El acuerdo, anunciado a principios de marzo en la ONU, establece un proceso legal para el establecimiento de áreas marinas protegidas, herramienta clave para proteger al menos 30% del océano que una convención intergubernamental fijó recientemente como objetivo para 2030. Este tratado histórico también otorga a los países más pobres un interés en la conservación al fortalecer su capacidad de investigación y crear un marco para compartir las recompensas financieras del ADN de los organismos marinos.

La alta mar abarca 60% de los océanos fuera de las aguas nacionales. Durante décadas, los grupos ambientalistas habían abogado por proteger estas aguas de la pesca, el transporte marítimo y otras actividades. Pero el marco legal existente, basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), no establecía formas de preservar la biodiversidad en alta mar. Como resultado, solo el 1% estaba altamente protegido, principalmente en el Mar de Ross en el Océano Austral, donde se creó un área protegida en virtud de un tratado antártico.

La riqueza de nuevos medicamentos o productos químicos desarrollados a partir del ADN de organismos marinos también ha sido un punto de discusión. El tratado exige la creación de una base de datos central en la que las empresas o universidades deben registrar patentes, documentos o productos basados en muestras o datos de alta mar. Los países que utilicen secuencias de ADN o recursos genéticos contribuirían a un fondo, dependiendo de su uso, que se utilizaría para la conservación marina y para la transferencia tecnológica a otros países con menos recursos.