El territorio que une a Guerrero, Michoacán y el Estado de México mantiene una misma identidad cultural y padece un mismo conflicto: la asfixia del crimen organizado. Hay pobladores que ya ven una zona con “enfermos de mafia”.
Publicado: 21-enero-2024
Texto y fotografía: David Espino
Ilustración: Liliana Pedraza
En la catedral de Ciudad Altamirano hay una súplica: “Señor, muéstranos tu favor y salvación”. La leyenda está inscrita en un manto blanco que cuelga a lo alto de la pared izquierda próxima al altar mayor. Imposible que nadie la lea en misa. Y la siguiente será a las 5:00 de la tarde. Pero no ahora. Ahora nadie la ve. Salvo tres feligreses que rezan cada uno por separado. Son las 2:22. Frente a la iglesia el zócalo está solo. Pocos a esta hora se atreven a venir para evitar la resolana de los 36 grados que se resiente hasta en la sombra exigua de algunos árboles. Sólo un bolero espera entre el sopor bajo un toldo donde están sus utensilios.
Tres horas más tarde, a las 5:00, un grupo de niños correrá por las baldosas jugando a los sicarios mientras sus madres se estén persignando en misa. Los chiquillos harán todo tipo de sonidos onomatopéyicos de las armas de juguete. Una escuadra. Un rifle de asalto. Pedirán unos a otros que se rindan y se darán tiros de gracia.
—Te reviento la cabeza —dirá un chico a otro que se habrá tirado al piso como si lo hubieran abatido mientras su compañero emulará dispararle con su pistola Glock plateada.
A las 7:30 de la noche todo estará desierto y oscuro. No habrá luces de colores que anuncien la Navidad próxima. Los comercios estarán cerrados desde las 6:00, y salvo la avenida Lázaro Cárdenas que conecta con Riva Palacio, localidad de Michoacán, toda la gente estará en sus casas. Algunos vendrán a los cajeros. Afuera uno que otro comerciante ofrecerá fritangas. Parecerá una especie de toque de queda autoimpuesto o como si a partir de esa hora rigiera una suerte de ley marcial.
Ley marcial, salvo que por ningún lado se verán policías municipales ni ninguna otra corporación. Y no se volverán a ver sino en una ocasión. Serán una rareza. Como una especie que no encajara. Que no perteneciera a este orden. No los coches de lujo. Esos sí se verán de vez en vez iluminando las calles oscuras. Camionetas. Automóviles deportivos de dos plazas.
—Antes había vida nocturna en Altamirano. Se veía gente caminar por las calles —dirá un transportista cuando se le pregunte el porqué de las calles solas y oscuras.
—¿Hace cuánto?
—Todavía en 2010. Las cosas han cambiado y la gente prefiere mejor estar en sus casas. Es peligroso —dirá.
Pungarabato, el municipio al que pertenece Ciudad Altamirano, es de los últimos calentanos de Guerrero. No de la región. De la región Pungarabato es el centro. Tierra Caliente es tan grande que, aunque fue partida en tres hace al menos siglo y medio, cuando se instituyó Guerrero, sigue siendo una misma zona. Comparte identidad y destino con Michoacán y el Estado de México.
Tierra Caliente es una misma zona partida en tres estados por decisión política. Aun así, mantienen costumbres y problemas similares
Nada es igual
La leyenda colgante de la iglesia bien puede interpretarse como un clamor. Nada ha sido igual desde que La Familia Michoacana se adueñó de todo. Ocurrió más o menos en 2011 una vez que, tras derrotar a los Caballeros Templarios, de Michoacán, los hermanos Hurtado Olascoaga, Jonny y José (El Pez y El Fresa), se quedaron con el control de la organización en esta parte de Guerrero. En esto se puede resumir el dominio y expansión que vino luego en toda la zona y hasta el norte del estado y otros puntos de Guerrero. Con una acotación: en Zirándaro domina el CJNG, y un tiempo en San Miguel Totolapan lo hizo un grupo llamado Los Tequileros aniquilados más tarde por la Familia. Los tres grupos tienen presencia en diversas zonas de la Tierra Caliente, sea en Guerrero, en Michoacán o en el Estado de México, y en todos los sitios extorsionan y/o suplen actividades de gobierno y empresas legales, como el cobro de “predial”, proveeduría de internet y venta de medicamentos, entre muchos otros.
