Es un mosaico de verdes. El ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se pierde entre el follaje de árboles que varían según el avance. A veces son los sagrados mezquites, en otras son guanacastles centenarios. Atraviesa por donde hay ocote, encino y otros tantos que regalan mangos al por mayor. Cruza ríos, rodea cerros y llega al mar.
Más allá de las vías del tren, en los territorios de los 79 municipios de Oaxaca y Veracruz donde el proyecto tiene influencia, la biodiversidad absorbe. Los halcones revolotean en las dunas de las playas, los colibríes en la selva y las águilas en los montes. Se presume que al Istmo lo habitan venados cola blanca, pumas y reptiles; animales en miles.
Esta es una de las regiones más biodiversas del país y está en riesgo, según reconoce el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), organismo público descentralizado operado actualmente por la Marina.
En un documento, el CIIT detalla que con el proyecto “se creará un paisaje urbano industrial”, en el que no sólo cambiará el verdor de la región, sino que se prevé la contaminación del agua a nivel superficial y en los mantos freáticos, del aire y del suelo, dejando las tierras infértiles, así como la muerte masiva de animales y flora.
Tipo de uso de suelo en la zona donde se construye el Corredor Interoceánico
Selva
7,494.14 km2
Bosque
2,803.20 km2
Pastizal
17,388.39 km2
Humedal
4,875.08 km2
Agua
345.00 km2
El documento se denomina “Identificación de los potenciales impactos al medio físico y biótico derivados del establecimiento de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” y fue obtenido vía transparencia para esta investigación. En cinco páginas, detalla las alteraciones que dejará el aprovechamiento de los recursos naturales de este territorio.
Miles de animales morirán durante las obras y tras la operación de la nueva industria. “Al retirarse la cobertura vegetal, la fauna silvestre pierde las condiciones para su supervivencia”. Así, especies que tienen mejor capacidad para moverse y adaptarse, como las aves, sobrevivirán, pero aquellas de lento movimiento, como reptiles y pequeños mamíferos, “perderán la mayor parte de su población”, dicta el documento.
El CIIT otorgó esta información al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 2020 y 2021, con el objetivo de que sirviera para analizar si consulta o no a las comunidades indígenas por los impactos de los parques industriales. En él advierte que “se tienen identificadas potenciales afectaciones”, que deberán ser consideradas para establecer medidas que permitan prevenir, mitigar o compensar.
No obstante, en ese mismo informe, el gobierno mexicano reconoce que no hay claridad de la magnitud de la intervención masiva al Istmo de Tehuantepec. Este megaproyecto ha sido fragmentado y repartido a diversas empresas que serán las encargadas de analizar sus propios impactos.
Esta zona ha sido promovida por el gobierno mexicano como “un destino ideal para la relocalización (nearshoring) por sus recursos naturales”, según se escucha en los anuncios promocionales del proyecto. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en favor de estas acciones: “Lo tercero, que es muy importante, es aprovechar los recursos naturales del sur y del sureste, sobre todo aprovechar el agua”, dijo en 2019, durante la firma del Pacto Oaxaca, donde anunció el desarrollo industrial de la región.
En los archivos públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se localizaron nueve Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) vinculadas al Corredor. La mayoría corresponden a intervenciones en fragmentos de las líneas del ferrocarril (5) y obras en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos (3). Sólo se localizó información sobre el Podebi de Texistepec en Veracruz.
Las MIAs son estudios que desvelan las consecuencias de la intervención en un espacio natural. En el caso del Interoceánico, son escasas en relación a la magnitud del megaproyecto. Sus impactos no se han analizado en conjunto, sino en lo individual. No obstante, dejarán daños irreparables a largo plazo.
Se solicitó posicionamiento a la Semarnat, pero al cierre de edición no respondió. La Marina envió sus respuestas al cuestionario la noche del 23 de septiembre. Dijo que no se puede realizar un estudio ambiental que incluya todas las obras del megaproyecto porque las actividades industriales previstas son variadas.
También afirmó que “el desarrollo que promueve el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se caracteriza por el pleno respeto al medio ambiente”.
Agua, el nuevo oro
Dentro de la riqueza del Istmo hay un tesoro que sobresale. Lo más valioso para el desarrollo industrial —y que ofrece esta zona como ninguna otra en el país— es el agua. Tiene esteros y ríos, lagunas, manantiales, pantanos, manglares y ciénagas. Además de ricos ecosistemas marinos tanto en el Golfo de México como en el Pacífico.
