Los funcionarios, los académicos, los especialistas, los fiscales, los jueces, la gente de a pie lo sabe: la impunidad en México es abrumadora, persistente, enorme, lo cubre casi todo.
Pero cuando se habla de los delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres que forman parte del Ejército, la impunidad es más sombría, es desoladora.
Las cifras oficiales obtenidas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública lo confirman: aunque en los 12 últimos años la Fiscalía General de Justicia Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, hostigamiento sexual, abuso y acoso sexual, los resultados dan cuenta de su fracaso.
En esa docena de años (de enero de 2013 a diciembre de 2024), los fiscales militares sólo han conseguido 17 sentencias condenatorias, apenas 3.2 por ciento de los casos llevados a tribunales.
La información oficial revela también que a la élite militar integrada por los generales acusados de delitos sexuales no se le toca: ninguno ha sido sentenciado definitivamente, ya que han sido absueltos o las investigaciones se han archivado antes de llegar a juicio, según reconoce la Sedena en respuesta a una solicitud de información.
En las 525 carpetas de investigación se implicaba al menos a ocho generales; seis de ellos no llegaron a juicio porque las acusaciones se archivaron sin atribuirles responsabilidad; en los otros dos casos los generales involucrados fueron absueltos en primera instancia, aunque los expedientes siguen rebotando en diversos juzgados, sin que haya una sentencia firme.
La revisión de expedientes y estadísticas de los juzgados castrenses, del Supremo Tribunal Militar y del Poder Judicial de la Federación muestra que las pocas sentencias de culpabilidad recayeron en militares de menor rango.
Según la Fiscalía de Justicia Militar, entre 2013 y 2016 se abrieron carpetas de investigación en contra de 42 jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores).
Los correos filtrados por el grupo Guacamaya y los expedientes del Poder Judicial de la Federación permiten complementar esos datos: de 2016 a 2024 se judicializaron siete expedientes más en contra de jefes.
Pero aquí tampoco abunda la justicia: en la mayoría de los 49 casos que involucran a los jefes tampoco ha habido sentencia definitiva. Sus expedientes siguen brincando de un juzgado a otro.
Sólo existe un registro corroborado de que se haya dictado sentencia en firme a un jefe militar: fue el del mayor Carmelo Patiño Nájera, quien fue condenado cuatro años después de que la soldado auxiliar peluquera Naybeth Arzate presentara en 2018 una denuncia por violación.
Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia Militar
La burocracia militar imposibilita la justicia
Aun en el caso de Naybeth Arzate, la justicia obtenida implicó un alto costo y desgaste. Cuando ella quiso denunciar la violación ocurrida en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Gertrudis, Chihuahua, se enfrentó a la burocracia militar. De una oficina la mandaban a otra y luego a otra más. Cansada de que durante tres meses la trajeran de aquí para allá sin recibir una atención real, decidió desertar, cuenta la soldado en entrevista.
Posteriormente, la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército la contactó para darle seguimiento. Naybeth no sabía que existía un protocolo de atención para casos como el suyo; “no es como que te protegieran o te dijeran ‘estos son tus derechos, tú puedes dar parte y si no te hacen caso aquí, puedes ir a otro lado’; no hicieron nada de eso”, se queja.
La primera sentencia en contra de su agresor la dictó un tribunal militar de juicio oral en noviembre de 2019 y le impuso una pena de 12 años de prisión, según el expediente judicial consultado. La defensa del mayor apeló la decisión en enero de 2020, pero un tribunal castrense confirmó la condena.
El mayor Patiño Nájera buscó entonces la protección de la justicia federal del ámbito civil y presentó un amparo ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, cuyos integrantes echaron abajo la sentencia condenatoria de primera instancia y le ordenaron al tribunal militar declararse incompetente y enviar el caso a un juez de distrito en Chihuahua.
Finalmente, en agosto de 2022 la jueza federal Cristina Lozoya dictó sentencia de ocho años en un procedimiento abreviado, una forma rápida de concluir el proceso penal sin llegar a juicio oral.
Pero el caso no terminó con esa sentencia. En enero de 2025 Naybeth acudió a una audiencia debido a que un juez le concedió a su agresor libertad anticipada por buena conducta.
