Ser mujer y militar en México conlleva altos riesgos de ser víctima de la violencia machista que campea en el Ejército. No existe un sitio donde las mujeres militares puedan estar completamente a salvo. El abuso, el hostigamiento y las agresiones sexuales, incluidas las violaciones, se extienden por los cuarteles, escuelas, colegios, hospitales, aduanas, bases aéreas, oficinas administrativas y agencias del ministerio público militar. Ni en sus propios dormitorios, donde se han colocado cámaras de videovigilancia y letreros para prohibir el paso de los hombres, pueden sentirse tranquilas.
Eugenia se encontraba en el consultorio de un médico militar en Sonora; Adarely en el archivo del cuartel de la 36 Zona Militar en Tapachula, Chiapas; Naybeth, en el despacho del comandante del pelotón de intendencia del Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua; las mujeres del batallón de ingenieros, en su dormitorio del cuartel de Jamay, Jalisco; Sofía, en la sede del Servicio Militar en Puebla; y un grupo de especialistas en tecnologías de la información, en instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Los casos de ellas, y muchos más de sus compañeras, muestran que las agresiones sexuales contra las mujeres militares no ocurren en algunas instalaciones castrenses en particular, en una zona determinada del país o que son aisladas. Su “patrón” es mucho más amplio: se registran en todo el país, en cualquier instalación militar y cualquier día del año.
Ser parte del Ejército mexicano no las protegió. Por el contrario, en los ataques que recibieron hubo un denominador común: en diferentes formas y grados, la rígida estructura jerárquica facilitó que un alto porcentaje de sus denuncias fueran descartadas y que los agresores quedaran impunes.
La revisión de medio centenar de quejas y de una veintena de denuncias penales, además de conversaciones y entrevistas con más de una decena de víctimas, dejan al descubierto un desolador panorama poco conocido sobre la violencia machista que viven las mujeres militares, y permiten mostrar los niveles de agresión a los que están expuestas en las instalaciones a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por ejemplo, según los expedientes, las quejas y las entrevistas realizadas por la autora, los hombres militares se dirigen a las mujeres con palabras denigrantes o acosadoras como “mamita”, “chiquita” o “preciosa”. También emplean estereotipos y comentarios con connotaciones sexuales sobre su cuerpo o difunden fotografías o videos íntimos de ellas sin su consentimiento.
Durante los partidos de fútbol les piden que se suban el short para verles las piernas o toman fotos de sus glúteos. Las encierran o las arrinconan en lugares sin cámaras para besarlas a la fuerza o para pedirles que les enseñen su ropa interior o tocarles los senos. Las espían cuando se dirigen a bañarse, las toman de los hombros intentando darles masajes, les pegan nalgadas si se resisten y, en los casos más graves, las drogan y ejercen su superioridad física para abusar de ellas y violarlas.
Algunos de los jefes militares las mandan llamar a sus alojamientos oficiales para tratar “asuntos de servicio” o para pedirles que hagan el aseo vistiendo ropa “sexy”. Otros ingresan a sus dormitorios durante las noches, incluso en estado de ebriedad; las sorprenden mientras ellas están dormidas para intentar tocarlas o acariciarlas.
Esta muestra de agresiones y delitos de naturaleza sexual descritos en los expedientes tiene correspondencia con los altos números de quejas y denuncias presentadas entre 2013 y 2024 en la Fiscalía Militar, en el Órgano Interno de Control y en la oficina de Atención al Hostigamiento y Abuso Sexual de la Sedena: 525, 314 y 509 casos, respectivamente.
En esta última, la principal instancia a la que se canaliza a las víctimas, había al menos 37 generales denunciados y 120 jefes de diverso rango.
La inmensa mayoría de ellos, en la impunidad. O con sanciones irrisorias.
Generales sin sentencia
¡Auxilio, ayuda!
