El gobierno federal ha denunciado penalmente a opositores al Corredor Interoceánico. Al menos 61 personas reconocen carpetas en su contra. “Son mecanismos de presión”, denuncian activistas y afectados.
Este proyecto fue apoyado por el 
El 17 de enero de 2023, David Hernández Salazar encontró un coche blanco con vidrios polarizados estacionado afuera de su centro de trabajo. De él descendieron cuatro hombres armados. En sus pensamientos, recuerda a más de un año del suceso, había dos opciones: la policía o la delincuencia organizada.
Las probabilidades se inclinaban a la primera opción, pues la única corporación que había amenazado su seguridad en los últimos meses era la del gobierno. Misma situación que vivían otros 17 habitantes de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, la comunidad que detuvo a punta de amparos la instalación de uno de los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla para el Istmo de Tehuantepec. Ese martes de enero, Hernández fue detenido.
La defensa de las 331 hectáreas dentro de El Pitayal, un área culturalmente relevante para esta comunidad, le valió a él y otros comuneros Binnizá (zapotecos) denuncias penales por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del Registro Agrario Nacional (RAN) y del gobierno municipal.
Estas autoridades los acusaron por delitos como daños a las vías federales de comunicación, robo e incendio ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca (FGEO) y ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de varios bloqueos carreteros para manifestarse en contra del Podebi. En uno de ellos, los manifestantes incendiaron vehículos en respuesta a una lona que se colocó en El Pitayal. La lona rezaba: “Propiedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
Como si lo hubieran puesto de ejemplo, Hernández —una de las voces más activas de la defensa de este territorio y agente municipal comunitario de Puente Madera— fue sentenciado este 2024 a 46 años y seis meses de prisión, una multa de 182 mil pesos y una reparación de daños valuada en más de un millón de pesos. Para él y sus compañeros había dos cartas sobre la mesa: aceptar el parque industrial y ser libres, o ir a la cárcel.
“El Gobierno se comprometió a no detener a los compañeros ni a mí. Pero hay una sentencia y no podemos confiar en que no haya orden de aprehensión. El gobierno sabe la posición en la que está Puente Madera, pero también nosotros sabemos la posición del gobierno”, dice una tarde de mayo, sentado en el porche de una casa rodeada de árboles de mango.
Hasta ese momento, su libertad se sostenía con la apelación a la sentencia y un amparo que evitó su encarcelamiento. Si bien él había estado en el bloqueo carretero, aseugra que no participó en la quema de vehículos; Hernández rechaza todos los delitos que le imputaron.
La criminalización en contra de personas que se oponen a obras del Corredor Interoceánico es el mecanismo que ha utilizado el gobierno mexicano para amainar la defensa del territorio. Los afectados son habitantes que han enfrentado una mezcla de actos arbitrarios como parte de la implementación del megaproyecto: consultas amañadas, firmas falsificadas que avalan venta de tierras y falta de información, por mencionar algunos.
Para este trabajo periodístico se identificaron 61 personas que tienen uno o varios procedimientos penales en contra interpuestos por autoridades estatales y/o federales. La información brindada por organizaciones de la sociedad civil permite determinar que la mayoría de los acusados (42) son hombres, aunque hay también 14 mujeres y otras cinco personas cuya identidad no pudo determinarse. El 97% son personas indígenas Binnizá, Ayuuk o Zoques. También se incluyeron denuncias públicas realizadas por los pobladores en las que se identificaron las carpetas de investigación que se les imputaron.
Dependencias federales, estatales y municipales han interpuesto denuncias penales en contra de personas que se oponen al Corredor. Consulta aquí la información general de estas denuncias.
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“Hay una escalada (de criminalización), se incluye a personas que usualmente no tienen un perfil acorde a la narrativa delincuencial como campesinos, mujeres, amas de casa, a quienes se les está criminalizando e intimidando por medio de mecanismos legales”, afirma Loni Hensler, co-coordinadora de Terravida. Estima, además, que “el Corredor Interoceánico no ha recibido mucha atención, como el Tren Maya, ni sobre su proceso de desarrollo ni las resistencias, tampoco sobre la criminalización”.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto planeado desde el Porfiriato (1876-1911), propuesto con diversos nombres por gobiernos priistas y panistas, pero ejecutado finalmente en la administración del presidente López Obrador.