Aunque pudo inconformarse con el fallo, no lo hizo porque ha sido un proceso desgastante y revictimizante. “Tenía que estar reviviendo la agresión a cada rato. Ocurre muy seguido que te estén recordando una y otra vez lo que pasó. Y, más que nada, mucha gente te hace sentir culpable”.
Naybeth logró que el juez le otorgara una orden de restricción para que su agresor no pueda acercarse a ella ni a su familia.
Sin embargo, ante su inminente liberación, el temor no desaparece.
Violencia sistemática y estructural
Paloma Mendoza Cortés es experta en asuntos militares y de seguridad nacional. Conoce bien a las fuerzas armadas de México, las ha estudiado durante unos 15 años y ha sido profesora civil en varias escuelas del Ejército.
“La violencia contra las mujeres militares al interior de las fuerzas armadas se remonta a sus orígenes históricos”, explica Mendoza Cortés.
Son instituciones de Estado que requieren un papel de fortaleza y valor “comúnmente atribuido a los hombres, aunque en realidad las mujeres han ejercido roles muy importantes en los conflictos armados, como las Adelitas durante la Revolución”.
Además de histórica, esa violencia es “sistémica y estructural”. Y su dimensión es desconocida.
“Existe un subregistro de denuncias, totalmente; en realidad, es muy difícil darles seguimiento en gran medida por la opacidad de las mismas fuerzas armadas”, destaca la actual investigadora del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM.
Egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos, advierte que los casos que llegan a aparecer en los medios de comunicación, por ejemplo, ni siquiera son reconocidos por la Sedena, ya que consideran a las militares como desertoras. Las denuncias se etiquetan entonces “como propaganda negativa”.
Y ya. No las toman en cuenta.
Sentencias por delitos sexuales
Ni siquiera sanciones administrativas
Los militares que han ejercido violencia machista hacia sus compañeras no sólo han librado la cárcel, sino que también han logrado evadir en gran medida las sanciones disciplinarias en el ámbito militar.
Las cifras del Órgano Interno de Control de la Sedena permiten complementar la radiografía de la impunidad.
Entre 2013 y 2024 los auditores que recibieron las denuncias y recabaron pruebas en los casos de hostigamiento o acoso sexual lograron que hubiese sanciones en apenas 22 de los 314 expedientes (siete por ciento).
Y aunque entre los sancionados hubo siete jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores), los “castigos” que recibieron fueron casi simbólicos: reprimendas verbales, suspensiones por un mes, amonestaciones o inhabilitaciones temporales de hasta seis meses.
“El castigo” es cuestionable, dice Mendoza Cortés. En la mayoría de los casos, “se limita a una amonestación al victimario y, en el caso de la víctima, a la marginación laboral, cambio de plaza o baja”.
Ello, concluye la especialista, quien forma parte de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa de Latinoamérica y el Caribe, resulta en una situación cuestionable: “la revictimización frente al triunfo y reafirmación de la cultura falocéntrica militar”.
Procedimientos Disciplinarios contra militares en el OIC
Argumentos revictimizantes
Las víctimas como Eugenia, Dulce, Sofía, Adarely o Naybeth no sólo resisten un proceso penal largo, tedioso y burocrático. A la par, tienen que hacer frente a un mundo judicial militar sobrecargado de estereotipos y prejuicios, a abogados que realizan preguntas morbosas; a jueces con argumentos sexistas y revictimizantes y a magistrados que emiten fallos sin perspectiva de género y realizan juicios machistas y morales.
En la veintena de expedientes judiciales revisados para esta investigación se encontró que los abogados de la Defensoría de Oficio Militar, quienes representan a los presuntos agresores, y los magistrados del Tribunal Superior Militar intentaron desestimar las acusaciones de las mujeres denunciantes con argumentos revictimizantes.
Cinco casos ejemplifican con claridad el patrón revictimizante:
- Una joven soldado policía militar de Baja California acusó
penalmente a un capitán segundo de infantería de haberla violado en el asiento del copiloto de un
automóvil; la defensa del implicado intentó desacreditar la declaración de la víctima al asegurar que su
actitud ante el ataque “no fue altamente reactiva”, ya que no luchó ni pateó para evitar la agresión
(causa penal 495/2018).
