Asambleas vacías y firmas falsas: así avalaron el Corredor Interoceánico

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Cuando la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa en Oaxaca, supo que el gobierno mexicano quería instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en sus tierras, Inocencio Morales ya estaba muerto.

Murió la noche del 22 de enero de 2020. El cáncer de hígado le quitó la vida a los 62 años, según certificó el médico en el acta de defunción. Pero a más de un año de su fallecimiento, su firma apareció en el acta de la asamblea agraria del 14 de marzo de 2021, avalando la venta de tierras al gobierno y la instalación de este parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto prioritario del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Esta es sólo una de las anomalías encontradas en esa acta. El documento muestra participación inflada, firmas repetidas hasta tres veces y otras decenas falsificadas, por ello la comunidad ingresó amparos que terminaron por detener temporalmente el avance de uno de los 10 parques industriales contemplados en el megaproyecto. 

La asamblea fue convocada por el entonces presidente municipal —actual Senador de la República por Morena—, Antonino Morales Toledo, y contó con el respaldo del Notario Público 37, Jorge Antonio López Mier, y del jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, Luis Alberto Jiménez Paredes. Fue el punto más álgido de una serie de arbitrariedades contra esta comunidad índigena zapoteca, luego de que en 2019 se hiciera la primera consulta sobre el Corredor Interoceánico fuera de los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Así, la defensa de su territorio ha chocado con el discurso de un gobierno que dice tener un “compromiso en trabajar en beneficio de las comunidades indígenas”, como quedó establecido en las actas de las asambleas convocadas en torno al Corredor.

Ni libres ni informadas

Los Podebi son áreas geográficas, ubicadas principalmente en terrenos de propiedad social  de Oaxaca y Veracruz, donde los comuneros y/o ejidatarios siembran maíz, frijol, mango, piña, papaya y más. El gobierno las considera zonas estratégicas para “atraer inversión y potenciar capacidades productivas” a través del establecimiento de industrias químicas, petroquímicas, textiles, metalúrgicas, alimenticias, de transporte, entre otras. 

En 2019, el gobierno mexicano sólo anunció la rehabilitación de las vías del viejo ferrocarril que desde 1907 cruza del Océano Pacífico al Atlántico, pero no la intención de aprovechar la riqueza natural de la zona a través de parques industriales concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Uno de los principales activos para su consolidación es el agua que hay en estos territorios.

La administración de AMLO, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue dirigida por Carlos Urzúa hasta julio de 2019, convocó a asambleas regionales de 10 pueblos indígenas para consultarles sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se les dijo que querían recibir sus propuestas para integrarlas al proyecto, pero que necesitaban su visto bueno para la “modernización del ferrocarril ya existente”, de los puertos comerciales de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como el reforzamiento de infraestructura carretera y de servicios, según quedó asentado en las minutas de esas siete reuniones ocurridas el 30 y 31 de marzo de 2019 en Oaxaca y Veracruz, las cuales se obtuvieron vía transparencia para esta investigación. 

Para entonces no había planos del proyecto, tampoco manifestaciones de impacto ambiental, ni claridad sobre la compra de tierras ni de los proyectos industriales futuros. No era una consulta y así lo reconocieron las autoridades que desfilaron frente a los asistentes que cuestionaron la forma en que ocurrían las asambleas.

“Esta consulta es una simulación, esto está ya planeado por el gobierno federal. El gobierno federal manipulará la información que se está levantando”, concluyeron participantes de la mesa del pueblo náhuatl durante la asamblea que ocurrió en Oteapan, Veracruz. En la comunidad de Santiago Loallaga, Oaxaca, el comisariado Ejidal de San Pedro Comitancillo comunicó que el ejercicio no contenía las fases para ser considerado una consulta indígena, también que sólo presentaron presuntos beneficios, pero no las afectaciones del proyecto. 

Las mismas preocupaciones se replicaron en los siete eventos que coordinó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), una dependencia del gobierno mexicano encargada de fomentar una mejor relación entre las autoridades gubernamentales y las comunidades indígenas y afromexicanas. El INPI tenía la misión de garantizar la consulta a los residentes de 46 municipios —compuestos por 667 mil personas indígenas, pero sólo participaron tres mil 427 personas, el .5% de la población que se auto adscribe indígena en la región.  

