La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha superado el gasto por servicios médicos subrogados de su antecesor Enrique Peña Nieto. La promesa de acabar con la “privatización” de la Salud se ha esfumado. Pese al dinero invertido, el IMSS no logra mejorar la atención a los usuarios.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha pagado al menos 22 mil 183 millones de pesos a empresas privadas, principalmente del ramo médico, entre 2019 y 2023, para suplir las carencias del sistema de salud público.
El gasto que ha realizado el Instituto en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es superior a lo que el IMSS erogó por conceptos de subrogación de servicios médicos entre 2013 y 2018, en el sexenio completo de Enrique Peña Nieto. En esos seis años, el desembolso registrado fue de 13 mil 224 millones, arrojó el análisis de la base de contratos públicos de Compranet.
El dinero se ha utilizado para costear hemodiálisis, partos, estudios de laboratorio y rayos X, atención a recién nacidos y otros servicios gineco-obstétricos. También ha subrogado intervenciones quirúrgicas como la extracción de la vesícula biliar e incluso áreas de urgencias y terapia intensiva, así como diversas especialidades médicas: cardiología, neurología y psiquiatría, entre otros. Todos ellos servicios que el Instituto reconoce es incapaz de brindar por sí mismo.
La erogación del IMSS es contraria a los compromisos que ha realizado el presidente de México y el titular del organismo público descentralizado, Zoé Robledo Aburto, en los últimos años.
Vamos a terminar con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, la famosa subrogación. Hasta las guarderías subrogaban, entregaban contratos a particulares para manejar la salud, la seguridad social. Temas tan delicados que se pusieron al mercado como si fuese mercancía, todo por el dinero, por la ambición al cochino dinero. Eso es lo que se está enfrentando y vamos bien”,
dijo López Obrador durante la conferencia matutina del 25 de febrero de 2020.
En enero del año pasado, Robledo Aburto, quien ha dirigido la institución desde junio de 2019 (Germán Martínez Cázares fue el titular los primeros seis meses del sexenio), aseguró que durante su administración se frenó la “privatización silenciosa” al interior del IMSS. Por medio de un boletín, el director dijo que con el pretexto de que la atención médica era de mala calidad y costosa, los gobiernos anteriores aumentaron los contratos con particulares para la prestación de los servicios.
Encontramos que las empresas imponían sus condiciones, lo que ofrecían era caro y deficiente. Había espacio para la corrupción”,
afirmó.
La subrogación es la alternativa que se ha establecido para cubrir la demanda de atención a la salud mediante la contratación de servicios otorgados por un tercero. Es un mecanismo que se utiliza cuando las unidades médicas del sistema público no tienen ni los medios ni los recursos para atender a los derechohabientes con oportunidad, calidad y seguridad, de acuerdo con lo que señala la Norma que establece las disposiciones generales y criterios técnico-médicos para la planeación, contratación, obtención y control de los servicios subrogados de atención médica.
El gasto en subrogación no representa necesariamente un desfalco al Seguro Social, pero sí representa la ineficiencia de la Institución. Si no hubieran realizado esas contrataciones, el servicio sería aún peor”,
advierte el doctor Alejandro Macías, quien fuera el médico comisionado de salud en la pandemia de gripe AH1N1, y uno de los médicos más consultados durante la pandemia de COVID 19.
Sin embargo, los pagos a privados para suplir las carencias del IMSS no han subsanado las grietas en la atención. De hecho, en algunos casos, representan un nuevo obstáculo para recibir la asistencia, incrementando los tiempos de espera, la burocracia y los malos tratos a la derechohabiencia.
En enero de 2019, AMLO presentó en Michoacán el Plan Nacional del IMSS 2018-2024 acompañado de Germán Martínez, quien entonces dirigía el organismo. Se comprometió a garantizar el derecho constitucional de todos los mexicanos a la salud gratuita y de calidad.
Crédito: Ariel Ojeda / Archivo El Universal
El 74.9% del dinero que el IMSS ha utilizado en subrogación de servicios médicos, 26 mil 527 millones de pesos en los gobiernos de EPN y AMLO, se ha destinado a un mismo fin: terapias de hemodiálisis. Los estudios costo-beneficio que realizó el organismo en 2019 y 2021 especifican que la subrogación es necesaria por la “falta de suficiencia del Instituto para poder realizar las sesiones en sus propias instalaciones”.
La hemodiálisis es uno de los tratamientos para las personas que padecen Enfermedad Renal Crónica y consiste en filtrar toxinas y agua de la sangre, la función que hacían los riñones cuando estaban sanos. El IMSS atiende al 80% de los pacientes (74 mil en 2018) con esta enfermedad en el país, y a casi la mitad les brinda esta terapia, según el Análisis Costo-eficiencia para la contratación del servicio en el periodo 2020-2022, obtenido por transparencia.
El documento revela que la principal razón por la que el IMSS contrata a privados es porque carece del servicio en la mayoría de sus unidades médicas (92%). En otros, es por insuficiencia de equipo o descompostura del mismo (5%), falta de insumos (2%) y escasez de personal (1%). También se puntualiza que el Inventario Físico de Unidades de 2018 no registra infraestructura propia para hemodiálisis en Hidalgo, Morelos y Querétaro.