De origen, la Secretaría de Marina no tenía ninguna participación, el Corredor estaba a cargo de civiles, según el decreto del 14 de junio de 2019 que publicó el presidente para conformar el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Este organismo está encargado de instrumentar una plataforma logística que integre los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos y Veracruz con la línea del ferrocarril y ejecutar cualquier otra acción futura para contribuir al “desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec”.
Sin embargo, poco a poco la Marina, dirigida en el sexenio de AMLO por José Rafael Ojeda Durán, comenzó a tener injerencia. Además de asignarle trabajos de obra pública, en 2021 esta organización militar desplegó los primeros 831 elementos para realizar labores de seguridad en el Corredor. Fue el primer síntoma de militarización del proyecto.
Luego, por decreto, se le asignó la administración portuaria de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Y para el 11 de marzo de 2022, en su conferencia matutina, AMLO declaró que la institución quedaría a cargo del megaproyecto.
Lo que vino fue trámite. Se amplió el número de elementos de la Marina en el Istmo, se nombró al vicealmirante Raymundo Morales Ángeles director del organismo CIIT y se institucionalizó el dominio de la Marina un par de meses después. Actualmente Morales Ángeles es el Secretario de Marina, nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los números más recientes, obtenidos vía transparencia, muestran 2 mil 560 elementos asignados a las zonas de impacto del Corredor.
Aunque la dependencia naval domina el proyecto, la participación de la Guardia Nacional y el Ejército sigue mermando la vida de los habitantes del Istmo. Por transparencia, este último organismo dijo tener 10 mil 721 elementos desplegados en Oaxaca y Veracruz, sin especificar su papel en el CIIT.
“Es preocupante la cantidad de elementos. Su presencia ha ocasionado un clima hostil para las comunidades, mucha inseguridad, mucha preocupación, incluso por manifestarse. Esto limita otros derechos de las comunidades y de los pueblos”, señala Hensler, quien participó en Misión Civil de Observación en 2023, en la que colaboraron 22 organizaciones de la sociedad civil para documentar y visibilizar las agresiones frente al megaproyecto.
En respuesta a un cuestionario, el CIIT dijo que la Marina tomó el mando de este organismo porque el Istmo de Tehuantepec es una región estratégica para el país, “lo cual ha convertido al Corredor en un tema con carácter de seguridad nacional que requiere seguimiento permanente y continuidad, su misión es a largo plazo”.
En 2021 la Marina desplegó 831 elementos para realizar labores de seguridad en el Corredor.
Los números más recientes, obtenidos vía transparencia, muestran 2 mil 560 elementos asignados a las zonas de impacto del Corredor.
El Ejército dijo, vía transparencia, que tiene 10 mil 721 elementos desplegados en Oaxaca y Veracruz sin especificar su papel en el Corredor
Juana Inés Ramírez, originaria de San Juan Guichocovi, Oaxaca, estaba en el velorio de su abuela la madrugada del 28 de abril de 2023. Al tiempo, en la localidad de Mogoñé Viejo, la policía estatal, elementos de la Guardia Nacional y de la Marina, desalojaron con violencia el campamento “Tierra y Libertad” que había instalado un grupo de habitantes Ayuuk (mixes) afectados por la rehabilitación de la vía del tren Interoceánico. Durante el desalojo, detuvieron a cuatro mujeres y dos hombres.
Juana Inés, defensora ambiental e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), había estado acompañando como activista a este grupo de afectados y, aunque asegura que no estaba en el campamento esa noche, fue denunciada penalmente junto con otros dos integrantes de la asociación.
