresa a la frontera sur de México, a Chiapas o Tabasco.
Isabel Turcios, madre católica directora del albergue Frontera Digna ubicado en Piedras Negras, explica que la persecución en Coahuila se reforzó a mediados de 2023, cuando el flujo migratorio colapsó a la ciudad. Ese año, casi 90 mil migrantes llegaron a la frontera del noreste de México.
La religiosa recuerda que los migrantes se movilizaron alertados por las políticas restrictivas de Texas. En diciembre de 2023, el gobierno de Greg Abbott promulgó la Ley SB4, que criminaliza el cruce ilegal entre México y Texas y lo convierte en un delito estatal con penas de hasta 20 años de cárcel.
En los márgenes del Río Bravo es común encontrar ropa, zapatos y objetos perdidos de personas migrantes.
Foto: Miriam Ramírez
La legislación entró en vigor en marzo de 2024, pero la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente su aplicación mientras resuelve diversos amparos promovidos por el gobierno federal y grupos de defensa de derechos humanos.
La crisis migratoria de 2023 provocó que el gobierno de Texas presionara al de Coahuila con amenazas de suspender relaciones comerciales entre ambos estados.
La madre Isabel Turcios denuncia que en Coahuila se ha incrementado la persecución de migrantes. Foto: Paola Reyes.
“Se unieron tanto el gobernador de allá (Texas) como el de acá (Coahuila), para poner restricciones; pusieron más retenes en la carretera y es más controlada la migración. Es más difícil”, advierte la religiosa.
Se buscó al INM, Sedena, Guardia Nacional y al gobierno de Coahuila para conocer su postura al respecto. El INM sólo respondió una de seis preguntas en la que dijo que implementa campañas de prevención en redes sociales. La Sedena se negó a responder porque argumentó que solo actúa como auxiliar del INM.
El gobierno de Coahuila reconoció que mantiene un operativo de “regulación y contención migratoria” en los 14 municipios que conforman la ruta migratoria en la entidad. Defendió que dichos operativos son apegados a derechos humanos y que la Policía Estatal de Coahuila respeta el libre tránsito de migrantes con citas confirmadas en la aplicación de CBP One.
Miedo en el río
Juan José llega al borde mexicano del río pero se niega a terminar de salir por temor a ser detenido y deportado. Les reclama a los militares de la Defensa Nacional que apenas un día antes unos soldados lo golpearon, le robaron la ropa y el celular. “Usted me deporta”, le dice a uno de ellos, “disculpe lo que le voy a decir: la verdad yo no confío en usted”. El uniformado insiste: “no todos somos iguales. Confíe en nosotros, no lo vamos a deportar”. Juan José no acepta: “Ya me golpearon, me robaron. No digo que ustedes, pero fue el Ejército”. La frustración es evidente. No sabe qué hacer. A sus espaldas, los militares texanos se mantienen alerta a sus movimientos. Frente a él, los mexicanos intentan negociar su salida del río. Después de 10 minutos de negociación, Juan José accede a abandonar el río por completo, el soldado mexicano cumple con su palabra y lo deja retirarse. Fue una excepción entre los 4 mil migrantes detenidos diariamente por el gobierno mexicano. Quizá influye la presencia de estos periodistas que observan y graban la discusión. Juan José apresura el paso y desaparece entre las calles fronterizas.