El “asunto” del correo electrónico no podía ser más explícito: “Auxilio ayuda!!!”. Un grupo de mujeres pertenecientes al cuarto batallón de ingenieros de combate en Jamay, Jalisco, le escribió al general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de Defensa, al Observatorio para la Igualdad y a la Oficina de Atención Ciudadana de la Sedena.
En un correo fechado el 20 de abril de 2018, el grupo de mujeres, que no quisieron dar sus nombres por miedo a represalias, detallaron los abusos presuntamente cometidos por el coronel José Francisco Sáenzy un grupo de comandantes cercanos a él.
En una cuartilla, contaban que el mando militar había impuesto “un clima de terror” en el batallón: las obligaba a bañarse con agua fría y las despertaba a las 5:00 am con música de feria para iniciar con el adiestramiento. Si durante las actividades desfallecían, las arrestaba. Las arrestaba también, denunciaron, si “no lo favorecemos sexualmente”.
No conforme con eso, en las noches las mandaba llamar para que le cortaran las uñas de los pies, le “sacaran” las cejas o le aplicaran alguna mascarilla en la cara.
“Creíamos que siempre nuestras actividades serían como el resto de los hombres: obras militares, destacamentos, guardias, etc., pero la verdadera intención de los comandantes de este batallón es tener al personal femenino en plaza con la finalidad de estarlo presionando y acosando sexual y laboralmente”.
Además, se quejaban en su correo, el día de su cumpleaños el coronel irrumpió de madrugada en el dormitorio femenil y las despertó a gritos. Luego les ordenó que se desnudaran para que le cantaran Las Mañanitas. Mientras las insultaba con groserías y las llamaba “putas”, les pasaba un fuete por los senos y las entrepiernas.
“Cuando usted (secretario de la Defensa) abrió la convocatoria para que nosotras mujeres mexicanas pudiéramos ingresar al Ejército como soldados del arma de zapadores fue una gran ilusión de superarnos y crecer profesionalmente, desempeñándonos en el ámbito castrense y en igualdad de circunstancias con el personal masculino…”.
“Pero –le confesaban al secretario de Defensa–, todo ese anhelo se derrumbó”.
Y concluían con una petición: “Hagan algo por ayudarnos… hasta parece que ustedes mismos protegen y consienten este tipo de acciones. No sean cómplices de este tipo”.
El de las mujeres del batallón de ingenieros de Jamay es uno entre decenas de correos que las mujeres militares enviaban, algunas veces con tono de desesperación, a las autoridades del Ejército.
El general Luis Cresencio Sandoval González, que acababa de cumplir un año al frente de Sedena, recibió también otra denuncia enviada por correo electrónico el 9 de diciembre de 2020.
En el cuerpo del correo, un grupo de mujeres que dijeron pertenecer a los agrupamientos de Adquisiciones, Comunicación Social y Tecnologías de la Información, denunciaban que el teniente coronel Rodolfo Paz, quien estaba comisionado en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), organizaba reuniones en su alojamiento del hangar durante la media noche, unas dos o tres veces a la semana, y enviaba a su chofer por las mujeres del agrupamiento, quienes debían asistir obligatoriamente.
“Una compañera no quiere ni hablar… todos los días vivía acoso sexual no sólo del jefe, sino de todos los militares que estaban ahí. La encerraban en sus oficinas y no la dejaban salir hasta que les diera un beso o les enseñara su ropa interior. Ella está asustada, tiene una niña y no quiere denunciar, pero tiene los mensajes que le enviaban”, se lee en la queja.
Por favor, suplicaban, “hagan algo, ya no podemos más. No vamos a dar nuestros nombres porque estamos amenazadas. Por favor, tenemos hijos, necesitamos vivir. Ayúdennos. Hagan algo”.
Su petición no tuvo mayor impacto. Por el contrario, casi dos años después, el teniente coronel recibió un ascenso por haberse encargado de la construcción del edificio terminal del AIFA. Mientras él se presentó en una ceremonia para ser designado coronel de arma en noviembre de 2022, la denuncia de las mujeres fue desestimada por ser anónima.