- Un teniente oficinista fue acusado de agredir en octubre de 2017 a una cabo en Reynosa, Tamaulipas,
tocándole los pechos y metiendo las manos por debajo de su pantalón y ropa interior. El juez estimó que no
podía considerarse abuso sexual porque el teniente “no tenía la excitación o impulso de satisfacer una
avidez sexual, ya que de ser así, hubiese introducido sus dedos en la vagina de la joven o incluso llegado
a la cópula”.
“En el delito de abuso sexual no sólo debe probarse el acto libidinoso (tocamiento, roce, frotamiento o caricia), sino que dicha conducta haya sido desplegada con una intención lasciva… esto es, que el supuesto tocamiento a que hace referencia la soldado, debió realizarse con el ánimo del deleite carnal u obtener una satisfacción sexual o un apetito inmoderado de sensaciones placenteras, situación que en el caso concreto no ocurrió”, se lee en el fallo judicial TP3-043/2019.
- Un teniente coronel de sanidad fue señalado de tocar con su cara los senos de una soldado asistente de
enfermería en el Centro de Rehabilitación Infantil ubicado en el Campo Militar 1-A. La defensa del jefe
militar consiguió el historial clínico y psicológico de la víctima para hacerla ver como una persona que
tiende a exagerar los problemas.
“Se percibe dentro de una familia disfuncional, lo que puede afectar su equilibrio emocional; identificando a una persona dependiente, insegura y carente de herramientas de afrontamiento y percibiéndose conflictos psicológicos con la figura masculina”, argumentó el abogado del acusado.
- En el caso del general Francisco Camarena, quien fue acusado de haber cometido abuso sexual contra una
soldado oficinista en el Cuartel General de la 20ª. Zona Militar con sede en Colima, los magistrados de un
tribunal militar lo absolvieron porque desestimaron los dictámenes en psicología.
En su fallo aseguraron que los exámenes psicológicos eran una apreciación personal subjetiva sustentada en el dicho de la víctima, ya que los especialistas que los elaboraron no atestiguaron directamente la conducta del agresor.
Además, desestimaron algunas pruebas como los testimonios de los testigos presentados, al considerar que fueron de “oídas” y no presenciaron los actos sexuales denunciados, por lo que “determinó que no merecen plena eficacia probatoria, ya que su dicho resulta una apreciación personal subjetiva sustentada en el dicho de la víctima”.
- Un general fue acusado por tres de sus subordinadas de haberlas violado en sus oficinas de la 8ª. Zona
Militar, en Reynosa, Tamaulipas. En uno de los casos, la víctima relató que cuando estaba siendo sometida
el presunto agresor se alejó unos pasos, durante un breve momento, para colocarse un condón y que luego
regresó para violentarla.
El Tribunal Militar de Juicio Oral absolvió inicialmente al acusado porque sus integrantes consideraron que “era ilógico” que la víctima no hubiera aprovechado el momento para huir, a pesar de que ésta declaró que intentó zafarse y salir, pero que no pudo hacerlo ante la superioridad física de su agresor.
En cambio, dijeron, “se denota que permaneció en el escenario de la agresión sexual, esperando a que su agresor se colocara el preservativo, por lo que este colegiado duda de la veracidad de la narración de la víctima”.
“Reconoce” el Ejército el problema
Los correos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya dejaron al descubierto que el alto mando de la Sedena lleva años intentando contener los actos de violencia machista que recorren sus filas.
También documentaron que, aunque nunca han reconocido públicamente el problema, al interior se lleva un registro puntual de los casos y las medidas de contención para apagarlos.
A pesar de que se desconoce el nivel y la seriedad de agresiones sexuales contra las mujeres militares en años previos, la Sedena empezó a dar señales de preocupación en 2011.
En marzo de ese año emitió un pronunciamiento denominado “Cero tolerancia de las conductas de hostigamiento y acoso sexual”, documento firmado por el general Guillermo Galván, quien ostentaba la titularidad de la Sedena durante el gobierno de Felipe Calderón.