“Nos criminalizan, nos denuncian penalmente y nos dejan atados de pies y manos. ¿Cómo podemos defender a los compañeros y compañeras si hay estigmatización por parte de las autoridades?”, dice desde el jardín de la Ucizoni, en el municipio de Matías Romero.
Durante las sesiones de la Coordinación estatal para la construcción de la paz en Oaxaca se ha dado cuenta de las manifestaciones sociales en torno al proyecto. En ellas suelen participar autoridades como el gobernador de Oaxaca —que durante el arranque del Corredor era Alejandro Murat Hinojosa, quien llegó al poder por el PRI pero que en 2023 se cambió a Morena para convertirse en senador de la República— y diversas autoridades federales, incluyendo la Guardia Nacional, la Sedena y Gobernación.
Las minutas de esas reuniones acreditan el uso de mecanismos legales en contra de los detractores del megaproyecto como estrategia institucional. En el documento del 6 de septiembre de 2019, por ejemplo, Carlos Santiago Carrasco, representante de Gobernación, expuso que la FGR ya había abierto carpetas de investigación en contra de personas que estaban bloqueando las vías férreas en Matías Romero y Ciudad Ixtepec, Oaxaca; pedían garantías de inclusión en el proyecto. “Se acordó que se procederá legalmente en contra de quienes están bloqueando”, dijo, según quedó asentado en la minuta que se recabó en los correos electrónicos del Ejército, filtrados por el grupo Guacamaya.
A través de una petición de información, la FGR dijo que entre 2019 y abril de 2024, abrió 968 carpetas de investigación en contra de civiles en Oaxaca y Veracruz en las que los denunciantes son instituciones federales con alguna responsabilidad dentro del megaproyecto.
Aquí podrás consultar la información estadística sobre los mecanismos legales implementados por las autoridades federales ante la FGR.
Instituciones denunciantes
Para este trabajo se le solicitó que detallara las denuncias interpuestas por la Secretaría de Marina, el organismo CIIT, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Secretaría de Gobernación (Segob), así como las denuncias de estas autoridades junto a la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La misma petición se realizó a las fiscalías estatales y a las dependencias denunciantes, aunque no todas respondieron.
La información recabada no permite determinar el municipio en el que se cometió el presunto delito ni la vinculación directa con el Corredor. No obstante, los datos muestran incremento del número de denuncias interpuestas por el gobierno mexicano en los estados donde se realizan obras en pro del “desarrollo del Istmo de Tehuantepec”. Las obras son carreteras, rehabilitación de vías, hasta la ocupación territorial para parques industriales. En 2019 hubo solo 33 carpetas de investigación abiertas, pero para 2022 la cifra se elevó a 452.
La mayoría de las denuncias (865) son por ataques a las vías generales de comunicación y otros delitos contemplados en la ley federal de armas de fuego y explosivos. Además, hay carpetas por daño en propiedad ajena, la explotación de un bien que pertenece a la nación, robo y oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público.
Los cargos por delitos federales pueden tener penas mínimas de tres meses a dos años en prisión, como cuando se acusa de oposición a la ejecución de una obra, y hasta 20 años en delitos como el de entorpecer las vías de comunicación. También contemplan multas que pueden superar los 2 millones de pesos, según el Código Penal Federal.
Ante la petición de posicionamiento, la SICT dijo tener “la facultad y obligación de denunciar a cualquier persona que bloqueé vías férreas, carreteras concesionadas o federales, aeropuertos, debido a que estas acciones constituyen un delito federal” y que las denuncias no son exclusivas en Oaxaca y Veracruz, que se presentan “a quien corresponda” por lo que si hay bloqueos en el tramo del Istmo, “seguramente fueron denunciadas en su momento”. Sobre el caso de San Blas Atempa, el Registro Agrario Nacional (RAN) dijo que “no ha interpuesto denuncia penal alguna contra personas que protestan por el Corredor interoceánico”, que la denuncia presentada fue por daño patrimonial.