Amenazas y coerción, así las silencian
La revisión de medio centenar de denuncias presentadas en el Órgano Interno de Control del Ejército y de una veintena de expedientes judiciales en contra de militares acusados de de diversas agresiones sexuales permite hacerse una idea del engranaje de intimidación orquestado por la estructura militar para presionar y amenazar a las mujeres que deciden denunciar los abusos cometidos contra ellas.
Los expedientes, celosamente resguardados en juzgados militares, en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos y en el Órgano Interno de Control de la Sedena, dan cuenta de los mecanismos utilizados para orillar a las víctimas a no quejarse, retractarse de sus dichos, abandonar su denuncia o, como muchas lo hacen, desertar.
La coerción puede adquirir formas distintas: algunas veces es sutil y otras resulta burda o grotesca.
Los expedientes y las denuncias revisadas contienen muestras variadas de coacción. En algunos casos en que las mujeres hicieron del conocimiento de sus superiores que iban a denunciar, los jefes les pusieron trabas, les pidieron “pensar bien la decisión” o les asignaron tareas para retrasar el trámite.
En otros más, enviaron a otros militares a intimidarlas y a decirles que tuvieran presente que el jefe “tenía contactos con los altos mandos”, las amenazaron con desprestigiarlas con testimonios falsos de soldados que dirían que se prostituían o les inventaron insubordinaciones para arrestarlas.
También existe registro de que algunos de los agresores sexuales les ofrecieron a las mujeres dinero o pagarles terapia psicológica para que no denunciaran.
Un teniente que agredió sexualmente a una soldado policía militar en julio de 2020 en una instalación de la Policía Militar, en Zacatlán, Puebla, le ofreció una “reparación del daño” para que se quedara callada porque iba a afectarlo a él y a su familia.
“Me siento intimidada, ya que en repetidas ocasiones me ha hecho mención vía telefónica y personalmente que no dé parte de lo sucedido y que si es necesario me ofrece dinero o me paga apoyo psicológico por lo que me hizo”, mencionó la joven en su escrito de denuncia, enviado al comandante regional de ese cuerpo de seguridad militar.
La agresión a una soldado peluquera
Hacía cuatro meses que Naybeth Arzate había ingresado como soldado peluquera al Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, así que apenas se adentraba en el mundo militar. Era una novata. Tenía 18 años y deseaba crecer en la institución.
No esperaba, pues, que sus planes cambiaran por completo la noche del 5 de mayo de 2018. La joven y otro compañero se encontraban en el local de la peluquería cuando pasó por ahí el mayor Carmelo Patiño Nájera, comandante del pelotón de intendencia.
Al verlo llegar, ambos soldados se colocaron en posición de firmes. El jefe militar se dirigió a la joven y le pidió que no hiciera eso, que no se humillara de esa manera porque él “era una persona como cualquiera”.
Al salir del local, el comandante deslizó una de sus manos por la parte baja del vientre de Naybeth. Cinco minutos después, regresó y la tomó del hombro. ”Estás muy bonita”, le dijo y le pidió que lo ayudara a llevar unas canastas y lo acompañara a su oficina.
Naybeth obedeció, pero se detuvo en la puerta de la oficina. Él le pidió que entrara, pero ella se negó. A gritos, repitió la orden, así que finalmente ingresó.
Una vez dentro, Patiño Nájera abrió la puerta de su alojamiento, ubicado al interior de la oficina. Le pidió a Naybeth que se sentara. Ella, acatando las órdenes de su superior, se colocó en la orilla de la cama. El jefe salió y regresó poco después con cervezas. Le ofreció una, pero ella la rechazó.
Naybeth quiso salir y le hizo ver a su superior que tenía que acudir al pase de lista de las 21:00 horas.
–¿Qué no estás viendo con quién estás? –le respondió mientras le mostraba la insignia de su grado militar, según quedó consignado en el testimonio de Naybeth integrado en el expediente TP4-005/2020.