Pese a las contrataciones millonarias, el acceso a esta terapia no está garantizado.
Rutbiola Velázquez, de 31 años, está en la lista de espera de hemodiálisis subrogada porque el servicio del Hospital Regional 180 de Tlajomulco, Jalisco, se encuentra sobrepasado: debe esperar casi dos años para poder recibir el servicio privado. Mientras tanto, realiza colectas y rifas para poder costearse independientemente al menos una de las dos terapias que necesita semana tras semana y que tienen un costo de mil 500 pesos cada una.
Aunque se le pidió al IMSS que entregara vía transparencia los estudios costo-beneficio de la contratación de todos los servicios médicos que ha subrogado, un requisito para avalar el pago a privados, sólo entregó los correspondientes a hemodiálisis. En ellos se recalca la necesidad de contratar privados para brindar el servicio ante las carencias propias, la única discusión que se asienta es sobre si los contratos serán anuales o plurianuales.
En respuesta a solicitudes de transparencia realizadas para este reportaje y tras interponer recursos de revisión, el IMSS entregó diversas bases de datos con información sobre subrogación. La sumatoria arroja que en los primeros cinco años de la administración actual gastó 7 mil 629 millones en subrogación de servicios médicos, un incremento del 102% respecto al gasto entre 2013 y 2018, que fue de 3 mil 764 millones.
La información muestra un monto inferior a lo reportado en Compranet, el sistema electrónico de información gubernamental sobre compras públicas, sin embargo acredita el aumento en el gasto de subrogación del IMSS. Desde el 30 de enero se le solicitó al Instituto reiteradamente una entrevista con relación al aumento en el gasto por subrogación médica, pero no brindó respuesta.
En la auditoría de cumplimiento de los servicios subrogados contratados para la contención y atención del Covid de 2022, la Auditoría Superior de la Federación señaló diversas irregularidades. Encontró que dos hospitales privados de Nuevo León no reconocieron haber recibido pagos reportados por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del IMSS. En Chihuahua halló a un médico del IMSS que solicitó y autorizó la subrogación de servicios médicos de 33 pacientes a los que él mismo trató en un sanatorio privado, es decir: se subcontrató a sí mismo. También se detectó la falta de reportes que acrediten las solicitudes de subrogación y su justificación.
La norma vigente señala que para la autorización y contratación de servicios subrogados se debe verificar que en la unidad de Salud no existan los medios y los recursos equivalentes para resolver el problema con oportunidad, calidad y seguridad, tomando en cuenta los criterios de urgencia, pertinencia técnico-médica, capacidad resolutiva, disponibilidad presupuestal, accesibilidad, distancia y tiempo de recorrido y costo efectividad. Sin embargo, la documentación brindada por la dependencia no permite corroborar que se hayan seguido estos lineamientos.
En 2015, trabajadores, pensionados y derechohabientes del IMSS marcharon en contra de la privatización de la salud en la institución.
Crédito: Darío Rodríguez / Archivo El Universal
Lucero Pedroza ha experimentado el deterioro del IMSS. Su primera vivencia fue en 2011 cuando le detectaron una cardiopatía congénita y le realizaron una cirugía para colocarle un marcapasos. El Hospital General de Zona No. 35 de Ciudad Juárez, Chihuahua, no tenía la posibilidad de realizar por sí mismo la cirugía, así que la dirigieron a una unidad médica del IMSS en Torreón, Coahuila. En ese entonces, salvo la higiene de la sala de operación y el traslado a otro estado, recuerda que todo salió “perfecto”.
En 2023, cuando volvió al IMSS No. 35 la experiencia cambió radicalmente. El servicio de subrogación estaba activo y su médico ingresó el papeleo para que le realizaran el cambio de marcapasos en el Hospital Ángeles Chihuahua, con quien el Instituto tiene un convenio para cirugías y otros servicios médicos. El proceso consistía en acudir al área de urgencias del Hospital General, esperar la asignación de una cama y el traslado directo a la clínica privada. En una semana, la joven de 33 años estaría con el nuevo marcapasos funcionando, le prometieron.
Pero cuando llegó a urgencias se encontró con la noticia de que no había camas disponibles. Como ella, decenas de personas estaban a la espera de una cama para poder tener acceso a atención médica subrogada. Un mes tardaron en ingresarla al Hospital y a partir de ahí la espera para su traslado se extendió dos meses más.
Estuve internada inútilmente porque yo no necesitaba ningún tipo de atención médica diaria, sólo el papeleo para ser operada. Estaba ocupando una cama indispensable para alguien más”,
cuenta.
Entre errores del personal médico al llenar su documentación, conseguir la firma del cardiólogo, la compra del marcapasos y el constante recordatorio de que su cirugía era demasiado cara para el Instituto, Lucero terminó por tramitar un amparo para poder ser operada.
