El general Luis Cresencio Sandoval se hallaba en inmejorables condiciones a fines de mayo de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo había respaldado públicamente una y otra vez y le había entregado carta blanca para que el Ejército desarrollara sin límite ni supervisión alguna las obras prioritarias de su gobierno: la refinería Dos Bocas, el nuevo aeropuerto, la operación de la línea aérea Mexicana y el Tren Maya, por ejemplo.
El general Sandoval disfrutaba de un poder incuestionable no sólo porque era el titular de las fuerzas armadas, sino por el papel que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) desempeñaba en el régimen obradorista.
Así que su encuentro con quien encabezaba en esos días al Poder Judicial no era una cita cualquiera. Trataría con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, asuntos que le interesaban al jefe del Ejército.
No eran muchos. Unos seis temas, de acuerdo con una tarjeta localizada en los correos filtrados por los hacktivistas del grupo Guacamaya. Pero entre ellos había uno muy delicado: el caso de otro militar de alto rango, el general Brigadier Diplomado de Estado Mayor Eustorgio Villalba Cortés.
En esos días, Villalba Cortés estaba siendo procesado por delitos sexuales: la violación de tres subordinadas militares y el hostigamiento y abuso sexual de dos más, que presuntamente cometió cuando era el comandante general de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Para la cúpula del Ejército no se trataba de interceder por el caso de un militar más, sino por uno de los suyos. Villalba Cortés era un general de amplia trayectoria que en 2015 había recibido del entonces presidente Enrique Peña Nieto el ascenso a general brigadier y que en febrero de 2018, poco antes de que ocurrieran los hechos denunciados por sus subordinadas, había sido condecorado con la Medalla de la Legión de Honor por cumplir 30 años de servicio.
El expediente, en ese entonces, había pasado a la justicia del fuero civil porque un juez federal consideró que los delitos señalados no estaban relacionados con la disciplina militar.
Ante ello, la defensa de Eustorgio Villalba presentó un recurso de revisión mediante el cual se solicitaba que el caso regresara a la justicia castrense, pues “al haberse afectado la disciplina militar con los hechos materia de acusación”, los tribunales militares eran los competentes para resolver.
Así que el general Luis Cresencio Sandoval agendó una cita con el ministro Zaldívar para que permitiera que el general Villalba Cortés fuera juzgado en el fuero militar. En las tarjetas que le preparó su equipo se sugería al comandante de las fuerzas armadas que:
“SE SOLICITE AL C. PDTE. DE LA SCJN que se admita el recurso de revisión y se resuelva que los hechos son de la competencia del fuero militar, en razón de que este tipo de conductas sí afectan la disciplina militar”.
El general buscaba que esta carpeta, una de las 525 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Militar por violación, hostigamiento y abuso sexual entre 2013 y 2024 se resolviera dentro del terreno judicial castrense.
Se trataba de impedir que el prestigio del Ejército quedara lastimado por lo que internamente se reconocía desde hace tiempo: en los cuarteles, en las oficinas, en las guarniciones militares, en los hospitales del sector, en los juzgados castrenses, había una preocupante violencia machista que ya no podían minimizar ni esconder.
El caso del general Eustorgio Villalba Cortés no era, ni mucho menos, único. Ni aislado.
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El alto número de quejas, denuncias y carpetas de investigación por delitos de índole sexual cometidos por militares constituye un indicador de que existe un machismo estructural que recorre sus filas y de que la protección de los jefes y de la institución se encuentran por encima de las mujeres violentadas.
Los altos mandos se escudan en las doctrinas de obediencia y subordinación, así como la disciplina para incentivar el encubrimiento entre los oficiales, allanando con ello el camino hacia la impunidad.
Las víctimas, subordinadas a la disciplina militar y sometidas a un machismo sistémico, son orilladas a callar ante el temor de las represalias. El miedo evita que muchas de ellas denuncien públicamente a sus agresores.
