“¿Cómo le llaman?”, pregunta Tranquilina, fundadora del colectivo Unión de Familias Resilientes de Morelos, “¿tugurio, discoteca, salón? Fuimos adonde había infinidad de niñas, pero vine horrorizada por todo lo que vi, especialmente donde me dieron la pista. No pude localizar a mi hija; estuve observando para ver si era una de ellas. Tengo que regresar porque traigo la espina todavía”, asegura.

La falta de investigación y los cambios continuos de ministerios públicos y de policías de investigación en los casos de desaparición retrasan el proceso y lo vuelven revictimizante, critica Tranquilina. A eso se suman las amenazas por buscar verdad y justicia, el temor y la falta de confianza en las instituciones por su evidente corrupción y colusión con el crimen organizado.

“No saben si ya no tiene vida mi bebé o si en estos ocho años la han estado explotando. No hay una búsqueda real, sólo oficios y oficios”, reclama.

En gran parte de los casos, las investigaciones empiezan cuando las víctimas escapan de la explotación y logran denunciar ante las autoridades. Del 1 de enero del 2018 al 31 diciembre del 2022, autoridades del fuero común y federal han contabilizado 2 mil 693 mujeres, adolescentes y niñas víctimas de trata de personas en distintas modalidades.

Los estados mexicanos tienen registradas 2 mil 356, de las cuales 720 son niñas y adolescentes, 821 son mujeres de más de 18 años, y en 815 no se especifica la edad. Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoce 337 afectadas por modalidades de trata de personas: 96 menores, 17 mayores de edad y en 224 casos restantes se desconoce la edad.

Para este reportaje se realizaron solicitudes de transparencia a los 32 estados de la República y a la Federación. La calidad de la información no fue homogénea. En algunos estados entregaron datos ordenados y divididos por año, en otros generalizaron los periodos. En Nayarit se venció el tiempo obligado para responder e ignoraron la solicitud, mientras que en Veracruz y Querétaro se negaron a brindar la información. El primero contestó que no encontró “ningún registro que coincida con lo solicitado”; Querétaro alegó que los datos eran públicos y dirigió a la consulta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, en esa estadística no se halla la información requerida.

Búsqueda sin tregua

Margarita García pertenece al colectivo Regresando a Casa Morelos y es la voz de una familia que logró recuperar a su ser querido con vida. Rubit, su hija, escapó y sobrevivió a la trata de personas después de ser explotada sexualmente por seis años.

En el estado de Morelos les hablaba de mi hija y me decían que eso no era cierto, que en Morelos no hay trata de personas. Nadie quería levantar mi denuncia. La persona que me atendió me dijo: 'me siento incompetente porque no sé qué hacer con su caso'. Puse la denuncia y me dijeron que no se podía hacer gran cosa", rememora Margarita.

Ella ya no busca a su hija pero sí justicia, seguridad para su familia y garantía de no repetición. Se estremece al recordar a Rubit como víctima de una familia de explotadores que la tuvo cautiva en Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y posteriormente la llevó sin documentos a Estados Unidos, país en el que logró escapar y denunciar en 2016.

"Me dicen que mi hija es víctima de trata, sí, pero también la desaparecieron. Yo tuve la dicha de encontrarla con vida". Rubit no ha visto a su familia desde que escapó de sus captores, no puede viajar y su madre no tiene los recursos ni documentos para visitarla en Estados Unidos. "Mi hija no puede venir a México porque está amenazada de muerte, al igual que todos nosotros".

En junio del 2021 arrestaron a uno de los hombres involucrados en el rapto y la explotación de Rubit, pero tras 15 días en prisión presuntamente se ahorcó. “No tenemos justicia, al quitarse la vida, ellos ya no quieren investigar más. Quisieron cerrar la carpeta de investigación cuando hay nombres y direcciones de los responsables”, reclama Margarita.

Otro caso. Guadalupe Pamela Gallardo Volante tenía 23 años cuando desapareció el 5 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México, desde entonces su familia no ha dejado de buscarla en las zonas del Ajusco, sitio donde fue vista por última vez, y en los estados próximos como el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. De acuerdo con la familia, una línea de investigación sitúa a Pamela como víctima de trata de personas.

Durante los años que han pasado tras la ausencia de la joven, hasta finales del 2021, su caso tuvo 20 cambios de funcionarios, dos subprocuradores, tres coordinadores de investigación en delitos de género, más de 400 peticiones de búsqueda ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, 43 reuniones con el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, un contador de días de ausencia en el exterior de la Fiscalía de la Ciudad de México, reuniones con colectivos, veladas de apoyo, murales y manifestaciones pacíficas, pero Pamela sigue desaparecida.

Los gastos para la búsqueda de Pamela provienen del trabajo de los integrantes de su familia, de sus padres y sus dos hermanos. “Las familias estamos en quiebra y la Fiscalía en austeridad”, afirma un miembro del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, de quien se protegió su identidad para evitar alguna represalia.

Mi hija no se extravió, a mi hija se la llevaron”, dice María del Carmen Volante, “no trabajan en conjunto cuando detrás de la trata pueden estar nuestros hijos desaparecidos... ¿qué hacemos como familias? Unirnos y buscar. Contra sus redes de corrupción, nuestras redes de autodefensa. Contra sus redes de trata, nuestras redes de familias”.

En la búsqueda de Anagisel Castañeda Domínguez, vista por última vez en Tijuana el 3 de diciembre del 2019, su madre Claudia Domínguez se ha trasladado a los municipios de Baja California, visitando zonas rojas, esperando encontrar una pista que la lleve a su paradero. “Me he unido con compañeras, pero me da miedo porque tengo más familia y todo eso es una mafia. No me siento segura, eso me detiene un poco porque estamos en peligro. Cada vez es más difícil”, relata.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda sólo reconoce la desaparición de una mujer chilena, de 30 a 34 años, vinculada al delito de trata de personas y a dos hombres más como víctimas. 10 estados concentran el 65% de las desapariciones de mujeres: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Sinaloa.