“En el sur sureste está el 70% del agua del país, hay graves problemas en el centro, en el norte por falta de agua, y nosotros tenemos el Papaloapan y tenemos el Grijalva, y tenemos el Usumacinta; tenemos agua en el sur sureste que es fundamental”, resaltó el presidente en 2019.
Y ahí donde está el interés, está el mayor impacto. La calidad del agua se verá afectada desde la etapa de construcción de los Podebi por materiales que caerán a los cuerpos de agua, modificaciones a las corrientes y la contaminación de acuíferos, dicta el documento del CIIT.
Disponibilidad de agua en México
POR REGIÓN HIDROLÓGICA
Disponibilidad natural media per cápita (en metros cúbicos por habitante al año)
Regiones donde se construye el Corredor Interoceánico
“Sabemos que para los Polos de Desarrollo son imprescindibles millones de litros de agua y lo que tenemos en la sierra es eso, hay muchos manantiales y ríos. El agua ya la llevan a Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, pero seguimos teniendo. Ahora el riesgo crece”, advierte Verónica Monier del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”.
El agua para las comunidades indígenas en Oaxaca y Veracruz es más que un bien explotable, es parte de su cosmovisión, baja de las montañas para llenar de vida todo lo que toca.
“Son aguas vírgenes que vienen de la Sierra, de lo alto de la montaña, no están contaminadas. Nosotros queremos seguir conservando esto”, dice Balfred Palma Riquelme, originario de Mezcalapa en Tatahuicapan, Veracruz. Sentado al costado del río de su comunidad, presume que ahí uno puede servirse un vaso de agua y beberlo sin riesgo.
En abril de 2022, el entonces director general del CIIT, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que el gobierno mexicano garantizará incentivos fiscales en el Istmo de Tehuantepec para las empresas que se instalen. Prometió “energía barata”, como gas y electricidad, y “agua suficiente para los parques industriales”. Esto lo aseguró durante un encuentro con autoridades e inversionistas de Estados Unidos y Canadá.
Al momento, el gobierno mexicano no ha detallado el volumen de agua que las nuevas industrias necesitarán para operar y sólo ha atinado a decir que podrían usarse fuentes subterráneas, aprovechar la presa Benito Juárez, el Río Tehuantepec, construir una desaladora o tratar del agua. La Marina dijo, en respuesta al cuestionario que se le brindó, que los concesionarios “se caracterizan por contar con mecanismos de uso de agua eficiente, basados en la reutilización y reciclaje, con planes de ahorro y reutilización de agua para reducir el consumo”.
Sin embargo, no hay MIAs públicas que analicen las necesidades de los parques industriales y, ante los daños previstos, tampoco se ha consultado a las comunidades indígenas que han salvaguardado el agua y la naturaleza pese a la presión de megaproyectos como este.
Cumplir otra promesa a la inversión
Al barco pipero “Tog Mor” lo vieron por primera vez en marzo de 2024. Extrañó a los habitantes de Tatahuicapan de Juárez en Veracruz, porque permaneció meses en el horizonte del Golfo de México, avanzando de poco en poco hasta que desapareció.
“Otras veces se veía pasar buques cargueros, pero esta vez no. No fue rápido su paso, demoró mucho, hasta que se fue, no sé si a Coatza o a dónde llegó”, dice Juan Bautista Guillen, integrante del Consejo de Vigilancia de Zapotitlán, comunidad indígena de 528 habitantes.
En las comunidades pesqueras de la costa veracruzana, el buque despertó temores, pues descubrieron que su misión es desarrollar el Gasoducto Puerta del Sureste, indispensable para abastecer de gas natural a las industrias del Corredor Interoceánico y a otros proyectos industriales en el sureste del país, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.
“Nos preocupa el impacto que va a tener el día de mañana, que se derrame el gas y afecte a los animales del mar. El mar es fuente de vida”, dice Timoteo Hernández Petraca, indígena nahua habitante de San Juan Volador, localidad situada entre la Sierra de los Tuxtlas —categorizada como Reserva de la Biósfera— y las playas del Golfo de México.