Aunque para esta reportaje se contactó a una veintena de mujeres que denunciaron ser víctimas de algún tipo de violencia machista y se sostuvo una conversación con al menos 12 de ellas, sólo seis accedieron a compartir sus testimonios (cuatro de ellos en forma anónima). Algunas de ellas simplemente dejaron de contestar y otras se negaron a realizar una entrevista por temor a que pudieran estar intervenidas sus comunicaciones: correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales.
La revisión hecha a 50 investigaciones del Órgano Interno de Control del Ejército, una veintena de expedientes judiciales y las denuncias presentadas ante la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS) contenidas en los correos filtrados por el grupo Guacamaya, hablan de una institución intoxicada por un machismo que tolera y encubre la violencia contra las mujeres que forman parte del Ejército.
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Era el 15 de marzo de 2018 y Dora, cuyo nombre real ha sido omitido para proteger su identidad, acababa de vivir un suceso que la había dejado “paralizada”.
A eso de las 10 de la mañana, el general Eustorgio Villalba Cortés, un hombre de 50 años, la mandó llamar para que limpiara su oficina en la Jefatura de Estado Mayor de la Octava Zona Militar, ubicada en Reynosa, Tamaulipas.
Al terminar la tarea que su superior le asignó, Dora se acercó a darle parte y éste le extendió la mano para agradecerle. Mientras le decía que era “muy bonita” le hizo una caricia en la mano que la hizo sentir “muy incómoda”.
Luego la jaló para abrazarla y comenzó a tocarle los glúteos. Ella intentó zafarse, pero no pudo. “Estaba en shock”.
Finalmente, el general la soltó e intentó justificarse: “Discúlpame, yo no soy así, pero tú eres muy bonita. No puedo controlar mis impulsos”. Dora salió inmediatamente de su oficina.
Cinco días después, el general la llamó de nuevo a su oficina. Eran las 11.00 de la mañana y Dora entró “con miedo” al percatarse que estaba solo. Él le pidió que cerrara la puerta y se sentara. El general se levantó y se dirigió hacia ella. La soldado, por el temor, hizo lo mismo.
El general Villalba, que medía 1.78 de estatura, se abalanzó sobre ella, jalándola del brazo hacia él para comenzar a tocarla. La soldado intentó zafarse y comenzó el forcejeo para no permitir que metiera sus manos por debajo de su ropa, pero se impuso la fuerza de él.
La empujó con violencia hacia el alojamiento y la llevó a la cama, donde finalmente la violó, según declaró la propia Dora durante el juicio oral TMJO/036/2019.
Mientras la atacaba sexualmente, alguien tocó la puerta de la entrada principal de la oficina, que tenía puesto el seguro. Villalba aventó a Dora y le pidió que se fuera a esconder al baño. Él, que estaba desnudo, se puso un short y una playera verde para abrir la puerta.
En esos momentos, su mente “estaba paralizada” y ella se encontraba “en shock”. Como pudo salió de la oficina, pero no le dijo a nadie lo que había ocurrido.
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Para varias de las mujeres militares obligadas por sus funciones a tener tratos con el general Villalba Cortés el periodo marzo-mayo de 2018 no fue fácil de sobrellevar.
Jóvenes, de reciente ingreso, con el grado más bajo dentro de la tropa y con aspiraciones para hacer una carrera militar, se toparon con una realidad que no habían imaginado.
Cinco de ellas denunciaron haber sido agredidas sexualmente por el general Villalba en ese periodo. Y luego de varios meses y dudas sobre si debían o no presentar una acusación formal por las dificultades y las represalias que podrían experimentar por actuar legalmente contra un alto mando militar, decidieron hacerlo.
El 2 de junio de 2018 se presentaron ante el Ministerio Público Militar. Dos semanas después, la Fiscalía General de Justicia Militar le imputó al general Villalba los delitos de violación y abuso sexual cometidos en contra de tres soldados, desestimando las otras dos denuncias por abuso sexual al carecer de lo que calificó como “pruebas irrefutables”.
El 20 de junio se le impuso prisión preventiva oficiosa y el general Villalba fue internado en una prisión del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México.
Casi un año después, el 20 y 21 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia ante un Tribunal de Juicio Oral de la Primera Región Militar.
