Las acusaciones contra elementos de las Fuerzas Armadas en retiro que laboran en el Instituto Nacional de Migración (INM) se acumulan por una decena de estados. En una de ellas se advierte que un grupo de personas migrantes retenidas en el punto de control “El Desengaño”, en los límites de Sinaloa y Sonora, fueron encerradas en una base militar durante tres días.

La orden habría salido del titular de la oficina de representación del INM en Sinaloa, Genero García Wong, un contralmirante retirado de la Secretaría de Marina, uno de los rangos más altos.

El marino, se dice, instruyó llevar a los migrantes a la base y esperar varios días. Reunió a un grupo más amplio de personas y las trasladó a la estación migratoria de la zona sur de Sinaloa, a casi cinco horas de distancia del retén.

Este funcionario, con una trayectoria de 40 años en la Armada de México, se incorporó en 2020 al INM y de inmediato comenzó a acumular quejas por abuso de poder, acoso y hostigamiento laboral, discriminación por identidad sexual, entre otros. Los reclamos brotaron en las oficinas del INM que ha dirigido: Sinaloa y Veracruz. En la actualidad se encuentra en Tlaxcala y ya hay denuncias públicas en su contra.

Se nos está dando un trato meramente militar en el que se nos ha dicho que tenemos que ser soldados al servicio de la Nación”, se lee en una de las siete quejas laborales que señalan al contralmirante.

En su primer encargo en la oficina local de Sinaloa, a García Wong se le acusó de generar un ambiente de trabajo hostil, imponer jornadas laborales de más de 15 horas, suspender días de descanso por más de dos meses y dar un trato militar al personal civil.

Las quejas narran situaciones de discriminación como la de una empleada transexual que se identificaba como mujer y se desempeñaba en labores de limpieza en la oficina del INM. “Le dijo que si quería trabajar en la oficina debía vestirse como lo que es, un hombre”, se cuenta en una denuncia colectiva de 2020 que da detalles de cómo el acoso obligó a la mujer transexual a presentar su renuncia.

Entre marzo y agosto de 2020, en el pico más alto de contagios por la pandemia de Covid19, el contralmirante se habría negado a establecer protocolos de sana distancia, rechazaba certificados médicos de personal no apto para laborar en pandemia y acusaba la falsificación de pruebas Covid positivas. El personal contagiado era obligado, reclaman, a trabajar mientras estaba enfermo.

Al menos en cuatro quejas distintas se le hace responsable por un contagio masivo de Covid en las oficinas de migración en Mazatlán, el cual derivó en la muerte de un agente migratorio y los padres de otros dos empleados, se acusa.

En el Estado de México, José Luis Chávez Aldana, un General brigadier, Diplomado del Estado Mayor, dirigió una red de corrupción en la que estaban involucrados ocho directivos, jefes y coordinadores de áreas. Era su segundo cargo migratorio. Meses atrás había sido removido de la oficina de Puebla con acusaciones de extorsión a migrantes: les exigía una cuota de 100 dólares por persona para liberarlos.

El militar no fue despedido ni procesado. En vez de eso, echaron mano de un programa de rotación de mandos y lo reasignaron a la oficina del Estado de México. Lo acompañó su equipo cercano. A partir de ahí comenzó una nueva estrategia de corrupción.

Cada viernes, una exfuncionaria que había sido despedida del INM en Puebla llegaba a la oficina de Toluca, Estado de México, y se sentaba en un escritorio junto al despacho del general. Entre ambos autorizaban expedientes con documentos apócrifos de personas extranjeras que en menos de una hora conseguían una visa de residencia permanente bajo el concepto de “unidad familiar”, un trámite que se entrega a quienes tienen hijos en el país o se casan con personas mexicanas.

Los documentos también eran validados por la subdirectora de regulación migratoria, los jefes de trámite y archivo migratorio y el encargado de biometría.

En cuatro meses la oficina del Estado de México autorizó 99 visas irregulares para personas de origen chino, colombiano, venezolano y cubano. Todos los documentos se sustentaban en actas de nacimiento o de matrimonio expedidas en la oficina del Registro Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, a unos 400 kilómetros de Toluca.

La red de corrupción empezó a resquebrajarse a principios de 2022. Una denuncia anónima puso en alerta a altas autoridades del INM. En una revisión aleatoria a las visas entregadas, se encontraron expedientes inexistentes y otros con documentación falsa. Ocho funcionarios involucrados presentaron sus renuncias de forma “voluntaria”.

El 11 de abril de 2022, el INM notificó al Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional lo ocurrido. Solicitó la baja del general ante el Instituto y requirió una propuesta para reemplazarlo. De acuerdo a los documentos revisados, esta investigación aún se mantiene abierta y no se ha impuesto ninguna sanción al militar.

Estuvo enterado y permitió una serie de irregularidades en los trámites migratorios, incurriendo en el delito de tráfico de personas, al autorizar y expedir documentos indebidos en favor de migrantes, en complicidad con ocho servidores públicos adscritos a la misma oficina, entre ellos, algunos que el propio general había traído de la oficina de Puebla donde anteriormente fungió como titular”, - se detalla en la tarjeta informativa entregada a la Sedena.