—Estamos sometidos. La gente tiene miedo hasta de hablar —dice don Vicente, un comerciante que se animó a platicar con el reportero con la condición de no dar mayores referencias de él. Vicente no es su nombre real, fue modificado para cuidar su seguridad.
—Nos han impuesto incluso a quien debemos comprar el refresco y la cerveza —dice sin ocultar su temor. Una que otra vez voltea a los lados y calla si ve que alguien que no conoce pasa demasiado cerca.
A lo que se refiere don Vicente es a la salida de la Coca-Cola de la región. Fue en marzo de 2018 cuando, presionados por las extorsiones a los trabajadores, la empresa decidió cerrar. Fueron dos meses de hostigamiento contra los repartidores. Cuando anunció el cierre de su bodega regional en Ciudad Altamirano, Femsa denunció en un comunicado “ausencia de un Estado de derecho y la prevalencia de la impunidad”.
—Ahora es una “empresa” de ellos la que entrega —dice don Vicente en referencia a La Familia Michoacana.
A cinco años de la salida de la refresquera, la bebida se distribuye por la región en camionetas estaquitas rojo con blanco sin razón social. “Al precio que ellos quieren”, dice. De esta manera una botella de tres litros puede ser encontrada en una tienda por más de 50 pesos, entre el 10% y 15% más de lo habitual. El control es tal que incluso en la tienda de autoservicio Aurrerá no la venden. Casi al mismo tiempo salieron de la región la Pepsi y las cerveceras. Y tampoco es posible comprar nada de esto, sino en las tiendas que ellos surten.
—Con la carne pasa lo mismo —dice don Vicente—.
Controlan también la distribución y el precio del pollo, la res, el puerco. Hasta de los jitomates, y no es mucho decir. Pasa igual con los alcoholes (whisky, brandis). Si se quiere tener una fiesta privada nada que vas a traer tu bebida de Michoacán o de Iguala. Se las tienes que comprar a ellos. Hasta el hielo. La avenida Lázaro Cárdenas está llena de comercio informal por los dos sentidos. Nadie que venda ahí puede hacerlo sin su permiso.
El otro sometimiento al que se refiere se fue cociendo a fuego lento. A punta de bala. Desde que en 2011 un grupo de La Familia Michoacana secuestró al alcalde electo de Teloloapan (colindante con Arcelia) Jesús Valladares Salgado y lo obligó a tomar un acuerdo a nombre de El Pez, Jonny Hurtado Olascoaga, hasta 2023, han sido asesinados una docena de políticos, alcaldes, exdiputados, periodistas, policías y fiscales.
En 2016 mataron a Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Ciudad Altamirano. En 2017 desaparecieron a Catalino Duarte Ortuño, exalcalde de Zirándaro; asesinaron a Eli Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán; a Modesto Carranza Catalán, exsíndico y diputado suplente; y al reportero Cecilio Pineda Birto. En 2018 a Abel Montúfar Mendoza, alcalde de Coyuca de Catalán y en ese momento candidato a diputado local por el PRI. En 2019 a Simón Gama García, secretario del ayuntamiento de Coyuca de Catalán.
En 2022 mataron a Nazario Domínguez Nájera, director de Desarrollo Rural de San Miguel Totolapan; a Conrado Mendoza Almeida, alcalde del mismo municipio; y a Juan Mendoza Acosta, exalcalde igual de San Miguel. Junto con ellos, el mismo día 5 de octubre, asesinaron a 20 personas en una matanza de la que la población no termina de recuperarse. El gobierno federal responsabilizó de la masacre a José Hurtado Olascoaga, El Fresa. Mediante un video él lo negó.
También en 2022 secuestraron a tres periodistas y creadores de contenido: Jesús Pintor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar. El grupo que se los llevó los acusó de ser autores de la página de Facebook Escenario Calentano. Estuvieron cautivos 20 días, después liberaron a los dos primeros. Alan García, que según las declaraciones de los otros dos aceptó ser el autor, nunca apareció.
En 2023 mataron al policía ministerial Ulises “N”; al fiscal regional Víctor Manuel Salas Cuadras; y sacaron y se llevaron de la Fiscalía de Coyuca de Catalán a la agente del Ministerio Público Jaqueline González Salgado. Jaqueline apareció 32 horas después a borde de carretera y en entrevista con el reportero dijo que nunca fue rescatada como lo hizo creer en un principio la Fiscalía del estado.