A pesar de los testimonios y dictámenes presentados por la propia fiscal militar y las abogadas de las soldados agredidas, los integrantes del tribunal llegaron a una conclusión inesperada para las víctimas: lo absolvieron por unanimidad.
El general brigadier Villalba Cortés, concluyeron tajantemente, “no es culpable ni penalmente responsable de la comisión de los ilícitos de abuso sexual y violación”.
Apenas un mes y medio después de que lo absolvieron en primera instancia, Villalba recibió una importante tarea en el gobierno de López Obrador: lo nombraron coordinador regional de la Guardia Nacional en Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, como parte de la estrategia para desplegar a ese cuerpo armado y militarizar la seguridad pública en el país.
Al alto mando que le otorgó el control regional de la Guardia Nacional
no le importó que Villalba Cortés fuera parte de un proceso legal que aún no llegaba a su fin.
Las abogadas de las víctimas y la propia fiscal militar habían impugnado el fallo que exoneró inicialmente al general. Y ese proceso estaba en curso. Las soldados habían tenido un primer revés legal, pero no sería definitivo.
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El general Villalba Cortés, que para entonces ya tenía 33 años de servicio, había desarrollado un modus operandi, de acuerdo con los testimonios judiciales de las víctimas revisados para esta investigación: las mandaba llamar a su oficina, en donde procuraba estar a solas con ellas y las atacaba.
La mañana del martes 3 de abril de 2018, apenas acabó el pase de lista en la unidad, mandó llamar a la soldado auxiliar oficinista Julia. Cuando ella se presentó a la Sección Primera de Estado Mayor, en la oficina también estaba el teniente José Luis González. El general le pidió a éste que se retirara y los dejara solos.
En cuanto el teniente salió, el general cerró la puerta y abrazó a Julia con la mano derecha. Aprovechó el desconcierto de la soldado y deslizó una de sus manos por debajo de su ropa. La soldado le pedía que la soltara, le dijo “que no quería”, mientras intentaba alejarlo de ella, pero la reacción de su superior fue más violenta.
Eustorgio Villalba la empujó hacia un sillón, donde la inmovilizó haciendo uso de su fuerza física, le bajó el pantalón y la violó, contó durante la audiencia oral del juicio.
Ante la agresión, Julia, de quien se omite su verdadero nombre para no colocarla en una situación de mayor vulnerabilidad, le soltó una patada y lo empujó, caminó hacia la puerta trasera de la oficina, detrás de un escritorio que da acceso a la Sección Primera de Estado Mayor, intentando escapar. Mientras salía escuchó que el general le lanzaba una advertencia: “¡Eres una soldado; yo soy un general. Nadie te va a creer!”.
No pasó mucho tiempo desde que ocurrió este episodio de violencia para que el general volviera a atacar sexualmente a otra joven soldado, según el expediente judicial.
El 7 de mayo, la soldado auxiliar oficinista Cecilia acudió a la oficina de Villalba Cortés a entregarle una tarjeta con el parte de novedades. Cuando se dirigía hacia la salida, el general la atajó, la abrazó, comenzó a tocarle los pechos y a restregar su cuerpo al de ella.
La joven, intentando zafarse, lo empujó hasta que la soltó y logró salir de la oficina.
Una semana después, la noche del 14 de mayo, Cecilia nuevamente acudió a la oficina del Estado Mayor, donde despachaba el general Eustorgio, quien la había mandado llamar.
Él estaba sentado escuchando música y le pidió que se sentara. Le preguntó cómo estaba y si le gustaba estar ahí. De pronto, Villalba Cortés se puso de pie y ella hizo lo mismo de manera instintiva. Él se acercó y Cecilia dio un paso hacia atrás. Él se acercó más y se le quedó mirando.
Para intentar huir, Cecilia le dijo que tenía que acudir al pase de lista y se encaminó hacia la puerta, dándole la espalda al general. En ese momento, él se le fue encima: la tomó por atrás, pegó su cuerpo al de ella y comenzó a tocarle los senos y los glúteos. “Estaba en shock y tenía mucho miedo”, declararía la soldado meses después ante el ministerio público.