Ella insistió y le explicó que si no acudía al pase de lista, la arrestarían. Él le pidió que lo esperara un momento y entró al baño del alojamiento. Sentada en la esquina de la cama, intentó mandar un mensaje de texto por su celular para pedir ayuda.
Un par de minutos después, el mayor salió del baño sin camisola, ni playera; con los pantalones hasta las botas, semidesnudo. Cuando Naybeth lo vio, alcanzó a gritar “auxilio”, trató de levantarse de la cama y empujarlo, pero él la sujetó de las muñecas, la tiró al piso y la violó, de acuerdo con su relato.
Aturdida, logró ponerse de pie y salir. El forcejeo le dejó moretones en los brazos, en el hombro, en la rodilla y en la espinilla, pero esas lesiones no fueron certificadas por un médico porque cuando dio parte al jefe de Estado Mayor, el general brigadier Francisco Camarena Hernández, en ese momento el responsable del Centro Nacional de Adiestramiento, éste le impidió acudir, según su testimonio, al servicio de sanidad.
El general también la amenazó. Le advirtió claramente: si ella denunciaba o hacía algo, él podía proceder en su contra. A cambio de su silencio, le ofreció arrestar al mayor como castigo por haberla atacado y violado.
“Me dijo que, en todo caso, cuánto quería por mi silencio, que podía pedir dinero, que iba hablar con el mayor, que podía pedir la suma que yo quisiera”, declaró Naybeth ante el Tribunal Militar de Juicio Oral, hechos que ratificó a la reportera.
Naybeth sabía que los obstáculos para denunciar a su agresor y el ofrecimiento de dinero para que callara tenía un antecedente y un contexto: el general que le puso trabas estaba siendo investigado a su vez por la Fiscalía General de Justicia Militar porque un año antes, cuando se hallaba destacado en Colima, había sido acusado de abuso sexual por una soldado oficinista.
“Esa noche dormí y al día siguiente traté de estar con mi familia normal, yo quería decir como que no pasó nada, que fue algo equis, pero no pude, no me dieron ganas de comer, no me daban ganas de dormir y así estuve durante un largo tiempo”, contó Naybeth durante la audiencia.
La intimidación a una soldado oficinista
Sofía,soldado auxiliar oficinista, se encontraba adscrita a la Sexta Compañía del Servicio Militar Nacional ubicada en Puebla, donde durante más de un año vivió una situación de constante hostigamiento sexual y laboral. El presunto agresor era su superior, un teniente de infantería.
El teniente, según contó Sofía en su testimonio ante el Órgano Interno de Control, le hacía llamadas telefónicas en la madrugada para invitarla a salir o hacerle propuestas indecorosas.
Intentó denunciar, pero la primera vez el oficial la amenazó con hacer que le revocaran su contrato y remató la advertencia con un mensaje: “Haz lo que quieras; una simple soldado no le puede hacer nada a un teniente”, relató Sofía ante los funcionarios del OIC.
El acoso del oficial fue subiendo de tono. En otra ocasión, la abrazó por la cintura, le tocó un seno e intentó besarla. Ella reaccionó y lo empujó. Molesto, el teniente la insultó y, después, comenzó a asignarle tareas que debía cumplir hasta tarde sin motivo alguno.
A principios de 2019 Sofía decidió no tolerar más las agresiones. Cuenta que reportó lo que estaba ocurriendo ante el capitán que fungía como comandante de la compañía, pero éste le respondió con displicencia: que no era para tanto, que no hiciera el reporte, que eso generaría supervisiones y perjudicaría a todos sus compañeros.
Sofía, de quien se omite su verdadero nombre, desistió, pero su agresor no paró y la sometía a situaciones más humillantes: frente a un par de compañeros, el teniente la tomó del cabello y la amagó: “Me das el sí por las buenas o por las malas”.
