Violencia, el mal que crece a la par del megaproyecto

Los dos disparos al aire impidieron que su hijo fuera asesinado a machetazos. A Salvador Pinal Meléndez ya lo habían golpeado y su cultivo de maíz había sido saqueado cuando disparó el arma. Todo ocurría ante los ojos de la policía municipal de Santo Domingo de Tehuantepec, en Oaxaca, él mismo les había llamado pidiendo auxilio porque un grupo de personas amenazaba con invadir sus tierras con violencia. Pero los elementos, recuerda el hombre, no intervinieron.

“Cuando mi hijo empezó a grabar con su celular se le fueron encima con machete. Yo tenía para mi defensa una pistola, soy honesto. Disparé al aire para que no siguieran queriendo asesinar a mi hijo. Por eso me llevaron preso”, dice Pinal, quien fue acusado de intento de homicidio y encarcelado durante tres años en el penal de Tehuantepec, tras los hechos del 20 de septiembre de 2021.

Salvador Pinal es un hombre indígena Binnizá (zapoteca) que posee un terreno de cinco hectáreas en este municipio, en la localidad de Santa Cruz Tagolaba. Su propiedad está en un lugar estratégico: apenas a unas calles de la carretera transístmica, de las vías del ferrocarril, cerca del Puerto de Salina Cruz y de al menos dos Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), parques industriales que el gobierno mexicano quiere concesionar a privados como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Perdió su libertad y su propiedad. El despojo de su terreno no fue el único en la zona. Otras familias de campesinos fueron agredidos físicamente y amenazados si no permitían que un grupo liderado por dos integrantes de la comunidad tomaran posesión ilegal de sus predios. Han denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ante la autoridad agraria, pero sus casos están congelados.  

La tierra de Santa Cruz Tagolaba se volvió de alto interés para el desarrollo industrial que se prevé para el Istmo de Tehuantepec. Las expectativas sobre el megaproyecto han atraído a inversionistas interesados en tierras cercanas al ferrocarril, a los puertos y a los parques industriales, buscan adelantarse al desarrollo. Mientras la especulación crece, una ola de violencia impacta en la vida de los habitantes del Istmo de Tehuantepec.

Durante su campaña en 2018 y luego como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión millonaria para la transformación industrial de la zona. A partir de entonces, delitos como amenazas, lesiones, daño a la propiedad ajena, extorsión y despojo tuvieron un incremento en los 79 municipios de influencia de Oaxaca y Veracruz contemplados en el megaproyecto, según el análisis que se realizó para esta investigación a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

Los casos de despojo, como el de Tagolaba, han crecido desde 2018, cuando se presentaron 376 denuncias. Para 2021, la cifra se elevó hasta 704. En promedio, se reportan dos casos de despojo en esta zona cada día, de acuerdo a la incidencia delictiva de 2019 al primer semestre de 2024.

La situación es similar para el delito de amenazas, cuya incidencia aumentó con las primeras obras para el megaproyecto. Entre 2015 y 2018 el promedio anual fue de 766 denuncias, mientras que entre 2019 y 2024 esta cifra se triplicó: cada año hay, en promedio, dos mil 519 casos.

“Una tierra que me costó la voy a defender hasta donde se pueda. Arranqué ya todos los postes porque ellos ya habían lotificado, me quemaron mis 200 matas de limón, de coco, de ciruela. Me dio tanto coraje, pero no podía hacer nada porque la justicia estaba a su favor”, cuenta Pinal sobre la invasión de su predio, a una semana de haber quedado libre, tras demostrar su inocencia ante el sistema de justicia estatal.

El mal que golpea a todos

Hay zonas de influencia del Interoceánico donde el incremento en los homicidios dolosos resalta. Así ha ocurrido en Salina Cruz que tenía un promedio anual de 10 homicidios entre 2015 y 2018. Esa cifra creció a 24 asesinatos al año entre 2019 y el primer semestre de 2024. En Santa María Mixtequilla, las cifras marcan un máximo de cuatro homicidios antes del lanzamiento del megaproyecto. Pero a partir de 2019, año con año se incrementaron hasta que en 2023 se registraron 14 homicidios dolosos. En Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec hay una tendencia similar.  

En el clima de inseguridad que se ha instalado en la zona, la defensa del territorio también ha registrado el asesinato de al menos tres activistas. 

Noel López Gallegos, integrante del grupo Resistencia Civil Pacífica, fue asesinado tras haber sido reportado como desaparecido en julio de 2023: cuestionaba públicamente la instalación del Podebi en Santa María Mixtequilla y, ante la expropiación de terrenos, pedía una repartición equitativa para todos lo pobladores. El gobierno mexicano había pagado apenas 130 millones de pesos por 502 hectáreas, es decir 25 pesos el metro cuadrado.  