El CIIT dijo que “la magnitud de los trabajos encuentra un terreno fértil para algunos grupos opositores” y que han buscado resolver los conflictos a través del diálogo, pero que “lamentablemente como autoridades no somos escuchadas, circunstancias que ante la manera sistemática y persistente de violencia e injurias, nos obligan a presentar denuncias ante las autoridades competentes como última opción”. La petición de entrevista se realizó a través de la Secretaría de Marina, quien también ha interpuesto junto a otras dependencias denuncias penales contra civiles en el último sexenio. Ante esto, destacó que “cuando se ven afectados los derechos del Corredor, este organismo por ser un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, actúa en el ámbito de sus responsabilidades, deslindando de cualquier situación a la Secretaría de Marina”.
Se solicitó el posicionamiento de cada una de las otras dependencias mencionadas sin que al cierre de edición la hayan brindado.
A nivel estatal, la Fiscalía de Oaxaca ha recibido 29 denuncias por robo, daños, fraude, despojo y ataques a las vías de comunicación de estas dependencias federales. En los casos documentados para esta investigación, estas carpetas son las que mayor riesgo han representado para los habitantes del Istmo porque les han girado órdenes de aprehensión y sentencias.
Las denuncias penales han surtido efecto, sobre todo aquellas interpuestas ante la Fiscalía estatal. Así ocurrió en Santa María Mixtequilla, Oaxaca. La madrugada del 27 de enero de 2024 autoridades estatales y militares detuvieron a dos mujeres y siete hombres Binnizá (zapotecas) de esta comunidad que también rechazaban el Podebi planteado para su territorio.
El gobierno municipal de Santa María Mixtequilla —encabezado por el morenista Juan Carlos García Salud— les acusó del presunto robo de una patrulla de la policía municipal, daños por incendio y despojo ante la Fiscalía de justicia del estado.
Todas las personas detenidas pisaron la cárcel y fueron vinculadas a proceso tras un operativo coordinado con la Agencia Estatal de Investigaciones, la Guardia Nacional, los militares y la policía estatal. Fueron liberados con la única condición de que la defensa de su territorio quedara en el olvido. Se buscó una entrevista con ellas y ellos, pero rechazaron conversar por temor a que el gobierno volviera a encarcelarles.
La Misión Civil de Observación del Corredor Interoceánico realizada por organizaciones de la sociedad civil, identificó la criminalización como uno de los mecanismos de violencia ejercidos en contra de los habitantes del Istmo entre mayo de 2021 y mayo de 2024. Además de las denuncias penales, estas organizaciones encontraron despojo, intimidación, hostigamiento, amenazas y agresiones físicas en contra de personas, familias y comunidades que defienden sus tierras, el derecho a un medio ambiente sano y su ejercicio de los derechos colectivos como pueblos indígenas, como la libre determinación.
Sobre los “agentes perpetradores de violencia” señalaron que la mayoría son funcionarios que representan los tres órdenes de gobierno: la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Policía Estatal, FGR, Gobierno Municipal, entre otros vinculados a intereses criminales y empresariales. En este sentido destacan que la “grave situación de violencia sistemática y generalizada” se incrementa a partir del desarrollo del megaproyecto del CIIT y que se acentúa con la presencia de las Fuerzas Armadas.
“El gobierno la piensa y nosotros también la estamos pensando, porque ahorita tenemos órdenes de aprehensión y un amparo, pero ¿qué queremos? ¿Otras 10 carpetas de investigación por delitos más graves? ¿O llegar a personas que pierdan la vida? Como le digo a los compas: ‘para la paz y la tranquilidad de Puente Madera, vamos a buscar una ruta’”, dice David Hernández la tarde de mayo de 2024. Pone sus manos una junto a la otra en señal de equilibrio, un equilibrio obligado que les pone en un punto muerto ante el gobierno.
El 17 de junio de 2024, después de tres años de resistencia, la comunidad aceptó la instalación del parque industrial. Esa fue la ruta final para obtener su libertad plena. A cambio, Puente Madera obtuvo la revocación de la sentencia y absolución de Hernández Salazar, así como el no ejercicio de la acción penal en contra de las otras 17 personas acusadas.
