Este poder no lo puede poseer cualquier abogado. Para ejercerlo se requiere ser una persona íntegra y con probidad, un profesional del derecho. Es tan importante, que el aval lo otorga la máxima autoridad de cada Estado, el gobernador. Se llama fe pública y concede la certeza de que lo que un notario autoriza es auténtico, es verdadero.
Pero no todos los designados se comportan de esta manera. Algunos notarios en México han utilizado su facultad para legalizar la creación de empresas que simulan operaciones fiscales, evaden impuestos, lavan dinero y desvían recursos públicos.
Al menos 562 notarios públicos de todo el país han dado fe de la creación de mil 171 firmas que han defraudado a la hacienda pública y que son conocidas como empresas fantasma, fachada, factureras o por su nombre legal, EFOS, que significa Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.
Este reportaje es el resultado de un análisis y evaluación de las EFOS detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre enero de 2020 y marzo de 2024.
Entre los notarios enlistados destacan exsecretarios de gobierno, exalcaldes, exdiputados locales y federales, representantes electorales de partidos políticos y dirigentes de colegios de profesionistas.
Decenas de fedatarios repiten patrones en los procesos de legalización de las empresas factureras: formalizan múltiples sociedades el mismo día, validan a las mismas personas como accionistas de distintas compañías y les asignan objetos sociales muy amplios, con los que las empresas pueden realizar más de 100 actividades distintas, muchas de ellas sin relación entre sí. Compañías “todólogas”.
Las entidades en donde más se han creado empresas fachada son Jalisco (189), Ciudad de México (159), Nuevo León (112), Oaxaca (101) y el Estado de México (83). En estas cinco entidades se concentra el 54% de las EFOS, mientras que el 46% restante está distribuido en 26 entidades. Baja California Sur fue el único estado donde no se encontraron EFOS en el periodo analizado, sin embargo, se pudo comprobar que sí existen en años anteriores.
En el medio millar de notarios que legalizaron empresas que al tiempo se calificaron como factureras, se hallan fedatarios que han sido denunciados, les han quitado la notaría, también llamada fiat, e incluso les han procesado penalmente.
En Oaxaca, los notarios Alejandro José Vidaña Luna, Omar Abacuc Sánchez Heras y Jorge Zarate Ramírez, han sido señalados de participar en un “cártel del despojo”, una estructura que simula actos jurídicos y modifica escrituras para apropiarse de inmuebles con alta plusvalía. En 2023, Zarate Ramírez fue vinculado a proceso por ejercicio ilícito de la función pública con relación al mismo caso.
En Jalisco, Álvaro Guzmán Merino, acumuló más de 52 sanciones, una de ellas por escriturar de forma ilegal una parte del histórico Lago de Chapala, una zona federal. El trámite fue derogado pero el notario defiende que en los documentos que él avaló no se especificó que se trataba de una zona federal.
En Guanajuato, Alejandro Durán Llamas perdió su notaría por señalamientos de irregularidades, pero también es acusado de despojar 180 hectáreas a ejidatarios por medio de engaños.
De acuerdo con un informe del SAT de 2019, las compañías factureras habrían evadido impuestos por unos 354 mil 512 millones de pesos, tan solo entre 2014 y 2019. Una cantidad que representó el 1.4% del Producto Interno Bruto del país.
Oaxaca, factureras al servicio del estado
El estado de Oaxaca es , tal vez, el lugar que mejor muestra cómo operan las empresas fantasma y la participación de los fedatarios. Aquí, un grupo de 20 notarios legalizaron 101 empresas fantasma en tan solo cinco años, entre 2013 y 2018. Al poco tiempo de iniciar, varias de las compañías obtuvieron contratos públicos con el gobierno del Estado de Oaxaca y ayuntamientos de la misma entidad. La mayoría de los servicios se concentraron entre 2016 y 2021, durante la administración del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Según los contratos públicos que se lograron rastrear en los sistemas de transparencia, estas compañías ampliaron el sistema de agua potable, repararon caminos dañados, construyeron vivienda en zonas de alta marginación, instalaron techumbres en jardines de niños y escuelas primarias, rehabilitaron centros de salud en comunidades rurales, entre otros.
Recibieron recursos de la Comisión Estatal del Agua, de la Comisión Estatal de Vivienda y de la Secretaría de Infraestructura de Oaxaca.
La estructura no se limitó a su estado: llevaron sus facturas a otras entidades como Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Zacatecas, en donde proveyeron publicidad oficial y la organización de eventos artísticos. También emitieron comprobantes fiscales para la comprobación de viáticos de alimentación y transporte de funcionarios de gobiernos de Baja California Sur, Tabasco, Guerrero y Michoacán.