Nuevamente dio parte al capitán, quien repitió la dosis de indiferencia: que malinterpretaba las cosas, que el teniente “estaba jugando” y que si éste se comportaba así, tal vez era porque Sofía “le había dado entrada”.
Ella no cedió y le dijo a su superior que había testigos de la última agresión. El comandante la confrontó entonces con su agresor y con los testigos. Ella, llorando, le preguntó al teniente por qué le daba ese trato y le dijo que ya no aguantaba, que estaba pensando en solicitar su baja. En respuesta, sólo recibió burlas de su agresor y de los testigos.
El hostigamiento sexual cesó, pero entonces comenzó el laboral. El teniente la acusó de haber falsificado su firma en un trámite administrativo y le impuso un arresto de 48 horas. Inconforme, ella fue hablar con el capitán, quien, en vez de investigar, la atajó: “Ya te chingaste, ni modo”.
Indignada, pidió permiso para acudir al ministerio público a presentar la denuncia, pero el comandante no le permitió salir de la oficina.
Al segundo día de su arresto, se acercó a ella un militar, quien le aconsejó que se apurara a presentar la denuncia porque el capitán era muy amigo del subjefe del Estado Mayor de la 25 Zona Militar. Y éste, “iba a hacerle el paro” al teniente.
Además, le advirtió, seguramente pedirían el “apoyo” de algunos conocidos para que declararan que ella se dedicaba a la prostitución, invalidando así la denuncia por hostigamiento.
Pretendían así que callara, según contó en su queja ante el OIC, pero ella no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Y aunque el capitán trató de persuadirla nuevamente de que no denunciara, una vez que cumplió su arresto acudió al ministerio público militar.
Como medida cautelar, la cambiaron de oficina. Pero después de unos meses y cuando aún no concluía la investigación, el capitán solicitó que la regresaran a su puesto de origen.
Con miedo, temerosa de lo que podría pasar, decidió denunciar ante el OIC.Y mandó las seis cuartillas incluidas en el expediente 61/2019 con todos los detalles contados aquí.
Lo que pasa entre muros
Arrinconadas por la férrea disciplina y obediencia al superior –mantras fundamentales de cualquier estructura militar–, las mujeres se han visto obligadas a soportar no sólo las violencias sexuales; también han debido cumplir, no sin protestas, funciones que denigran su rol profesional y que las convierten, según los caprichos o deseos de sus jefes, en simples acompañantes o en lo que algunas de ellas definen como “damas de compañía”.
En una decena de casos revisados para esta investigación se encontró que las mujeres revelaban que una de las “prácticas comunes” de los jefes militares era sacarlas de sus labores habituales para que los acompañaran en sus actividades o recorridos, para que acudieran con ellos a fiestas privadas o realizaran labores de limpieza.
La situación no pasaba inadvertida para los mandos de la Secretaría de la Defensa, quienes trataban de inhibir esas conductas a través de lineamientos administrativos.
“Queda estrictamente prohibido que personal femenino se integre a las escoltas de seguridad de los CMTES (comandantes) de las unidades subordinadas”, se pedía desde 2014 en un memorándum titulado “Directiva para el trato y manejo del personal femenino” mediante el cual se buscaba impedir que las policías militares quedaran expuestas a agresiones.
Eugenia, que trabajó como soldado auxiliar durante un año y medio en la región militar de Sonora, cuenta en entrevista que el comandante de la zona militar en que estaba asignada siempre buscaba estar acompañado de una mujer, que iba alternando cada cierto tiempo, en sus viajes o actividades.
“Buscaba tener una mujer como una dama de compañía… entonces, empezó a sacarme a mí; en las noches me mandaba mensajes en doble sentido, no directos, a ver si yo aceptaba. Yo ignoraba sus mensajes y al día siguiente me trataba mal por no haberle contestado”, recuerda la exsoldado, quien ha pedido no revelar su verdadera identidad.