Y en 2023 ocurrieron dos asesinatos más que no trascendieron porque no son de los llamados “de alto impacto”: fueron hallados muertos en la vera del río Misraim Michel Mujica y Javier Peralta Arroyo. El primero miembro de la comunidad LGBT+ y el segundo un profesor reportado como desaparecido por su hija un día antes. En todos estos casos hay un común denominador. Sin contar que se hicieron bajo la sombra de La Familia Michoacana, ninguno de ellos se ha resuelto.
Un calentano camina por el puente que libra el Río Cutzamala. Este une a Ciudad Altamirano, Guerrero con Vicente Riva Palacio, Michoacán.
Golpe de mano
Coyuca de Catalán está a menos de media hora de Ciudad Altamirano. Los une el puente del río Balsas. Cinco de los nueve municipios de Tierra Caliente colindan con Michoacán. Coyuca es uno de estos. Hacia el noreste. Acá está la fiscalía regional. La instancia que se encarga de investigar los delitos y llevar a los acusados ante un juez. Sólo que desde que lo asesinaron no hay titular y se trabaja diezmados por la amenaza y el temor.
Víctor Manuel Salas Cuadras era el fiscal regional cuando lo mataron en septiembre de 2023. Tenía tres días de haber llegado al encargo y aún no hay quien lo sustituya. La Fiscalía General del Estado se negó a responder mediante su oficina de comunicación social por qué no han nombrado a nadie y el curso de las investigaciones de este y otros asesinatos.
En las oficinas regionales de Coyuca de Catalán también prevalece el silencio. Tiene apenas un par de semanas que fueron reabiertas tras estar cerradas 17 días luego del asesinato de Salas Cuadras. El edificio no es como cualquier otro en la ciudad. Fue construido para albergarlas hace años. Se nota el paso del tiempo y el poco mantenimiento. El pasillo largo de piso blanco por cuyas orillas los cubículos permanecen cerrados lleva a un área de espera donde una mujer y un hombre aguarda sin hablar. Hasta acá también entró un comando para llevarse a la Ministerio Público Jaqueline González Salgado.
Una agente del Ministerio Público de Coyuca de Catalán consultada dice que no pasa nada y, al contrario, pregunta de qué habla el reportero cuando se refiere a la situación por la que atraviesa la región. Se le recuerda el asesinato del fiscal regional, el secuestro de su compañera, el asesinato de un agente ministerial...
—Pero estamos bien —responde.
—Cómo, si ni siquiera hay titular aún…
—Hay un encargado.
—Y luego en Arcelia, la demolición de las oficinas.
—Ahí ya no había nada.
La agente fue consultada a las 12:00 del mediodía en Ciudad Altamirano, al salir de un certamen regional de poesía coral. Arguyó prisa y salió en su coche dejando sólo polvo detrás de sí. Minutos antes los chicos de una telesecundaria declamaban dentro del lugar: “Anhelamos libertad. Libertad para andar en estas calles oscuras y en silencio”.
—Espere allá, por favor —instruye un chico con cubrebocas atrás de un mostrador en la fiscalía regional, cuando se pide hablar con la encargada de despacho.
Al fondo del pasillo de loseta blanca están dispuestas un par de hileras de asientos negros. La tensión es espesa y pegajosa. O será el calor. Como quiera que sea la pareja que está ahí no habla y se resiente un ambiente de tensión. Un árbol navideño decorado con desgano es el único adorno que indica que es diciembre.
No pasa mucho tiempo cuando la agente del Ministerio Público Katia Flores Ayala, cuarenta y menos, vestida tipo ejecutiva y gafas llama al reportero. Su oficina es la primera desde la entrada principal.
—No. Yo no soy la encargada. No hay encargado —dice de inmediato cuando se aclara el motivo de la visita.
—Una compañera suya consultada hace unas horas dijo que sí.
—No. Somos cuatro agentes del Ministerio Público y entre los cuatro estamos sacando el trabajo.
—¿Por qué no se ha nombrado al fiscal regional, entonces?
—No puedo hablar de eso. Eso sólo te lo pueden responder en Chilpancingo. Acá no estamos autorizados.
—Ya. ¿Y cómo ha ido el trabajo después de 17 días de que estuvieron cerradas tras el crimen del fiscal regional?