No tuvieron de otra. Me trasladaron al Ángeles, me operaron en tres horas y me regresaron al IMSS. Tenían que hacerme un estudio para corroborar que el marcapasos estuviera calibrado, pero en vez de eso me dieron el alta. Llevo cinco meses esperando el estudio y la calibración del aparato”
José Luis García es conductor de autobuses de pasajeros, depende de una operación para reconstruir los tendones de su brazo para volver a conducir, pues la empresa para la que labora le paga por kilómetro recorrido.
Crédito: Carlos Mejía
La odisea de Luis García Ángeles es similar a la de Lucero. Él lleva más de 30 años pagando su Seguro Social, la mayoría producto de su trabajo como conductor de autobuses de pasajeros. En septiembre de 2023 presentó un dolor en el brazo y acudió al Hospital Regional No.1 de Querétaro, al área de traumatología y ortopedia. Descubrió que el equipo de resonancias y ultrasonidos del hospital estaba descompuesto, así que tuvo que formarse durante varios días para obtener la autorización que avalaba que un radiólogo particular, con convenio con el IMSS, le realizara los estudios. Finalmente, los resultados acreditaron que necesitaba una cirugía reconstructiva de los tendones, pero en el IMSS le dijeron que no había cirujanos y que no lo iban a operar. También está en espera de un amparo para obligar a la institución a garantizar su acceso a la salud.
Mi brazo no tiene ya la suficiente fuerza para manejar un autobús de pasajeros que pesa 20 toneladas y que va a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Podría matar a alguien. Yo empecé a pagar mi seguro desde los (años) 80 y ahora que ya estoy llegando a la vejez no me sirve de nada”,
dice.
En 2015, integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos denunciaron el alza de la subrogación médica, la presión del personal detuvo momentáneamente la decisión, pero poco a poco comenzaron a delegar responsabilidades del Instituto a los privados.
Una laboratorista integrante de la Alianza, que pidió el anonimato por temor a represalias, asegura que se han incrementado los tiempos para tener los resultados de las pruebas de laboratorio, en ocasiones hasta ocho días, alargando el tiempo de toma de decisiones del personal médico.
En otros casos, como en pruebas inmunológicas que detectan enfermedades como tuberculosis, la subrogación ha arrojado falsos negativos que impiden que la persona enferma reciba la atención adecuada, de acuerdo con testimonios de personal médico.
La salud es un negocio muy redituable”,
dice la laboratorista consultada.
Para dimensionar la cantidad de pruebas que se pagan por fuera basta con mirar la demanda que tiene uno de los hospitales más grandes del país, el Centro Médico Nacional La Raza. Ubicado al norte de la Ciudad de México, llega a requerir el procesamiento diario de más de seis mil muestras de laboratorio, conforme a información del Instituto.
Aunque el gobierno federal se ha pronunciado en contra de empresas del ramo médico que “acaparaban todas las compras que hacía el gobierno” y ha asegurado que “ya no tienen la misma influencia de antes”, según mencionó el presidente en diciembre de 2020, las empresas más contratadas por la subrogación se han mantenido. En los primeros lugares aparecen filiales de Grupo Ángeles, otras de Grupo Pisa —pese a que una de ellas, Laboratorios Pisa, fue sancionada por falsificación de documentación para obtener contratos, y más tarde fue anulada la inhabilitación impuesta—, así como Fresenius Medical Care, Centro de Asistencia Renal y Médica Santa Carmen.
En un mundo ideal, el sistema público debería brindar todos los servicios, tener todas las pruebas, las tomografías, la infraestructura funcionando bien. Pero en la realidad el Seguro Social no funciona y no hay prueba más cara que la que no se tiene cuando hay una necesidad”,
recalca el doctor Macías.
Pese al esfuerzo gubernamental por desarticular a los mayores contratistas de la subrogación de servicios médicos, la actual administración sigue dependiendo de ellos para garantizar el acceso a la salud de sus derechohabientes.
| Empresas | EPN | AMLO |
|---|---|---|
| Grupo Ángeles | $3,960,939,735.59 | $2,817,869,311.80 |
| Centro de Asistencia Renal | $1,150,608,005.09 | $2,407,823,009.19 |
| Grupo Pisa | $1,140,573,882.91 | $2,386,532,742.15 |
| Fresenius Medical Care de México | $2,452,173,792.54 | $1,332,157,732.37 |
| Médica Santa Carmen | $269,784,182.88 | $969,915,292.19 |
| Servicios Médicos y de Equipamiento | $324,246,998.13 | $625,018,298.55 |
| Medigráficos | $84,637,311.57 | $570,792,567.02 |
| Despacho Jurídico Empresarial D.J.E | $0.00 | $492,336,105.10 |
| IGEA Medical Devices | $0.00 | $491,214,764.64 |
| Presefa | $135,754,819.20 | $370,872,647.16 |
| Corporativo de Hospitales | $99,631,076.48 | $321,436,462.19 |
Texto: Alejandra Crail
Ilustración: Liliana Pedraza
Fotografías: Ariel Ojeda, Darío Rodríguez, Carlos Mejía
Diseño Web: Rodrigo Romano