El proyecto gestionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca traer gas natural de Texas, Estados Unidos y está valuado en 4 mil 500 millones de dólares (89 mil millones de pesos), llegará a Coatzacoalcos, donde habrá dos Podebi, y también a la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
Para volver realidad este proyecto, se requiere hacer una zanja de 715 kilómetros de largo en el fondo del mar, a unos 100 o 120 metros de profundidad, donde hay ecosistemas arrecifales valiosos por su biodiversidad y por su importancia económica para las comunidades de la costa veracruzana, ha denunciado la organización ambientalista Greenpeace. Además de las afectaciones por la obra, se prevén riesgos asociados al transporte del material peligroso.
“Un activista de Dakota decía que solamente hay dos tipos de gasoductos, el que ya tuvo derrames y el que los va a tener”, dice en entrevista Pablo Ramírez, campañista de clima y energía de Greenpeace. Estos derrames pueden provocar explosiones e incendios, modificar la química del agua y afectar a las especies marinas que habitan en esa franja, como ocurrió en 2021 con el “ojo de fuego”, tras la fractura de un gasoducto de Pemex, a la altura de Campeche.
A su vez, esta obra transportará el mismo gas al Istmo a través del “Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz”. Llegará a la nueva terminal de licuefacción —que costará al menos 60 millones de pesos (3 mdd)—, donde lo transformarán en líquido para facilitar su exportación al continente asiático. Se espera que en 2025 ya estén operando.
“Ha sido un proyecto sumamente opaco. El argumento de la seguridad nacional ha sido una constante para negar información a las comunidades, a las organizaciones y a las personas”, advierte el activista Ramírez.
La historia se ha repetido en todas las obras vinculadas con el Corredor Interoceánico, la información es escueta o reservada y los daños minimizados en el discurso público.
Los daños ya están presentes
En Unión Hidalgo, Oaxaca, las obras de rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico, obstruyeron el Estero Espantaperros, un complejo lagunar de agua dulce de más de 8 kilómetros, que desemboca en la Laguna Superior del pueblo Ikoot. Dejó de ser un caudal en movimiento para convertirse en un estanque pantanoso. Los comuneros denuncian que en los últimos meses ha dejado de ser el centro de la actividad económica de familias de pescadores. Por días aparecen peces muertos, iguanas y animales silvestres arrasados por la maquinaria pesada.
La Línea K es la conexión férrea más extensa de las tres que forman el proyecto interoceánico con 476 kilómetros. Inicia en Ixtepec, Oaxaca, y termina en Chiapas, en la frontera con Guatemala. Aquí también el gobierno prometió una intervención sencilla, sin afectaciones.
Pero ahí, las aguas que filtran la densidad marina de la costa han perdido conexión con el Bosque Palmar, un borde verde de 829 hectáreas que ahora tiene franjas desérticas. De acuerdo con el comunero Edgar Martín Regalado, en este bosque la Marina taló alrededor de 11 mil árboles. La comunidad en resistencia empezó una reforestación de 4 mil 500 árboles este año, luego de ganar un par de amparos y la presión tras publicaciones periodísticas que obligaron a la Marina a hacerse responsable por el desastre.
En la zona de Loma Lope decenas de camiones de volteo extraen material pétreo para la megaobra. Llevan meses haciéndolo a pesar de que los representantes de bienes comunales denunciaron la explotación irregular ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) desde octubre de 2023. Y aunque han ido inspectores con la promesa de clausurar la extracción clandestina, esto aún no ocurre a pesar de la suspensión definitiva otorgada por una jueza federal en marzo de este año.
“Es un caballo de Troya que a su paso va dejando desastres ambientales sin precedentes. Nadie viajará en ese tren porque su finalidad es dotar de vías de comunicación a concesiones mineras y empresas extractivas; el tren será un boquete a una nueva ruta de migrantes que vendrán de Centroamérica a trabajar en los parques industriales, la Línea K será la encargada de contener la migración en Oaxaca y Chiapas”, dice Martín Regalado, defensor ambientalista binnizá que sufrió agresiones de policías por defender este territorio.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de María Luisa Albores González durante el sexenio de López Obrador, exentó a la Marina, encargada de la operación de esta línea a través de la empresa Ferrocarril del Istmo (Ferroistmo), de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental.