En el documento, ratificado desde entonces por todos los secretarios de Defensa, se hace un llamado a los diferentes niveles de mando para prevenir y evitar la violencia de género en la institución y se giran lineamientos para tomar una serie de acciones y medidas que buscan “prevenir” y “atender” lo que se etiqueta como “casos HAS”, es decir, actos de hostigamiento y acoso sexual.
El general Salvador Cienfuegos lo emitió en 2013 y 2016, con Enrique Peña Nieto como presidente, y lo propio hizo el general Luis Cresencio Sandoval en 2019, con Andrés López Obrador en la Presidencia, pero en un tono más enérgico: “No habrá impunidad para quienes hostigan y no habrá abandono para las víctimas”.
Junto con la difusión del documento “Cero Tolerancia”, la Sedena creó en 2011 un comité para atender estos casos y en 2013 instaló una oficina especializada, pero esas acciones fueron insuficientes.
Las quejas no lograban contenerse.
Así que el entonces general secretario Salvador Cienfuegos envío un mensaje “urgente”, catalogado con el número 50224, para que a partir del 21 de mayo de 2013 se acataran los lineamientos para atender las quejas por hechos de hostigamiento o acoso sexual.
Mencionaba varias medidas, entre ellas que se actuara para evitar que continuara el contacto laboral entre la víctima y el presunto hostigador, además de prevenir que la víctima sea objeto de represalias o se “agrave la situación de hostigamiento o acoso sexual”.
También instruía a que se evitara hacer señalamientos en público o excluir de cualquier actividad militar a los involucrados en un caso de esta naturaleza, y ordenaba que los casos se manejaran con “absoluta secrecía” para proteger el “honor y reputación” de la víctima y del presunto responsable.
Un año después un nuevo comunicado interno abordaba, otra vez, el tema.
Fechado el 27 de mayo de 2014 y etiquetado con la leyenda “extraurgente”, el mensaje elaborado por el comandante general de la Policía Militar subrayaba que a pesar de las recomendaciones y órdenes giradas por la superioridad se continuaban presentando “conductas impropias” por parte de jefes, oficiales y tropa que afectaban las imagen del Ejército y Fuerza Aérea.
Por ello pedía aplicar medidas para desalentar esas conductas, entre las que mencionaba la aplicación de encuestas para detectar inconformidades, intensificar las pláticas de “concientización” e “invitar” al personal a que manifestara cualquier abuso, asegurando que no se tomarían represalias contra las denunciantes.
Además, destacaba, “queda estrictamente prohibido que personal femenino se integre a las escoltas de seguridad de los comandantes” y urgía a que no se les asignaran tareas de telefonista, oficinista, ordenanzas o intendencia.
Pasaron los años y las oficinas a cargo de atender los “casos HAS” no contenían la oleada de “conductas impropias”.
En marzo de 2018, y nueve meses antes de concluir su cargo como secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos envió un “mensaje confidencial” a todos los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea:
“Hago de su conocimiento que el suscrito ha sido informado de diversos incidentes en los cuales personal militar (hombres) han invadido la privacidad de mujeres militares al ingresar o pretender ingresar a sus dormitorios, lo cual se constituye como un acto denigrante”.
Así que ordenó que en la entrada de los dormitorios de mujeres se colocaran letreros para restringir el acceso de hombres, que se realizaran rondas de vigilancia en diversos horarios y que se instalaran cámaras de circuito cerrado.
Las medidas de Cienfuegos no aplacaron la oleada de incidentes. En otro “mensaje urgente” fechado en marzo de 2021, el general Luis Cresencio Sandoval González nuevamente reconoció que “se continúan presentando quejas por hostigamiento y acoso sexual que vulneran la integridad física y sicológica” del Ejército.
Y enlistó varias de las conductas más recurrentes: “mujeres y hombres de las diferentes jerarquías se toman familiaridades, relajando la disciplina militar”; “difusión de fotografías íntimas”, “personal militar ingresa por las noches a los dormitorios de mujeres y hombres” y se hacen “comentarios de carácter sexual en relación con la anatomía de mujeres y hombres”
Por eso, el alto mando ahora endurecía las medidas y pedía prohibir el saludo “de mano y beso”; en cambio, se debía supervisar que sólo se realizara el saludo militar establecido en los reglamentos.