Una noche la mandó llamar para que acudiera a su dormitorio, ubicado dentro de su oficina; se sentía enfermo y necesitaba que alguien lo cuidara. Eugenia lo encontró acostado en la cama con una actitud que le generó desconfianza. Tenía razón. El comandante le lanzó insinuaciones sexuales.
“Luego me empezó a hablar ya de forma directa, una cosa asquerosa. Yo no cedí a lo que quería y entonces me decía: ‘ve a aquel buró, saca aquel frasco, haz esto’. Me dio varias indicaciones que realicé y cuando me acerqué a la cama, me enseñó su teléfono”.
En las imágenes aparecía ella abriendo puertas, cajones, por ejemplo, en la habitación del jefe militar. “Mientras yo realizaba esas acciones, él me había tomado fotos y prácticamente me dijo: ‘si pones alguna denuncia, aquí están las fotos donde tú estás dentro de mi cuarto’”.
A partir de ahí, dice Eugenia durante la entrevista, ya no pude, pero nunca presenté una denuncia por miedo, inmadurez, y mejor me fui. “Aunque presentes una denuncia, no va a pasar nada. Los mandos se creen dioses, saben que son intocables, tienen mucho poder y eso hace que crean que lo pueden tener todo”.
Ese fue uno de los actos de violencia machista que vivió, pero no fue el primero. En 2019 realizaba sus trámites de ingreso y debía acudir a una revisión médica para certificar su estado de salud.
Un médico con rango de mayor de sanidad la recibió en su consultorio y le pidió que se desvistiera y se colocara una bata. Ella obedeció. Se trataba de una revisión médica profesional, pero en algún momento el jefe militar comenzó a palpar sus senos de una forma indebida.
“Se puso frente a mí y me tocó los senos y me apretó cada uno; fue cuando lo quité, le dije que parara y me amenazó: ‘si tú detienes esta revisión médica, no vas a causar alta, en ti queda si quieres seguir o pierdes tu derecho a ingresar al Ejército”, recuerda.
Eugenia logró ingresar al ejército y la adscribieron a la zona militar de Sonora; ahí continuó presenciando y padeciendo agresiones machistas hasta que un día entendió que es un sistema abusivo que jamás cambiaría y decidió causar baja.
“Ahí, tú estás sola porque quienes te están hostigando son los comandantes, a ellos nadie los detiene, no hay nadie que te defienda”, lamenta.
La pretensión del comandante de la zona militar de que Eugenia fuera una especie de “dama de compañía” es sólo una más de las facetas que adquiere la violencia contra las mujeres en los cuarteles.
De hecho, agresiones como el abuso sexual y las violaciones ocurren en los alojamientos de las comandantes, donde éstos organizan fiestas o reuniones.
Una denuncia de una joven de 24 años ante la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS) da cuenta de los excesos que se cometen en esos espacios.
En su testimonio contó que en febrero de 2022 acudió con otras compañeras a las instalaciones del 25 Regimiento de Caballería Motorizado en Tamaulipas, donde prestaba apoyo administrativo. Ese día se había organizado una reunión entre algunos jefes y oficiales, al que acudieron ella y otras compañeras.
Se les ofreció cerveza y después de tomar apenas dos tragos perdió el conocimiento. Al día siguiente despertó en una habitación distinta, semidesnuda y con el cabello mojado.
“Me sentía asustada, débil, cansada, mareada, con el cuerpo adolorido”. Luego, se fue a su dormitorio y le preguntó a su compañera sobre lo sucedido, pero ésta no sabía nada.
Regresó por sus cosas a la habitación donde había despertado y le avisó a su familia de lo ocurrido. La madre de la joven intentó hablar con el general a cargo, pero no la dejaron verlo.
En el expediente administrativo 285102-17 quedó anotado que la joven fue canalizada al Centro de Atención y Tratamiento Integral con Perspectiva de Género por “probable agresión sexual”.
Así. Nada más. Nada distinto de lo que ocurre con otras mujeres. Son jóvenes, apenas reclutas. A la estructura jerárquica no le importan mucho estos casos.