Félix Vicente Cruz, agente municipal de la comunidad 20 de noviembre del municipio binnizá San Francisco Ixhuatán, fue asesinado a balazos el 13 de abril de 2023 mientras estaba en su oficina. Además de haber luchado en contra de las altas tarifas eléctricas en un lugar explotado por los parques eólicos de inversión privada, se oponía al Corredor Interoceánico y había participado en diversos bloqueos carreteros como parte de la defensa del territorio en Oaxaca. 

“Un acto de violencia directa contra quienes defendemos la tierra, el territorio y los derechos humanos; estos hechos se dan en el marco de la imposición del Corredor Interoceánico, contra las organizaciones que nos oponemos a la imposición, el despojo, saqueo, contaminación y muerte de nuestros bienes naturales y territorio, que este proyecto traerá a la región del Istmo de Tehuantepec y el Sur-Sureste Mexicano”, dijo a través de un comunicado la organización Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) sobre este homicidio.

En 2022, hombres armados dispararon en contra de Erick Sánchez y Jesús Manuel García Martínez, ambos defensores de la tierra y opositores al Interoceánico a causa de los despojos que el megaproyecto ha dejado en la región. El ataque ocurrió en Santa Cruz Tagolaba y terminó con la vida de García Martínez, mientras que Sánchez quedó lesionado. 

Inseguridad, el obstáculo a vencer

El Istmo de Tehuantepec es un coctel de cultura y tradición, mezclados con conflictos ancestrales por la tenencia de la tierra. A su vez, llevan años coexistiendo con los intereses empresariales y del crimen organizado. Un megaproyecto en este territorio se enfrenta a esa diversidad de problemas de seguridad. 

En febrero de 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste (Cerfi-Sureste) realizó un diagnóstico delictivo sobre el Corredor Interoceánico. Determinó que dada la derrama económica que se prevé habrá “nuevos conflictos territoriales, sociales y de la delincuencia organizada por aprovechar las oportunidades económicas que dicho proyecto generará”, de acuerdo a la presentación encontrada en los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el grupo de hackers Guacamaya.

Este organismo, que está a cargo de las Fuerzas Armadas y realiza labores de inteligencia en contra de organizaciones criminales, enfatizó que hay una tendencia al incremento de la violencia e inseguridad en los municipios impactados por el Corredor Interoceánico, pues hay células de al menos cinco organizaciones delictivas que operan en esta zona. 

En el estado de Oaxaca la presencia del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y los Beltrán Leyva concentra la pugna por el control de la rutas de trasiego de droga que proviene de los países del Centro y Sudamérica, a través del Océano Pacífico y en la frontera del estado de Veracruz.

En un informe posterior, detalla la Sedena, la situación geográfica de Oaxaca “facilita la ejecución de actividades de narcotráfico”, desde la siembra hasta el trasiego: el Istmo de Tehuantepec es un paso obligado para su tráfico. Ahí, la delincuencia organizada ha diversificado sus actividades: secuestran, ejecutan, roban autos, trafican armas, extorsionan y, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, roban hidrocarburos y trafican personas. 

En el documento se menciona también la presencia de comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres “originando conflictos sociales por la disputa de tierras, resultando en homicidios y enfrentamientos armados entre grupos de campesinos e indígenas”. 

Sobre Veracruz, explica que “ha prevalecido un clima de inseguridad” por la confrontación de los grupos delictivos, quienes suelen difundir videos en redes sociales para amenazar a sus contrincantes, evidenciar a autoridades coludidas y anunciar “limpias”. Aquí, según el informe, están presentes células del CJNG, los Z Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. Se señala un incremento en homicidios dolosos y extorsiones, “presumiéndose la disputa de las organizaciones delictivas por el control del territorio que ocuparía el Corredor Transístmico”. Las principales actividades delictivas son tan diversas como en Oaxaca, agregándose el robo de ganado y de transporte de carga.

La intervención del crimen organizado ha sido desde entonces una preocupación para el gobierno mexicano de cara al desarrollo del Corredor Interoceánico, así quedó asentado en el oficio de marzo de 2021 que envió el General de Brigada Antonio León a Natalia Barón Ortiz, secretaria técnica de la Coordinación territorial para la Construcción de la Paz en Oaxaca. Se le informó que el objetivo de la reunión a la que la llamaban era “llevar a cabo diversas acciones para atender las demandas de los grupos sociales y disuadir a los grupos delictivos que buscan beneficiarse a costa del desarrollo del proyecto”, se lee en el oficio también encontrado en los correos electrónicos de la Sedena.