El forcejeo continuó hasta que el general desistió y ella fue al pase de lista. Con el permiso de su superior, un teniente, se retiró a su alojamiento. Un poco más tarde, le habló un oficial distinto para decirle que debía presentarse otra vez en la oficina del general.
Entró y cerró la puerta. Sentado, el general escuchaba música a alto volumen. Le ordenó que tomara asiento y le preguntó si se sentía bien. Villalba Cortés se levantó y ella de inmediato se dirigió hacia la puerta, pero él la sujetó y le impidió salir. Cecilia se quedó en shock y sólo escuchó cuando el general le colocó el seguro a la puerta principal de la oficina.
Haciendo uso de la fuerza, la llevó al interior de su alojamiento, que estaba a oscuras, y la aventó a la cama. La inmovilizó, le bajó la ropa y él se encaminó al clóset. En esos segundos, la soldado intentó subirse el pants y su ropa interior, pero Villalba la sometió para violarla.
Cecilia, de quien se omite su verdadero nombre, estaba aterrada, no sabía qué hacer y no gritó porque pensaba que nadie la iba a escuchar, ya que la música sonaba a todo volumen.
Después del ataque, salió corriendo a su alojamiento y se puso a llorar. Tampoco pidió ayuda, ni dio parte ni acudió al servicio médico. “No quería que me tocaran el cuerpo”, declaró tiempo después ante el ministerio público.
* * *
Luego de dos días de audiencias, en las que se escucharon los testimonios de las víctimas, se presentaron dictámenes, se oyeron las versiones de la defensa del general y sus testigos, incluida su esposa, los integrantes del Tribunal Militar dieron su fallo absolutorio con sólo 17 palabras: Eustorgio Villalba Cortés “no es culpable ni penalmente responsable de la comisión de los ilícitos de abuso sexual y violación”.
Más allá del lenguaje jurídico, en el fallo “brincan” las razones por las que los integrantes del Tribunal Militar decidieron exonerar al general. De entrada, consideraron que los testimonios de dos de las víctimas de violación eran “inverosímiles”.
Les pareció ilógico que Dora no haya aprovechado el momento en que alguien tocó a la puerta de la oficina del general para escapar, en vez de esconderse en el baño. ”Era una oportunidad inmejorable para que la víctima pudiera pedir ayuda y el acusado fuera descubierto”.
Y como no actuó según lo que sus integrantes hubiesen esperado, el Tribunal optó por no creer a lo que declaró la soldado policía militar.
El mismo “escepticismo” aplicaron al caso de Cecilia. Al tribunal tampoco le pareció lógico que ella no hubiera aprovechado para huir en el instante en que el general fue al clóset a ponerse un condón, pese a que ella había declarado que había intentado hacerlo, pero que el general regresó rápidamente y la arrojó con violencia hacia la cama, además de que la puerta estaba cerrada con seguro.
“Se denota que la víctima permaneció en el escenario de la agresión sexual, esperando a que su agresor se colocara el preservativo, por lo que se duda de la veracidad de la narración, pues la víctima pudo huir a pedir ayuda o subirse los pantalones o colocarse en otro lado y negarse a tal acto agresivo”, se lee en el expediente judicial que recoge la sentencia absolutoria del caso penal TMJO/036/2019.
Además, los miembros del Tribunal cuestionaron que las tres soldados no hubieran “denunciado oportunamente” la agresión sexual y las señalaron de haberse confabulado en contra del acusado, ya que les parecía sospechoso que hubiesen dado parte de lo sucedido en conjunto.
El órgano judicial no tomó en cuenta que durante los dos días de audiencia las tres mujeres ya habían expresado por qué no presentaron la denuncia de inmediato.
Una de ellas no lo hizo porque después de lo sucedido, al sentirse sola, decidió desertar. Además, tenía miedo de proceder legalmente porque él era general y ella una soldado de nuevo ingreso, según explicó durante los interrogatorios como parte del juicio.
