Más de un centenar de proveedores descalificados de concursos de licitación pública por no acreditar su capacidad técnica, administrativa y económica, o por rebasar el techo presupuestal, fueron contratados por adjudicación directa para realizar la misma obra que habían perdido durante el proceso de competencia.
Bajo este esquema, 12 dependencias del gobierno federal y siete gobiernos estatales asignaron 151 obras públicas por un monto de cuatro mil 542 millones de pesos sin contar el IVA en 2023. Son al menos 117 proveedores de obra que no ganaron la licitación inicial, pero sí obtuvieron el contrato para realizar el trabajo.
Entre los proveedores beneficiados hay una empresa que fue inhabilitada en 2018 por la Función Pública, otra fue señalada de recibir pagos duplicados y sin justificar por el Órgano Interno de Control del IMSS, y una más fue observada por la Auditoría Superior de la Federación. Tres compañías tienen como accionistas a exservidores públicos del gobierno federal que trabajaban en áreas de licitaciones.
Hay seis empresas que fueron creadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y se incorporaron como contratistas del gobierno.
Cuatro de cada 10 contratos adjudicados bajo esta modalidad se firmaron en un plazo de entre uno y 10 días, a partir de que se declaró desierta la licitación. Hay al menos 27 contratos en los que el monto de la obra aumentó al cambiar la forma de contratación. En cada uno de estos contratos, el incremento fue hasta por 4 millones de pesos.
Con este esquema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contrató infraestructura hidráulica para el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, el Acueducto el Salto, en Jalisco; la Presa Santa María, en Sinaloa; la Presa Guadalupe, en el Estado de México; la presa El Cuchillo, en Nuevo León; y el proyecto Agua Saludable para la Laguna, en Durango y Coahuila, entre otras.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en agosto de 2024. Foto: Gobierno de México.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por su parte, concentró este mecanismo en obras del Programa de Mejoramiento Urbano. Lo hizo con 13 contratos por un monto de 396 millones de pesos. Así benefició a proveedores para construir el Mercado del Bienestar Maya y el Parque del Jaguar, en Quintana Roo; la museografía del Museo del Mamut y del Museo de Arqueología, Estado de México, así como diversos contratos para la supervisión y construcción de albañilería y acabados del Nuevo Archivo General Agrario, en la Ciudad de México.
Las cinco dependencias federales que más utilizaron este modelo en 2023 fueron Conagua, Sedatu, IMSS, ISSSTE e INAH. Los gobiernos de Tabasco, Estado de México, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León también contrataron obra con este esquema.
El gobierno federal utilizó la excepción legal del artículo 42, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que permite contratar por adjudicación directa tras declarar desierta una licitación pública, siempre que se mantengan las bases de la convocatoria. La ley no menciona la contratación de un proveedor previamente descalificado.
Para este trabajo se revisaron 381 contratos de obra pública en los que se utilizó el artículo antes citado. Uno por uno se revisaron los procesos de contratación: las bases de las convocatorias, actas de apertura de propuestas técnicas y económicas, fallos, justificación a la excepción y dictámenes de adjudicación directa, entre otros.
En el 40% de los casos revisados para esta investigación las dependencias contrataron a un proveedor que ya había sido desechado en la licitación previa. En el 26% se adjudicó a un proveedor nuevo, y en el 34% no se encontró suficiente información disponible para revisar el proceso de contratación completo.
Dos expertos anticorrupción entrevistados para este trabajo aseguraron que este es un modelo de simulación.
Se le cae un puente… y la contratan de nuevo
El puente vehicular El Quelite se desplomó cuando llevaba casi un 80 por ciento de su construcción. Foto: redes sociales.
En diciembre de 2022, cinco vigas de 38 metros de largo que sostenían un puente vehicular en reconstrucción colapsaron sobre la carretera federal que conecta Mazatlán con Culiacán, Sinaloa. La obra se desplomó cuando llevaba casi un 80% de avance.
El paso de automóviles y camiones de carga nombrado El Quelite se había dañado un año antes por los efectos del Huracán Nora, por eso, en 2022, con recursos federales, el gobierno de Sinaloa encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, le encargó su reconstrucción a Grobson S de RL, una empresa originaria de Hermosillo, Sonora, con escasa experiencia en obras de esta magnitud, y con trabajo previo de pavimentación de calles y construcción viviendas de interés social, según los registros públicos consultados.
El retraso de la obra complicó el tránsito entre las dos ciudades más grandes de Sinaloa: Culiacán, capital del estado; Mazatlán, la joya turística del noroeste de México.
El colapso del puente no afectó negativamente la trayectoria de la compañía en la contratación pública. Apenas seis meses después del derrumbe, Grobson obtuvo una obra de mayor complejidad.
En junio de 2023, la Conagua lanzó una licitación pública para construir los canales de riego de la Presa Santa María, en Rosario, Sinaloa. Al concurso se inscribieron 26 proveedores, pero la Conagua los descalificó a todos y declaró desierta la licitación.
Grobson no logró ganar el concurso porque no acreditó la experiencia y especialidad de mínimo cinco años en obras de la misma naturaleza, se lee en los documentos. Su personal tampoco demostró experiencia mínima en obras similares o preparación técnica con cursos, talleres o diplomados relacionados con la infraestructura hidráulica. De un máximo de 50 puntos, Grobson apenas obtuvo 28.6, no logró el puntaje mínimo de 37.5 para ser considerada una propuesta solvente.