En agosto de este año, el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —-una organización mayoritariamente indígena que se levantó en armas contra el gobierno mexicano en 1994— hizo público un posicionamiento en el que afirma que “los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son sólo corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados”. El EZLN señala la pugna entre cárteles rivales por el tráfico de personas y drogas, pero también por el monopolio del cobro de piso, tanto en el Tren Maya como en el Corredor Interoceánico.

El Capitán Marcos habla de una “costosa” operación mercantil entre los gobiernos y el crimen organizado, en la que, ante la ausencia del Estado, el crimen se hace presente. “La pérdida es para quienes sobreviven en esos lugares”, recalca.  “El Estado piensa que los del llamado Crimen Organizado son sus sirvientes y van y vienen según se les indique o se le obligue.  Por esa creencia es que se llevan las sorpresas que padecen”, remata. 

Patrimonios a la venta

“Se vende terreno en zona Corredor Interoceánico”. “3.5 mdp por hectáreas, ¡tenemos 49!” “A tan sólo 10 minutos del puerto de Salina Cruz”. “Tres hectáreas en Tehuantepec a $150 el metro cuadrado”. “Tiene arroyo y pozo que no se seca en todo el año. Cerca pasa el Corredor Interoceánico”. “A cinco minutos del aeropuerto de Minatitlán, a 10 de los complejos petroquímicos, a 15 de Coatzacoalcos”. “Increíble zona comercial que va a sustituir al canal de Panamá en muy poco tiempo”. La publicidad a lo largo de la Carretera Transístmica, paralela a las vías del ferrocarril, es similar a la que abunda en redes sociales.

Mientras que el mercado pone los ojos en la tierra que colinda con el megaproyecto, familias enteras pierden su patrimonio.

“Entraron con violencia y con machete. Los fuimos a denunciar y nos echaron gasolina, nos amenazaron. Hicimos todo lo que nos decía la ley. Una noche, como a las dos de la mañana, fueron a echar balazo a mi casa, dejaron una cartulina donde decían que dejemos de ir a la audiencia, que dejemos el terreno en paz con ellos. Me están amenazando, no podemos salir a la calle, tenemos miedo; con temor salimos”, dice Norma Angélica Miranda, quien perdió su terreno familiar el 21 de marzo de 2021. Aunque denunció penalmente por despojo y abigeato (robo de ganado), los casos no han presentado avances.

Norma Angélica, campesina, enfermó tras el trauma vivido. El despojo la obligó a un cambio de vida total, se mudó al centro de su pueblo, donde no puede dedicarse al campo ni a sus animales ni a hacer totopo con el mezquite que solía crecer en su tierra. En su terreno habitan hoy otras personas encargadas de resguardarlo, poco a poco lo han ido lotificando, preparándolo para la venta. “Me despojaron de donde yo era feliz”, dice entre lágrimas. Calcula que entre su terreno y el de los demás vecinos superan las 100 hectáreas despojadas.

Tanto en Oaxaca como en Veracruz la violencia no tiene un único perpetrador. Los entrevistados coinciden en que hay diversos intereses criminales coexistiendo en el territorio, algunos antiquísimos, como la pugna por la tenencia de la tierra. En otros casos es el crimen organizado disputándose las rutas de trasiego y de tráfico de personas, o bien, grupos delictivos completamente insertados en las comunidades que encontraron un lucrativo negocio con el despojo de tierras para ofrecerlo a las industrias.  

“Invadieron nuestras tierras con la finalidad de entregárselas a los inversionistas que piensan llegar a Tehuantepec”, dice Elizabeth Woolrich, cuyo terreno de 14 hectáreas fue el primero en ser invadido aquel año. Woolrich nació en Tehuantepec, Oaxaca, es la albacea de un terreno comunal que está en posesión de su familia desde hace 69 años. “Queremos que el Istmo florezca, pero con justicia”, recalca.  

El organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) dijo en respuesta a un cuestionario que se le envió para esta investigación, que para la operación de este proyecto la seguridad es fundamental y que ese es el motivo por el que desplegaron al personal naval en el territorio.

“Se tiene claro que hay condiciones que probablemente serán atractivas para los generadores de violencia. Nos estamos preparando y tomando medidas necesarias para fortalecer la seguridad y que esto no ocurra”, detalló en su respuesta.  

Sobre el aumento de delitos como despojo y amenazas, señaló que han tenido conocimiento de que “personas se han hecho pasar por representantes de la institución para obtener beneficios personales”, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades competentes.  

“Si quieren nuestras tierras que se acerquen, podemos llegar a un acuerdo. Si es por el progreso del Istmo estamos en la mejor disposición de negociar, no nos oponemos a vender, pero que no nos roben las tierras, porque con tanto sacrificio las adquirimos”, dice Salvador Pinal.