Otra de las víctimas contó que después de la agresión vivió días de mucho miedo. Por eso no fue al médico y no pidió ayuda. Además, tenia presente la advertencia que le había hecho el jefe militar tras la agresión: la única perjudicada sería ella.
“Tenía miedo porque él era General y yo soldado, y acababa de entrar al Ejército con expectativas de crecimiento y mi temor era que me truncaran mis sueños e ilusiones”, declaró la víctima.
La tercera víctima expresó que después de lo ocurrido se refugió en su alojamiento, sin contarle a nadie lo sucedido. Se sentía “vulnerable” y no fue al médico por una sola razón: no quería que nadie tocara su cuerpo.
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Las asesoras jurídicas de las víctimas y la propia fiscal militar María del Carmen Olvera refutaron, punto por punto, los argumentos que, “carentes de perspectiva de género”, esgrimieron los miembros del Tribunal para exculpar a Eustorgio Villalba.
“Solicita que las víctimas hubieran dado pelea o hubieran salido corriendo. Sin embargo, no hay que olvidar que cada persona reacciona de diferente manera ante un evento traumático”, explicó una de las abogadas de las víctimas durante la apelación.
También reprochó que se haya ignorado que los hechos de violencia sexual en contra de las tres soldados ocurrieron “en un contexto generalizado y constante de hostigamiento sexual”.
Otra de las asesoras argumentó que era ilegal restarle valor al dicho de las víctimas con base en que la actitud de ambas no fue altamente reactiva ante el ataque, ya que se debió considerar la relación de “supra subordinación” que existía entre ellos.
“El general Villalba Cortés, como su propio cargo lo indica, es un general brigadier a quienes las víctimas debían guardar obediencia y subordinación dado que éstas eran soldados y, por ende, esta situación las coloca en plena y franca desventaja ante su agresor, tanto por cuestión de género (hombre, mujer), como por esa condición de poder (general-soldado) situación que refleja una vulnerabilidad extrema que el Tribunal dejó de advertir y valorar al momento de resolver”.
Las abogadas le recordaron a los miembros del Tribunal un aspecto fundamental que pasaban por alto: las víctimas acababan de egresar de un curso en el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional, un lugar de capacitación del Ejército donde se imparten conocimientos de doctrina militar y se inculcan los valores de las fuerzas armadas.
Ahí, explicó una de las defensoras jurídicas, la mayor preparación que se les enseña es la obediencia y la subordinación, a acatar órdenes sin cuestionamientos, sobre todo de las figuras de autoridad.
Finalmente, las defensoras de las tres soldados les recordaron a los juzgadores militares que en casos de violencia sexual existen obstáculos que impiden que las víctimas denuncien, como vergüenza y miedo, falta de información, asistencia técnica y protección jurídica.
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Una pequeña pero fugaz victoria llegó para las víctimas. Los argumentos expuestos por las abogadas durante la impugnación surtieron efecto y el 25 de julio de 2019 lograron que el Tribunal Superior Militar revocara el fallo absolutorio.
El 19 de noviembre de 2019 las víctimas lograron otra victoria que apuntaba a ser mayor: que se le dictara sentencia condenatoria de 18 años y ocho meses de prisión.
El general Villalba, que no estaba dispuesto a perder la batalla, presentó otro amparo y luego otro hasta que logró que su caso tocara a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pretendía que se aceptara un recurso de revisión y que el caso permaneciera en el ámbito militar y no fuera turnado a tribunales civiles.
En esos días fue justo cuando el secretario de Defensa Nacional planeaba reunirse con el presidente de la Suprema Corte. A pesar de la gestión del general Sandoval, el caso pasó al fuero civil.
Pocos meses después, en noviembre de 2021, el Ministerio Público Militar remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República.
Una vez que llegó ahí el caso ingresó a un tortuoso laberinto y comenzó a rebotar entre diversas áreas.
A la fecha, las víctimas esperan, como lo han hecho por años, que haya alguna traza de justicia.
*Para esta investigación se consultó a Arturo Zaldívar, quien a través de su particular respondió que jamás se reunió con el general para tratar ese asunto. La Sedena no ofreció ninguna respuesta al respecto.