—No se cerró del todo. Hubo guardias. No puedo decir más. Te pido que acudas a las oficinas de Chilpancingo.
Parecen concertados los golpes dados a la Fiscalía de Tierra Caliente. Como fichas de dominó cuyas caídas se suceden una tras otra. No hay quién diga por qué. Sólo algunos acontecimientos que pueden explicarlo. El decomiso por parte de la Fiscalía de un lote de 15 automóviles clásicos y de lujo en Ciudad Altamirano (entre ellos un Lamborghini) puede ser un motivo. Ocurrió en abril de 2023. De allí vino lo demás.
El bloqueo carretero, que paralizó la zona, encabezado por siete de los nueve alcaldes de la región en protesta por las acciones “arbitrarias” de la dependencia. El secuestro de la agente del MP, Jaqueline González, en agosto. El asesinato del fiscal regional y del policía ministerial en hechos distintos en septiembre. Y ese mismo mes, la demolición con maquinaria pesada de las oficinas del Ministerio Público de Arcelia. La encabezó gente molesta tras la muerte de un motociclista que se negó a una inspección del Ejército y se estrelló contra un automóvil.
Las oficinas de Arcelia funcionaban a medias, en efecto. Una parte había sido llevada a San Miguel Totolapan para investigar el asesinato sumario donde mataron al alcalde Conrado Mendoza. Poco después quien lo suplió, Fredy Vázquez Palacios, terminó encabezando otra protesta en el recién instalado MP con un centenar de pobladores que hicieron pintas para exigir su salida del municipio. La manifestación fue por la detención de dos hombres que conducían una camioneta con reporte de robo.
—¿Qué está pasando en Tierra Caliente? —se le pregunta al secretario de Gobierno, Ludwin Reynoso Núñez, en entrevista.
—¿En qué sentido?
—En el tema de seguridad, por ejemplo…
—Es un tema muy complejo. Aunque no hay una incidencia delictiva alta, no hay muertos, no hay robos. Hay un control de los municipios por parte de un grupo de la delincuencia (La Familia Michoacana) que es el mismo efecto que pasa en Michoacán y en el Estado de México.
—Dice que no tienen incidencia delictiva alta. ¿No se trata de pax narca, entonces?
—No. Al menos no pactada desde el (gobierno del) estado.
—¿Cómo interpretaron el bloqueo de las carreteras por parte de los alcaldes?
—Ellos argumentaron que fue por una serie de arbitrariedades de la Fiscalía contra la sociedad.
—¿No fue por el decomiso de los coches?
—Nunca mencionaron ese motivo.
—¿Lo creyeron?
—Si alguien tiene otro tipo de relaciones, cada quien es responsable en lo personal de lo que haga en el ejercicio de su responsabilidad.
—¿Y qué hacen ustedes? ¿No pudiera configurarse ahí algo que se llama connivencia?
—Todos los que comentan delitos tendrán, en su momento, que responder por ellos.
—¿Esa situación no está en los lindes de la ingobernabilidad?
—Nosotros no lo vemos así. Ahí hay un tema de interés de que una institución (la FGE) no esté en la región. Y la respuesta es que allí continuamos. Y va a continuar. A pesar de todo.
—Y la prensa acotada.
—Es un hecho que también hemos observado y hemos buscado la forma de darle garantías a todos. Necesitamos seguir trabajando en eso.
Un puente y un destino
Tierra Caliente es una de las ocho regiones de Guerrero. Colinda con Michoacán y el Estado de México. Con estos dos estados comparte tradiciones e historia. Guerrero no fue como es ahora sino hasta 1849 cuando se creó a partir de un decreto presidencial. Pungarabato no fue incluido hasta 1907, junto con Zirándaro.
Son nueve municipios los que conforman la región en la parte de Guerrero. Arcelia, Tlalchapa, Cutzamala, Tlapehuala, Ciudad Altamirano (Pungarabato). San Miguel Totolapan, Ajuchitlán, Coyuca de Catalán y Zirándaro. Los dos primeros colindan con el Estado de México. Los dos últimos con Michoacán. Cutzamala comparte gran parte de sus límites con ambos estados. En Michoacán la Tierra Caliente tiene siete municipios y el Estado de México nueve.
Un puente une a Guerrero y Michoacán. Desde Altamirano se entra para recorrer todos los municipios de la región: San Lucas, Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro, Madero, Tecámbaro y Turicato. Y si se cruza Cutzamala se llega a la misma región del estado de México: Tlatlaya, Amaltepec, Sultepec, Zacualpan, Texcaltilán, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Luvianos y Zacazonapa.