También ordenaba que el personal militar se abstuviera de hacer “demostraciones de afecto” portando el uniforme dentro de las instalaciones militares.
Por último, pedía impartir conferencias sobre las consecuencias legales de crear, grabar, reproducir o difundir fotos y videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento.
Medidas emprendidas desde el alto mando
“Reclasificación” de la violencia sexual
El mensaje del general Sandoval González de marzo de 2021 incluía también un reclamo poco sutil: que había un alto número de quejas y que los diferentes “escalones de mando” (jefes) las enviaban sin hacer un análisis previo y, por ello, el número total de quejas se incrementaba de manera injustificada, puesto que del total sólo una parte eran casos reales.
Lo que estaba ordenando, en otras palabras, es que se “reclasificaran” y se redujeran las cifras.
Desde principios de 2013 y hasta finales de 2024, la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS), la principal instancia a la que se canaliza a las víctimas, recibió 509 quejas.
De ese periodo, en 2018 y 2019 se alcanzó un pico según las cifras oficiales; en esos años “se incrementaron las quejas y denuncias por hostigamiento y acoso sexual, violencia familiar y delitos sexuales”, según una presentación interna de la Sedena localizada en los archivos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya.
El hecho es que en 2018 la oficina de casos HAS recibió 77 quejas y denuncias, y otras 77 en 2019, según información obtenida vía la Ley de Acceso a la Información Pública.
Ante el repunte de denuncias, el alto mando de la Sedena ordenó a la Dirección General de Derechos Humanos realizar una clasificación “adecuada y objetiva” de casos catalogados como HAS, ya que se estaban contando denuncias que, según él, no cuadraban en patrones de hostigamiento y acoso sexual.
Después de que valoraran nuevamente cada caso, se logró una disminución de 63.95%, según los datos reportados por la Dirección General de Derechos Humanos.
Entre los casos que excluyeron estaban los de mujeres que denunciaron que como represalia por no ceder a insinuaciones sexuales les habían designado trabajos y comisiones; los que ocurrieron fuera de instalaciones castrenses; los que provenían de mujeres que habían dejado de “obtener beneficios” tras sostener relaciones consensuales con otros militares; los que reclasificaron como violencia intrafamiliar y relaciones intramaritales y aquellos en donde tuvieron “sospechas” de que los “dichos” de las mujeres eran falsos.
Los datos oficiales obtenidos por transparencia reflejan que a partir de esta instrucción, las cifras mostraron una caída significativa: en 2020 y 2021 la oficina HAS registró 50 y 44 casos, respectivamente.
Quejas y denuncias ante la oficina HAS
Un laberinto judicial
La mañana del 23 de abril de 2022 la teniente Adarely solicitaba unos documentos en el área de archivo del cuartel de la 36ª. Zona Militar, en Tapachula, Chiapas, cuando sintió que unas manos la tomaban de la cintura y recorrían velozmente su cuerpo hasta apretar sus senos.
Sorprendida, se dio cuenta de que se trataba del teniente coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Dorian, quien, a la vista de varios militares, restregaba su cuerpo al de ella.
“Me agarró de la parte donde están las caderas, o sea me manoseó, y me dio así como un llegue, como cuando te dan el llegue en el metro, pero más feo. Me restregó toda su cosa”, dice Adarely en entrevista para esta investigación.
La teniente quiso denunciar inmediatamente y le contó lo sucedido al capitán Guillermo, el jefe de la sección segunda, pero éste no quiso darle trámite a su parte informativo porque no quería “arruinarle” la carrera al jefe militar.
Ante la negativa de su superior, Adarely envió un correo a la 7ª. Región Militar, pero tampoco recibió respuesta. Entonces decidió escribir a la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena y al entonces general secretario Luis Cresencio Sandoval González.
Fueron días difíciles, según recuerda en la entrevista: se sentía señalada por sus superiores y aislada ante la indiferencia de sus compañeros.
Pasado un tiempo, empezó a recibir escritos con amenazas de muerte por debajo de la puerta de su oficina y sospechaba que personal militar la seguía cuando salía a la calle.