Este es el domicilio de Caminos Terrestres y Renta de Equipo del Norte, una constructora protocolizada por la notaría Mariana Martínez Gracida Orduña. La compañía recibió al menos cuatro contratos que suman 15 millones de pesos. Foto: Mario Arturo Martínez En un rastreo en bases de datos públicas se encontraron accionistas, identificados por su RFC, que aparecen en padrones de beneficiarios de programas sociales de leche gratuita, programas de incentivos para productores de maíz y frijol, financiamientos por cinco mil pesos para microempresarios y hasta clases para aprender a leer y escribir en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Pero las actividades de estas compañías duraron poco, la mayoría fueron detectadas por el SAT, entre 2020 y 2021, y señaladas por no tener activos ni personal, carecer de infraestructura y no contar con la capacidad material para prestar los servicios que ofertan.
En un recorrido realizado en la región valles de Oaxaca se visitaron los domicilios de 13 compañías protocolizadas por los notarios Omar Abacuc Sánchez Heras, Octavio Eduardo Manzano Trovamala Huerta y Mariana Martínez Gracida Orduña. Se encontraron locales comerciales vacíos disponibles para renta, casas deshabitadas y hasta un terreno baldío.
Se buscó a todos los notarios mencionados en este trabajo, por vía telefónica y correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición, solo el notario Guzmán Merino de Jalisco respondió y negó tener responsabilidad en el uso que se le da a las empresas posterior a su creación.
Este domicilio lo comparten dos compañías protocolizadas el mismo día por el notario, Octavio Eduardo Manzano Trovamala Huerta. Una de ellas, Estructuras Arquitectónicas Tholoi recibió casi 79 millones de pesos del Gobierno de Oaxaca entre 2019 y 2020. Foto: Mario Arturo Martínez 
En un local comercial disponible para renta se ubica el domicilio de Cubso Construcciones, una constructora protocolizada por Omar Abacuc Sánchez Heras. La compañía recibió al menos 8 millones de pesos del gobierno de Oaxaca. Foto: Mario Arturo Martínez Riesgos de corrupción y defraudación
Para detectar el nivel de riesgo que corre un notario al formalizar empresas que al tiempo se convierten en factureras, este equipo periodístico elaboró un Semáforo de Riesgos que funciona con el listado de EFOS Definitivas del SAT, creadas en los últimos dos sexenios, entre 2012 y 2024.
La herramienta mide tres criterios: la reincidencia del notario al formalizar empresas que posteriormente son detectadas como EFOS; la temporalidad en la que se constituyen las sociedades, es decir, si múltiples compañías son formalizadas en un mismo día o en días y meses consecutivos, así como la vinculación de los accionistas en diversas empresas.
La metodología fue consultada con tres especialistas anticorrupción que analizaron y emitieron recomendaciones para definir los criterios de riesgo y los puntajes de cada categoría. La calificación ubica al notario en un riesgo bajo si obtiene de tres a ocho puntos; riesgo medio si suma de nueve a 23, y en un riesgo alto cuando su índice es mayor a 23, de un máximo posible de 63 puntos.
De los 562 notarios, 34 se ubicaron en el nivel de riesgo más alto, la mitad de ellos tienen sus notarías en Jalisco y Oaxaca. Estos fedatarios validaron entre cinco y 17 empresas fachada cada uno, lo que representa una tercera parte del total.
Eduardo García Corpus, titular de la notaría 115 de Oaxaca, obtuvo el puntaje de riesgo más alto, de entre los 562 notarios. En solo tres años, entre 2013 y 2016, formalizó 17 empresas factureras.
García Corpus enfrentó una investigación penal en 2017 por certificar hechos falsos y uso de documentos apócrifos. En 2018, se le inhabilitaron sus libros notariales por instalar oficinas de representación de su notaría en diferentes regiones de Oaxaca. Actualmente se mantiene en funciones.
Poco más del 50% de las compañías factureras analizadas fueron creadas en 2013, 2014 y 2015, sin embargo, es relevante destacar que la detección de EFOS por parte del SAT disminuyó drásticamente a partir de 2022. El SAT detectó 537 en 2020, 532 en 2021, 70 en 2022 y 24 en 2023. En el primer trimestre de 2024 sólo ingresaron ocho compañías al listado.
Vacíos legales y falta de regulación
Vania Pérez Morales, integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y doctora en Ciencias Políticas, asegura que la reincidencia en patrones irregulares al formalizar empresas lleva a concluir que los notarios no son personajes aislados o desvinculados de las redes de corrupción y defraudación fiscal.