Aunque en Guerrero suspiran más por Michoacán. En Pungarabato aún evocan cuando pertenecieron al estado vecino y en Zirándaro hay quienes se sienten michoacanos. Tienen un pensamiento común. Lo comparten. Son bragados, dicen, trabajadores. Valientes. La carta de la lotería mexicana alusiva justo a ese personaje. Incluso los regionalismos: les dicen “guaches” a los niños. La expresión “va” como afirmación. Y ese tono al hablar: “ya vine, va”.
Comparten el gusto por la ropa. De antes, sobre todo. La típica (y la de ahora). El sombrero calentano. Los huaraches cerrados entretejidos. Las tardes ambarinas. Y una misma familia: La Familia Michoacana. Andar del lado michoacano es como andar en Guerrero. Lo mismo que andar del lado calentano del Estado de México. Aunque menos. Veinticinco municipios en común. Hubo un tiempo incluso en que se amasó la idea de un estado calentano. El 33.
No se han acabado del todo las bromas calentanas. Esas que parecen cifradas entre varones cuando se encuentran. A las 6:00 de la tarde, cuando chicurros y zanates cruzan en parvada en busca de donde dormir y los pobladores hacen lo mismo, en la parte baja del pueblo, vigilado por el cerro Chuperio, viejos pasan en bicicleta hacia las últimas actividades del día gritándose entre carcajadas improperios que sólo ellos entienden.
Y hay quienes dicen, sobre todo de este lado del puente, que caminar por Altamirano, por sus tiendas de ropa y sus mercados es como andar en Michoacán. Es cierto. Y viceversa. Andar en Riva Palacio del municipio de San Lucas, es como si no se hubiera salido nunca de Guerrero. Están atravesados por una misma idiosincrasia. Tradición, folclor, pensamiento y también narcocultura.
—Estamos enfermos de mafia —dice un escritor que pide el anonimato.
—¿Poner tu oficio no es problema?
—No, habemos varios.
En el mercado se confirma su dicho. El mal de mafia se ve por muchos lados. Hay tiendas de ropa para milicianos, para halcones/sicarios y para narcos chics. Las primeras ofrecen todo tipo de pertrechos. Hasta hay un maniquí con toda la vestimenta. Pantalón tipo cargo camuflado. Botas, playera negra. Chaleco antibalas. Pasamontañas y casco. Cinturón con funda de pistola y hasta la pistola. De plástico, por si hubiera dudas. También se pueden conseguir los accesorios. Navajas dentadas de varios tamaños y dagas de todo tipo. Linternas de largo alcance. Cinta industrial.
Las segundas ofrecen pantalones rotos de mezclilla, deslavados y ajustados. De costuras fuertes. Rígidos de las rodillas como para quienes gustan de las motos. También ofrecen playeras de las marcas Gucci, Burberry, Luis Vuitton, Dior, Prada, Versace. Las terceras exhiben maniquíes con camisas a cuadros de manga larga Burberry, Lacoste. Jeans de marca ajustados, pero no rotos, sujetados con cinturones Gucci o Prada o Versace. Según el gusto. Debe ser para advenedizos que aspiran ser. Los narcos de la región no deben comprar en el mercado. Este sólo es un espejo.
Y están las armas de juguete. Cuernos de chivo, escuadras, revólveres, ballestas. Granadas. Y pueden comprarse aquí en el mercado o en algún tendejón de la esquina.
Imagen del Río Cutzamala. Al fondo la iglesia de Ciudad Altamirano, Guerrero.
El estruendo del silencio
—Dejé el periodismo porque empezaron a someter a los periodistas —dice un reportero en retiro obligado desde hace más de diez años. Vive del otro lado del puente, en Riva Palacio, Michoacán, y si bien en un primer momento aceptó ser citado por su nombre luego lo pensó dos veces y pidió lo contrario
—¿Cuándo percibiste esta situación?
—En 2012, cuando La Familia Michoacana comenzó a controlarlo todo.
—¿Ves a la prensa ahora así, es decir, sometida?
—En absoluto. Intenta hablar con algún compañero y verás.
—¿Cómo se informan de lo que pasa que no sea información oficial?