“En mis redes sociales cada vez se agregaban personas de reciente creación buscando obtener información de mi forma de ser, de mi familia, de mi modo de vestir o de expresarme, no dudando de que alguien, siguiendo órdenes, buscaba algo para poder empezar a intimidarme”, escribió al general Sandoval González en una carta fechada el 12 de mayo de 2022.
A los cuatro días recibió una respuesta de la Dirección General de Derechos Humanos y sus jefes finalmente activaron el Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual, cuyo objetivo es ser una “guía de actuación” para otorgar atención con “perspectiva de género” a las víctimas de violencia machista.
Le pidieron, además, acudir a consultas psicológicas. “Me hicieron un oficio; supuestamente activaron el protocolo para hostigamiento sexual, ‘que si como me sentía, que no sé qué’, y me canalizaron a psicología. De nada sirvió. Le pasaban al general (el mando responsable de la 36ª. Zona Militar) una copia de todo lo que decía. No había confidencialidad”, cuenta Adarely, quien ha pedido omitir sus apellidos para no entorpecer el proceso penal que libra en tribunales.
Adarely acudió a las sesiones de terapia, pero poco ayudaron. Los médicos le recetaban antidepresivos que le provocaban mucho sueño. Y lo que menos quería era dormir; necesitaba estar alerta y seguir con su denuncia por la vía penal.
Su caso continúa entrampado en la burocracia judicial tres años después de que denunció. Un juez ordenó remitirlo al fuero civil porque el delito no guardaba relación con el servicio castrense y por lo tanto no afectaba la disciplina militar.
La denuncia ante el Órgano Interno de Control nunca procedió porque le dijeron que los actos denunciados no eran de su competencia, ya que ese órgano sólo atiende faltas administrativas.
“Te ponen muchas trabas. Una jefa me dijo que aquí había tres procedimientos: me daba de baja, hacía como que nada pasaba, o denunciaba, pero que yo ya sabía lo que iba a pasar, que no me iban a hacer caso”.
Terapia para que “sanen” y “perdonen”
Seis mujeres militares entrevistadas para esta investigación señalan que el objetivo de la terapia es que ellas “olviden”, “sanen” o “perdonen” a sus agresores para que no procedan legalmente contra ellos.
Martha fue víctima de presunto hostigamiento por parte de un mayor en Durango. El jefe la invitaba a comer a su oficina y siempre buscaba cualquier pretexto para tenerla cerca. Al principio, le hacía comentarios incómodos, a los que ella intentaba no darles tanta importancia, pero luego siguió con una serie de toqueteos que le fueron pareciendo cada vez más alarmantes.
“Me picó el abdomen con un dedo, diciéndome que estaba muy flaquita, que tenía unos labios que se antojaban morder, luego me invitó a tomar (unos tragos) fuera de la oficina”, recuerda en entrevista con la autora de la investigación.
Una mañana de finales de 2023 mientras ella le preparaba un café, la sorprendió con un beso y la arrinconó de forma violenta hacia la pared, justo donde la cámara no alcanzaba a grabar. Incrédula, se apartó y le pidió que no lo volviera a hacer.
Después de diversas trabas para denunciar, logró mandar su queja a un correo electrónico de la oficina HAS. “Lo que hicieron fue mandarme a otra zona militar (al sur del país), mientras que él siguió donde mismo, haciendo lo mismo con otras compañeras”.
Ella ya no pudo seguir viendo a sus dos hijos, que tuvieron que quedarse con su madre en Durango. Así estuvo durante un tiempo. Pero luego decidió poner un alto a lo que ocurría: “Hasta que me cansé y mejor me fui”.
Su caso ni siquiera fue turnado al OIC y como ella no realizó ninguna denuncia ante la Fiscalía Militar, el expediente ante la oficina HAS se cerró con la recomendación al agresor de que tomara un curso de manejo de las emociones.
A ella la canalizaron a terapia psicológica y luego se volvió un blanco para la institución, ya que fue objeto de “seguimiento a su conducta civil y militar”, una vez que fue trasladada a Puebla.
Martha, de quien se omite su verdadero nombre para no ponerla en una situación de mayor vulnerabilidad, sintetiza su experiencia: “Eso buscan: que sanemos y olvidemos, o nos cansemos, como yo”.