A pesar de la calificación tan baja, días después de declarar desierta la licitación, la Conagua decidió adjudicar la obra a Grobson de forma directa. En los cinco días que pasaron entre el fallo de la licitación y la adjudicación, la Conagua volvió a evaluar a la compañía y ahora sí su personal ya contaba con la capacitación y experiencia mínima, lo que le valió un aumento de nueve puntos en su calificación. De esta forma, la constructora sonorense obtuvo el puntaje mínimo y consiguió el contrato de 346.7 millones de pesos.
El entonces presidente López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, durante la inauguración de la zona de riego de la Presa Santa María en Sinaloa. Foto: Gobierno de México.
Lo que no suena lógico...
Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación y presidente de la organización civil Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, considera que este esquema refleja una práctica de simulación en el gobierno federal para beneficiar a proveedores directos.
“Resulta poco lógico o poco razonable que el adjudicado sea alguien que participó en la licitación pública desierta. Inclusive con una oferta mayor a la que el participante ofreció en la licitación. A mí me parece que esto es una práctica de simulación”, advierte.
El experto en fiscalización indica que este esquema se vale de lagunas de la ley para, probablemente, simular licitaciones y encubrir posibles actos de corrupción.
“No son normales. Yo te diría que a lo mejor no es que sea ilegal, ahí es donde están las lagunas que puede tener la ley, pero este es un proceso de contratación que facilita, encubre los actos de corrupción”, precisa.
Al respecto, Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, afirma que esto se trata de un proceso de contratación irregular que afecta al patrimonio público.
“Sí hay una simulación, por ningún motivo es normal que un posible proveedor pierda la licitación y luego se la des por adjudicación directa. Con reglas muy establecidas, en un proceso competitivo perdió, y después quitas el proceso competitivo y a uno de tus perdedores le das una adjudicación directa, es una simulación. Esto daña la cuenta pública, daña al patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos, y esto eventualmente pueden convertirse en casos de corrupción”, concluye.
Las observan en el IMSS y la CFE… el ISSSTE las premia
El pasado cuestionable de las compañías no es impedimento para que gocen de este mecanismo de adjudicación directa.
En el sismo de 2017, el Hospital General 32, de la Ciudad de México, resultó dañado, y el IMSS le encargó a la empresa Corpomara Constructores SA de CV su rehabilitación. Le dio un plazo de seis meses y le asignó un presupuesto de 159.8 millones de pesos. Pero cuando el Órgano Interno de Control (OIC) auditó la obra, halló que el costo se elevó hasta 303 millones de pesos, y su construcción se prolongó por más de año y medio. Al comenzar la pandemia por Covid 19, el hospital seguía en construcción.
El antecedente no fue impedimento para que entre mayo y junio de 2023, el ISSSTE adjudicara dos nuevos contratos a Corpomara para rehabilitar 11 clínicas en la Ciudad de México, y tres hospitales en Veracruz y Michoacán.
Corpomara Constructores fue descalificada de las licitaciones porque presentó documentos incompletos o ilegibles. Las otras 10 compañías participantes también fueron eliminadas. El ISSSTE declaró desiertos los concursos, pero en menos de un mes le adjudicó a Corpomara de forma directa los dos contratos por una suma de 67.6 millones de pesos.
Otro caso. En noviembre de 2017, la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que prohibía a dependencias públicas contratar a la empresa Ruiz San Constructores SA de CV por un periodo de tres meses, aunque no se expusieron los motivos de la inhabilitación.
El ISSSTE utilizó este modelo de contratación para supervisar la rehabilitación de hospitales públicos en varias entidades del país. Foto: Gobierno de México.
En 2023, una vez terminada su inhabilitación, la compañía participó en cuatro concursos organizados por el ISSSTE. En ninguno de ellos, Ruiz San Constructores logró el puntaje mínimo: incumplió con documentos técnicos y económicos, y sus propuestas fueron desechadas durante el concurso. Al final, la licitación se declaró desierta. Sin embargo, entre 5 y 10 días hábiles después del fallo, el ISSSTE le adjudicó de forma directa los cuatro contratos por 15.2 millones de pesos para supervisar trabajos de conservación y mantenimiento en Estancias para el Bienestar Infantil y clínicas de primer nivel en Sinaloa, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Colima, Baja California y Baja California Sur.
Se buscó a la Conagua, IMSS, ISSSTE y Sedatu –las dependencias que más utilizaron este modelo–, para conocer su postura. El IMSS argumentó que sus contrataciones se hicieron conforme a la ley. La Sedatu reconoció solo 12 de los 13 contratos, pero no dio elementos de su argumentación.
También se llamó vía telefónica y se envió un correo electrónico a las tres compañías mencionadas en el texto de esta investigación. Hasta el cierre de edición, solo el IMSS y la Sedatu respondieron.
Por el tamaño de la base de datos de Compranet no fue posible analizarla en su totalidad, por lo que se seleccionó una muestra correspondiente al año 2023 en materia de Obras Públicas. No se descarta que este modelo de presunta simulación se repita en los otros años y procesos de compras del gobierno federal.
El esquema de simulación, paso a paso:
La dependencia convoca a una Licitación Pública para construir una obra con recursos federales.
Al concurso de Licitación Pública se inscriben proveedores de obra pública.
La dependencia evalúa las propuestas técnicas y económicas de cada participante.
Todos los proveedores son descalificados por incumplir los requisitos de la convocatoria. Sus propuestas no son solventes.
La dependencia declara desierto el concurso de Licitación Pública.
La dependencia contrata por Adjudicación Directa, sin concurso de por medio, a uno de los proveedores previamente descalificados en la Licitación Pública.