“Es una pieza fundamental en este esquema de corrupción, porque es el primer lugar a donde recurre una persona para la creación de una empresa. Cuando podemos ver que no solo fue una empresa fantasma, sino varias en el mismo día, entonces el notario sí sabía que se estaba cometiendo un acto que podría dar lugar a actos ilícitos o de corrupción”, advierte Pérez Morales.
Issa Luna Pla, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, cuestiona la falta de un marco legal que vigile, regule y sancione la participación del notario público en estructuras de corrupción, y enfatiza en la necesidad de brindarle al notario herramientas que le permitan, por ejemplo, verificar la identidad de las personas que acuden ante él para crear empresas.
“Existe una carencia en el marco regulatorio de las notarías en México, y sobre todo en la supervisión de la actividad de las notarías. Los notarios no tienen una supervisión o unas reglas o estándares para prevenir la formación de este tipo de empresas fachada”, explica.
Sanciones mínimas y revocables
A pesar de los repetidos casos de corrupción que cometen algunos notarios, las sanciones o cancelaciones de la patente notarial por incumplir la ley del notariado son mínimas, y la mayoría se revoca ante tribunales.
Entre 2020 y 2024 se aplicaron sólo 79 sanciones y se inhabilitaron a 40 notarios públicos por falta de probidad en 26 entidades del país.
En Campeche, Chiapas, Hidalgo, Morelos y Puebla negaron tener información sobre los correctivos a notarios, y Chihuahua refirió el supuesto “secreto profesional” para reservar las cifras. En CDMX, Colima, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas se reportaron cero sanciones y ninguna revocación.
La Ciudad de México, capital del país, es la segunda entidad con mayor número de empresas fantasma, pero en el periodo analizado no se sancionó a ningún notario público. Las cifras se obtuvieron a través de solicitudes de información a las 32 entidades del país.
Sin embargo, inhabilitar a un notario no es garantía de que deje de ejercer. En Sinaloa, la fiat de Manuel Lazcano Meza ha sido revocada en tres ocasiones en un lapso de 15 años. La última vez, en noviembre de 2023, fue inhabilitado por registrar contratos de compraventa entre personas que llevaban varios años fallecidas.
De entre los 40 notarios inhabilitados entre 2020 y 2024, hay 16 casos en los que el notario logró anular la sanción o la mantiene impugnada. En ocho casos de Baja California, Guanajuato y Michoacán recuperaron sus notarías por medio de sentencias de los Tribunales Estatales de Justicia Administrativa que resolvieron a su favor.
En casos donde la inhabilitación se mantiene firme es porque hay sentencias condenatorias de privación de la libertad. Destaca por ejemplo, el exfiscal general de Nayarit, Édgar Veytia Cambero, a quien se le quitó su patente de notario el 28 de abril de 2021.
La autoridad estatal le acusó de “haber afectado gravemente el sentido de la probidad y la función notarial al ser condenado con sentencia privativa de la libertad”. Sin embargo, Veytia Cambero enfrenta un proceso penal en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado, no por su función notarial.
“No podemos negarnos a prestar los servicios”
Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, rechaza que el fedatario tenga responsabilidad en el uso ilícito que se le da a una empresa posterior a su creación.
“Lo que hagan con esa sociedad una vez que se haya constituido ya no es responsabilidad del notario; nosotros no podemos saber a futuro que van a hacer con esa empresa. No podemos negarnos a prestar los servicios; nosotros no somos agentes de investigación, ni somos policías”, enfatiza.
Respecto de los casos en los que el notario reincide en la formalización de decenas de EFOS, Díaz Carranza insta a que sean las autoridades quienes investiguen y sancionen.
La dirigente también acusa que la responsabilidad por la proliferación de las EFOS es compartida con el SAT o la Secretaría de Economía, instancias que inscriben a la compañía y les generan un RFC.
“Si son prácticas reiteradas y son algunas situaciones sospechosas, pues si la autoridad tiene las pruebas, que sean las mismas autoridades las que investiguen y sancionen a aquel notario que no esté actuando con probidad”, expresa.
Como una medida para blindar al notario de involucrarse en este tipo de estructuras, Díaz Carranza plantea que la autoridad fiscal les permita conocer quiénes son las personas que están detrás de las empresas boletinadas en los listados del 69-B del Código Fiscal de la Federación.
“Para nosotros sería bueno detectar a las personas, tanto físicas como morales, que están en esa situación. Si tuviéramos acceso a esas listas, entonces ahora sí podríamos negarnos a dar el servicio de la fe pública o dar los avisos correspondientes a las autoridad”, enfatiza.