Durante la modernización de la Línea Z, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, también hubo daños avalados por la Semarnat. En el año 2019, Ferroistmo solicitó permiso para talar mil 507 hectáreas de selva baja caducifolia y así ampliar la curvatura y pendiente de la vía del tren. La compensación ambiental que solicitó la Semarnat tras aprobar la tala fue de 27 mil 688 pesos, es decir, 54 centavos por metro cuadrado.
Zonas de sacrificio
El Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de Tehuantepec reconoce las aportaciones ambientales de la región como la regulación del clima, control de la erosión y producción de oxígeno. Al tiempo admite que la industria ya presente, sobre todo la petrolera, ha sido su principal enemiga por la contaminación que trajo consigo.
En Jáltipan de Morelos, Veracruz, la industria ha dejado las tierras infértiles, ecosistemas deforestados, el agua contaminada y problemas de salud entre la población, según han denunciado sus habitantes. Es una tierra rica en minerales y elementos químicos, entre ellos azufre y sílice. Del azufre se generan elementos indispensables para la vida como jabón, fertilizante y cosméticos; mientras que del sílice se produce vidrio artificial, cerámica y concreto. Estos han sido explotados desde hace más de 60 años por las empresas Materias Primas Monterrey y Azufrera Panamericana.
Pero además, en 2013, el gobierno mexicano autorizó la instalación de un almacén de coque al aire libre, un residuo altamente tóxico que resulta de la refinación del petróleo.
El coque es de color negro, poroso y contiene altas cantidades de metales pesados, como níquel y vanadio, contaminantes importantes del medio ambiente y con efectos severos en la salud de animales y personas. El coque de la Refinería de Minatitlán es transportado en góndolas y a través del tren del Corredor Interoceánico para su almacén en Jáltipan, donde hay montañas gigantescas de este material.
Julissa Hernández advierte que las afectaciones que podría traer el Corredor son visibles en Jáltipan desde hace 11 años, cuando llegó el coque. “Ahorita están concluyendo esos saqueos, pero no es desarrollo, es muerte. Hoy lo ven los campesinos en nuestras comunidades, los maestros, las amas de casa. Esto es un gran desastre para nuestro territorio”, dice Julissa Hernández, médico general y activista por el derecho a la salud.
Con la nueva propuesta gubernamental para impulsar el desarrollo industrial de los municipios aledaños a Jáltipan, los habitantes temen un incremento en la contaminación y los daños a su salud, sus cultivos y sus animales. A sólo cinco kilómetros, en Texistepec, tendrán un Podebi donde el concesionario quiere instalar una nueva planta de coque.
Lo que ocurre en Jáltipan hoy, es el futuro cercano del resto de los municipios del Istmo. Son las nuevas “zonas de sacrificio”, lugares donde habrá una concentración masiva de industrias en pro del “progreso” nacional, pero a costa del medio ambiente y la salud de quienes los habitan.
“Población de todo el país, les decimos: no permitan que llegue el coque, no permitan que lleguen empresas contaminantes. No vienen a invertir", advierte Julissa.
El gobierno mexicano prevé una inversión de 60 mil millones de pesos para una nueva planta coquizadora que procesará el material que salga de la refinería de Salina Cruz. Busca producir más gasolina, diésel y otros combustibles. No ha señalado en dónde lo almacenará en espera de su transformación.
Las notas de impacto ambiental del CIIT prevén lo que advierten activistas en todo el territorio del Istmo. La calidad del aire empeorará, señala el documento, porque habrá un incremento de emisiones de gases, humo y partículas de las diversas actividades industriales y de procesos de combustión de los transportes y servicios complementarios.
El suelo se verá modificado de manera muy severa pues cambiará su cubierta, su estructura, su perfil y su topografía. “Estos impactos son permanentes, ineludibles e irreversibles ya que de la modificación del suelo depende, en gran medida, la instalación de la nueva industria”.
El paisaje, reconoce el gobierno mexicano, será afectado de forma muy severa. Cambiará la continuidad visual del horizonte verde y se modificará el terreno, como ya ocurre en Jáltipan. Su propuesta para “suavizar” este efecto es crear parques, áreas verdes urbanas y elementos de arquitectura del paisaje. Este, uno de los pulmones del país, ya no será más.
*En este trabajo colaboró Antonio Mundaca, de El Universal Oaxaca, en el reporteo de campo y redacción de la historia sobre el Tramo K.