En Jalisco, otro general brigadier, Juan Saucedo Almazán, fue denunciado en tres ocasiones por empleados de migración que acusaron un ambiente hostil de trabajo, actitudes misóginas, déspotas y acoso laboral. Al general se le señala de provocar la renuncia de 14 burócratas desde su llegada al cargo.

En este expediente destaca una carta enviada por el general al OIC, en la que se deslinda de cada acusación. En su defensa, Saucedo Almazán reconoce las renuncias pero responsabiliza a los exempleados por no resistir el aumento de trabajo con la llegada de caravanas migrantes a la entidad.

Jerónimo del Río García, investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), asegura que hay un cambio radical en la política migratoria mexicana a partir de la incursión de las Fuerzas Armadas en el Instituto Nacional de Migración.

El investigador enfatiza que los nombramientos de militares en puestos de mando del INM fortalecen una perspectiva de seguridad en la política migratoria y favorecen la criminalización de las personas migrantes.

En mayo de 2022, la FJEDD presentó el informe Bajo la bota, el cual documenta que la participación militar en la política migratoria ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a solicitar y recibir asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, discriminación racial, violencia contra las mujeres y el uso excesivo de la fuerza como una estrategia intimidatoria.

El INM es una institución que tiene una naturaleza civil y, por lo tanto, que en altos cargos esté un personal que viene de una formación castrense suele ser muy problemático”, - explica Del Río García.

Además de diversas violaciones a los derechos de los migrantes, la militarización del INM también se refleja en un incremento de las confrontaciones entre personal civil y mandos militares, recuerda el investigador.

Desde mediados de 2019 se han nombrado a militares en retiro en puestos de mando en el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con el INM, 16 militares permanecen al frente de las delegaciones estatales en Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En Veracruz, un contralmirante y un capitán retirados de la Armada de México, fueron denunciados por cuatro empleadas del INM que describieron situaciones de hostigamiento laboral y acoso sexual, respectivamente.

En 2020, el contralmirante dirigía la oficina y el capitán era su segundo al mando. A ambos se les señala por diversos actos de acoso a las mujeres. Las denuncias muestran que el capitán repetía un patrón. Primero, aplaudía las capacidades profesionales de sus subordinadas y les ofrecía un ascenso laboral; luego comenzaba el acoso sexual con comentarios sobre su apariencia física, vestimenta y relaciones sentimentales. También les hacía invitaciones a tener encuentros privados, pero cuando las mujeres rechazaban sus insinuaciones, la oferta de ascenso desaparecía e iniciaba un hostigamiento laboral que era permitido por el contralmirante.

En este caso no se logró confirmar el nombre del capitán acusado, pero los hechos ocurrieron mientras que Raúl Paredes Hernández, un contralmirante retirado, era titular de la oficina.

Siempre me quiere saludar de beso, me sigue invitando a salir, le tuve que inventar que tengo novio; me dice aunque sea como amigos, le digo que no puedo y entonces, casualmente, aparezco en la lista del operativo”, - acusó una trabajadora en referencia a un castigo.

Para todo quiere que suba a su oficina y siempre me quiere saludar de beso. Nada más me pregunta cosas de mi vida privada, si tengo novio, que si tal o cual ropa se me ve bien, - reclamó otra mujer. “Tengo miedo de que por no acceder a sus invitaciones ni siquiera renueve mi contrato”.

Una de estas denuncias fue narrada por una empleada que durante meses enfrentó el acoso sexual, luego el hostigamiento laboral y finalmente fue obligada a firmar una “renuncia voluntaria”.

En este caso intervino la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instancia que ordenó al INM medidas de protección para la empleada, su reubicación a otro espacio laboral y dejar sin efecto la renuncia que firmó bajo presión.

Entre los 118 expedientes revisados hay 42 quejas en las que se acusa el cobro de cuotas ilegales por trámites de visas de residencia permanente, visas por oferta de empleo y visas humanitarias en oficinas del INM de todo el país. Los civiles tienen un papel clave.

Los cobros ilegales para visas de residencia están focalizados en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo. Dos de las grandes entradas de turismo internacional. Los afectados, en su mayoría, son residentes canadienses y estadounidenses, que pagan desde 250 hasta 50 mil dólares según el trámite.

También hay denuncias similares en las oficinas de Puebla, Estado de México y Ciudad de México. El mayor porcentaje de personas afectadas son chinos, cubanos y venezolanos. En Oaxaca, Chiapas y Baja California, las quejas por cobros ilegales se dan en los trámites de visas humanitarias que pueden llegar a costar hasta 40 mil pesos. Las afectadas son personas haitianas, cubanas, colombianas y venezolanas.

En estas estructuras también participan despachos externos de gestoría migratoria que trabajan en colusión con funcionarios del INM y ofrecen agilizar los trámites migratorios a cambio de cuantiosas sumas, se lee en las denuncias.

El modelo está tan sistematizado que incluso existe un “paquete de ciudadanía mexicana” que incluye la gestión ilegal de actas de nacimiento, actas de matrimonio, cartas de trabajo, pasaporte y credenciales del Instituto Nacional Electoral. Según las denuncias revisadas, esta oferta tiene un costo que va de los 3 mil a los 25 mil dólares.

En febrero de 2023, una gestora migratoria de Playa del Carmen presentó una denuncia acompañada de 10 testimonios de residentes estadounidenses y canadienses que relataron que fueron testigos y víctimas de actos de extorsión en la oficina local del INM.