El proceso de investigación para este reportaje tuvo distintos desafíos. Lo más
complicado fue lograr que mujeres militares víctimas de violencia sexual brindaran
su testimonio. También se enfrentaron una serie de obstáculos para darle seguimiento
judicial a los casos de los militares de alto rango acusados de delitos sexuales
ante el secretismo que impera en las Fuerzas Armadas.
Desde un inicio se contactó a una veintena de mujeres que denunciaron ser víctimas de
algún tipo de violencia machista para solicitarles una entrevista. Aunque en al
menos doce casos se sostuvo una conversación con ellas mediante correos
electrónicos, mensajes de texto y redes sociales, finalmente solo seis accedieron a
brindar sus testimonios, cinco de ellas de forma anónima. El resto simplemente dejó
de contestar y otras se negaron a brindar una entrevista por temor a que pudieran
estar intervenidas sus comunicaciones o miedo a ser identificadas y que se tomaran
represalias en contra de ellas o sus familias.
Los seis testimonios fueron vitales para saber cómo opera la estructura jerárquica
patriarcal para presionar, amenazar y silenciar a las mujeres que deciden denunciar
los abusos cometidos contra ellas. También permitieron identificar los obstáculos
que enfrentan en la búsqueda de justicia y las repercusiones que hay contra ellas
una vez que alzan las voz para poner al descubierto a sus perpetradores.
En los casos de las seis entrevistadas sus testimonios fueron complementados con
otros documentos, como escritos de denuncia que se enviaron a la oficina HAS,
procedimientos disciplinarios ante el OIC, correos electrónicos enviados a distintas
instancias solicitando atención, fotos de mensajes de chats, oficios de atención
médica y psicológica, así como demandas de amparo, sentencias condenatorias y
declaraciones ministeriales contenidas en expedientes judiciales. Parte de estos
documentos se obtuvieron mediante solicitudes de transparencia y otros fueron
localizados en Guacamaya.
La investigación también se sostiene en datos y documentos inéditos que fueron
obtenidos por medio de la Ley de Acceso a la Información:
- Estadísticas de las quejas y denuncias por acoso y hostigamiento sexual ante la
Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual que depende de la
Dirección General de Derechos Humanos.
- Estadísticas de los procedimientos disciplinarios ante el órgano interno de
control (OIC) de la Sedena.
- Estadísticas de los militares implicados en indagatorias por delitos sexuales y
los casos judicializados tramitados por la Fiscalía General de Justicia Militar.
- Estadísticas sobre los expedientes con sentencias en los juzgados militares de
control, los, los tribunales militares de juicio oral y el Tribunal Superior
Militar.
- Estadísticas y fallos de los juicios de amparo tramitados ante los diversos
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
¿Cómo se obtuvieron las investigaciones en materia disciplinaria?
Se solicitaron versiones públicas de una parte de los escritos de las quejas y
denuncias que dieron pie a procedimientos disciplinarios ante el órgano interno de
control (OIC). En un principio, el OIC otorgó los documentos con la relatoría de los
hechos denunciados tachando únicamente nombres de las víctimas y datos personales,
pero posteriormente, ante nuevas solicitudes, se negó a entregar el resto de los
escritos. Tras ganar diversos recursos de revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia (INAI), donde se le ordenó a la Sedena entregar los archivos, ésta
brindó documentos ilegibles. Ante esta traba, se decidió buscar dichos expedientes
en la filtración de Guacamaya, donde se localizaron parte de las denuncias mediante
la nomenclatura del procedimiento disciplinario que se había conseguido previamente
mediante solicitudes de información.
Esta estrategia nos permitió hacernos de medio centenar de escritos de denuncias que
llegaron al órgano interno de control y a la oficina HAS. La lectura de estos
documentos nos permitió identificar diversos modus operandi, como amenazas para que
desistieran de la denuncia o se dieran de baja de la institución. Se decidió
utilizar algunos de estos para ejemplificar los actos de violencia sexual y machista
a la que están expuestas las mujeres. Para no poner en mayor riesgo o vulnerabilidad
a las denunciantes, se cuidó no aportar información que las hiciera identificables o
resultara revictimizante.
¿Cómo se obtuvieron los expedientes judiciales?
Se solicitó a diversas instancias de la Sedena, como la Fiscalía General de Justicia
Militar, los juzgados militares de las diversas regiones del país, y al Tribunal de
Justicia Militar, vía transparencia, los expedientes con los fallos judiciales de
los militares implicados en indagatorias por delitos sexuales, pero la Sedena se
negó a entregarlos. Ante ello, se emprendió la búsqueda de éstos en Guacamaya y se
complementaron con la información obtenida de diversos juzgados y tribunales del
Poder Judicial de la Federación, a donde llegaron decenas de casos que solicitaban
la protección de la justicia mediante amparos.
La lectura de estas sentencias judiciales permitió detectar las dificultades que
enfrentaron las víctimas en la búsqueda de justicia, como impedirles acudir al
médico para certificar su estado de salud tras sufrir alguna agresión sexual y los
argumentos sexistas que usaron los jueces militares para emitir fallos sin atender
criterios apegados a la perspectiva de género.
Con la información estadística proporcionada se construyeron diversas bases de datos
que permiten mostrar un panorama completo con datos inéditos de 2013 a 2024 sobre el
proceso que siguen las denuncias en la vía administrativa y las carpetas de
investigación en la vía penal. Además, la relatoría de los escritos de denuncias y
los testimonios de las víctimas entrevistadas, revela un escenario desolador y poco
conocido sobre la violencia machista en las distintas instalaciones militares, donde
los perpetradores son en su mayoría los militares de mayor rango.
También revisamos el protocolo de atención que creó la Sedena para atender los casos
de hostigamiento sexual. Se revisó el papel que juegan cada una de las instituciones
encargadas de brindar apoyo a las víctimas. El análisis y las entrevistas nos
permitieron identificar que no hay un procedimiento homologado, sino una
fragmentación de responsabilidades que dificultan el acceso a la justicia.