Un protocolo fallido
Para Adarely, al igual que para otras víctimas, el protocolo ha sido confuso y fallido.
Aunque el PSO para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual define los pasos a seguir para orientar y acompañar a las víctimas, no existe un procedimiento homologado, sino un galimatías institucional que dificulta el acceso a la justicia.
La primera pieza del rompecabezas oficial es la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS).
Creada el 26 de agosto de 2013 ante las denuncias cada vez más frecuentes, se encarga de atender los casos de violencia y de proporcionar atención interdisciplinaria de primer contacto, según el PSO, pero centra sus esfuerzos en que las denunciantes reciban atención médica y psicológica, sin garantizar que se lleven a cabo investigaciones para determinar si hubo delito y castigar a los responsables.
Esta oficina “no tiene atribuciones legales” para dar vista a la Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) o al Órgano Interno de Control cuando recibe los expedientes, reconoció la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena en respuesta a una solicitud de información.
“Únicamente establece coordinación con la FGJM a efecto de conocer el avance y resolución de las carpetas de investigación que en su momento, y en caso de ser su deseo, interponga por su propia cuenta la persona quejosa”.
La oficina HAS cuenta con un comité que revisa y da seguimiento a los casos, pero tampoco puede sancionar. Sólo propone medidas de prevención y protección para las víctimas del hostigamiento y el acoso sexuales.
En una revisión hecha a una veintena de casos que pasaron por el comité de la oficina HAS se encontró que las medidas propuestas se centran en impartir pláticas en materia de género para los agresores; en que éstos ratifiquen el pronunciamiento “Cero Tolerancia” y, en los casos extremos, “evitar” asignarlos en áreas laborales donde tengan contacto con mujeres.
Los casos analizados correspondían a mujeres violentadas de distintas formas: con agresiones físicas o verbales, propuestas sexuales, tocamientos y abuso sexual, o difusión de imágenes o videos íntimos sin su consentimiento.
La violencia machista fue tan reiterada que tras una revisión psicológica y psiquiátrica por parte de médicos militares las mujeres fueron diagnosticadas con trastornos emocionales o síntomas de tristeza, ansiedad, enojo, miedo y estrés, así como con riesgo o intentos suicidas, depresión clínica con alteraciones en el sueño.
Roberto, un abogado especialista en legislación militar que trabajó en la Sedena y pide no mencionar sus apellidos, explica que el protocolo e instancias como la oficina HAS son en realidad un mecanismo de control de daños para contrarrestar las quejas que puedan dañar la imagen institucional.
“Es para controlar y disipar quejas. ‘Yo te sujeto a ti (víctima) a terapia, prefiero tenerte dos años en terapia, en vez de que vayas y te quejes por fuera y denuncies a la persona que es miembro de mi instituto ante un órgano externo que me vaya a evidenciar o me vaya a pedir informes, como la Fiscalía General de la República”.
La segunda pieza es el Órgano Interno de Control (OIC), que se encarga de atender las denuncias en materia administrativa. Su actuación es contradictoria: recibe denuncias por agresiones sexuales; en muchos casos, las atiende y “sanciona” a los responsables, pero en otros tantos no procede porque argumenta que su competencia se restringe a asuntos administrativos.
La Fiscalía General de Justicia Militar es la tercera pieza del confuso esquema de atención: lleva las investigaciones en materia penal, pero para llegar a ella hay que superar múltiples obstáculos.
Ante cualquier “incidente”, todos los militares, incluidas las mujeres, deben seguir los “conductos oficiales” y avisar a sus superiores jerárquicos.
En los casos en que las mujeres informan a sus superiores sobre situaciones de hostigamiento o acoso y éstos deciden actuar, agrega el abogado, las canalizan a la oficina HAS. Ahí, se les recomienda esperar la resolución que emitan ellos para que denuncien penalmente o ante el OIC.
En los pocos casos en que las mujeres deciden recurrir a la Fiscalía General de Justicia Militar, es muy común que el ministerio público les ponga trabas . “Lo primero que les preguntan es: ¿ya informó a la Comandancia?”.
El poder intimida a muchas de ellas, hasta a las más valientes, que escuchan con cierto temor la pregunta que no quisieran escuchar: ¿Ya informó a la Comandancia?