—Por páginas de Facebook anónimas y muchas poco confiables. Escenario Calentano era una. Y ya ves lo que le pasó al administrador (Alan García que nunca apareció).
Hay otras. Paz y libertad de Tierra Caliente oficial, por ejemplo, tiene 60 mil seguidores. Sus publicaciones sobre todo son críticas de las acciones de La Familia Michoacana y muy a menudo hacen señalamientos directos contra personas, aunque sin aportar mayor evidencia de nada. También hay un periódico, Despertar del Sur, cuyo nombre es en sí una contradicción. No se publica nada que esté fuera de la agenda de los alcaldes. Y de nota policiaca sólo lo que pasa en Chilpancingo o Acapulco.
—Has escuchado la expresión “nos mean, y la prensa dice llueve” que apareció como grafiti en alguna pared de España.
—No. Es justo eso lo que pasa aquí.
Los colegas por su parte, contactados con anticipación, al final se negaron si quiera a tomar un café con el enviado.
El silencio es tal. El control y/o el temor es tal, que ni los funcionarios estatales en la región ni los municipales ni ningún regidor pudo ser si quiera visto por el reportero. En la Fiscalía General del Estado no respondieron a las solicitudes de información. La delegada de gobierno, María Asunción Santamaría, ni a oficinas llega. Cuando contestó su teléfono y se le dijo el motivo de la llamada no volvió a atenderlo. Tampoco hay algo que se pueda llamar sociedad civil organizada. Ni cámaras de comercio ni empresariales.
El alcalde Cuauhtémoc Mastachi Aguario, que encabezó los cierres carreteros en abril (días después del decomiso de los automóviles de lujo), tampoco aceptó entrevista. Mastachi cerró la avenida que conecta con Michoacán. Le siguieron los alcaldes de Cutzamala, Mayte Lucero Arce Jaimes; Arcelia, Bulmaro Torres Berrum; Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; Ajuchitlán, Víctor Vega Hernández; Acapetlahuaya, César Ortiz Torres (de la zona Norte) y la diputada Elzy Camacho Pineda.
Por esto la Fiscalía intentó un procedimiento administrativo para buscar un posible juicio de procedencia que no prosperó. De todos modos, el conflicto fue arreglado entre los alcaldes, la Fiscalía, mandos militares y la gobernadora Evelyn Salgado que acudió al 34 Batallón de Ciudad Altamirano cuatro días después de que los mismos alcaldes paralizaran la región.
Por esto la Fiscalía intentó un procedimiento administrativo para buscar un posible juicio de procedencia que no prosperó. De todos modos, el conflicto fue arreglado entre los alcaldes, la Fiscalía, mandos militares y la gobernadora Evelyn Salgado que acudió al 34 Batallón de Ciudad Altamirano cuatro días después de que los mismos alcaldes paralizaran la región.
—¿Tienen algún plan especial para la Tierra Caliente, dado lo complejo de la situación? —se le pregunta al secretario de Gobierno en una pequeña sala de reuniones adjunta a su despacho.
—Hemos insistido mucho en que se fortalezca la presencia del Estado en esta región, y sobre todo dejar de verlo no como un tema exclusivo de Guerrero. Involucra a Michoacán y al estado de México y tiene que hacerse una estrategia de manera conjunta. Lo que sucede aquí pega en los otros estados y viceversa. Tiene que ser una estrategia que parta desde la Federación. Cuando eso ocurra el gobierno de Guerrero hará su parte.
—¿Es lo que ustedes están esperando o ya lo echaron a andar?
—Lo hemos planteado. Tierra Caliente no es un tema estatal, no es un tema municipal, es un tema regional en el país.
—¿Qué tipo de estrategia, sólo en lo que se refiere a seguridad? ¿O de qué tipo sería?
—Estamos pensando en estrategia de inteligencia. De compartir información. De hacer operativos comunes, que lo hemos hecho, con el gobierno del Estado de México y del de Michoacán. Lo hemos hecho cuando suceden hechos delictivos. Tenemos vinculación. Pero tiene que ir más allá a partir de una estrategia nacional.
—¿Tienen fecha perentoria para este plan del que habla?
—No. Por lo que digo. Tiene que partir de una estrategia de toda la región que conforma los tres estados.
Semanas después de la entrevista, los gobiernos de Guerrero, Estado de México, Michoacán y Morelos anunciaron un operativo especial con estas características.