“Si bien no se ha seguido de forma estricta cada una de las etapas de la consulta, se ha dado una deliberación en un diálogo constructivo que va perfilando consensos”, respondió Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI. “El día de hoy se hace un ejercicio de consulta genérica", dijo Adelfo Regino Montes, director del INPI el 30 de marzo de 2019 en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca. “Se hace saber que promoveremos consultas como medio para definir y enriquecer el Programa de Desarrollo del Istmo”, dijo Diana Álvarez Mauri, de la Secretaría de Gobernación, en Santa María Chimalapa. “Nada se va a hacer sin consultar a los pueblos indígenas”, les prometió Aldo Silva de la SHCP. 

Etiverio Ramírez del pueblo nuntaj+yi —en español Popoluca— acudió a la consulta de 2019. “Como indígenas de la Sierra Popoluca queríamos proponer que todo lo que pudiera llegar a nuestro municipio fuera con estricto respeto a la naturaleza, tradiciones y costumbres. Pero fue una simulación porque ya había una respuesta determinada”, dice el profesor y licenciado en derecho originario del municipio de Soteapan, Veracruz.

Los pueblos Ikoots de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar en Oaxaca, enviaron una carta el 28 de marzo de 2019 al titular del INPI, con copia a la SHCP y la Segob. En ella expusieron la “no aceptación de la Consulta” por considerar que atentaba contra sus derechos porque no era culturalmente adecuada, ni previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe como presumía el gobierno y como se establece en el Convenio 169.

En la acción de inconstitucionalidad 81/2018 promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que las consultas deben tener una etapa de definir junto con los pueblos cómo se llevarán a cabo, acorde con su propio sistema normativo o de usos y costumbres. Debe haber otra fase informativa, tiempo suficiente para el análisis de esa información, en su lengua y sus propios espacios organizativos; luego la evaluación del tema al interior de las comunidades en las que estas deliberan, y la etapa consultiva, con diálogo con autoridades, los acuerdos y el seguimiento a éstos. En este caso, las consultas fueron exprés, la convocatoria se dio apenas días antes, con información escueta y todo el desarrollo de las etapas ocurrió en un mismo día. El Estado mexicano hizo siete consultas en apenas dos días.

“Las consultas indígenas deben surgir del reconocimiento de que las distintas comunidades tienen sus propias leyes tradicionales y sus propios sistemas jurídicos y que esos tienen validez”, explica Citlalli Hernández Saad, coordinadora en México de la organización Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos indígenas (IPRI por sus siglas en inglés). Pero esto no ocurrió así, el gobierno estableció las reglas y excluyó a las comunidades de la organización. Por ello, para la mayoría de las comunidades, este ejercicio carece de validez.  

Doble vulneración

En San Blas Atempa la inconformidad de 2019 se extendió hasta 2021, cuando el presidente municipal, Antonino Morales, convocó a una asamblea de comuneros para consolidar la venta de tierras de Puente Madera al gobierno mexicano, y que éste desarrolle un parque industrial.

En esa ocasión se registró la participación única de 753 comuneros, el 43% de los mil 748 que conforman el padrón; es decir, no hubo mayoría. Además, en esa acta interna las firmas de 24 personas estaban repetidas, con diferencias claras entre sí. 

La firma de Carlos Cristobal López, por ejemplo, aparece tres veces. La primera tiene el nombre Carlos y una L, rodeados de un óvalo semicerrado. En la segunda, la letra es casi ilegible, empieza con una C y termina con ondas cortas que se combinan con otras letras que no se pueden identificar; no hay óvalo. La tercera comienza con una C garigoleada y el resto de las letras cursivas se combina con líneas verticales y horizontales. Parecen hechas por diferentes personas. 

En otros casos, aunque hay una única firma, el dueño no la reconoce. Guadalupe Ríos Maldonado, uno de los habitantes que ha luchado en contra de la instalación de este parque industrial, dice que se sorprendió cuando vio que aparecía su nombre y una firma que él no hizo porque no pudo entrar a la reunión. 

“No fuimos aceptados porque sabían la postura que llevábamos de investigar, de conocer a fondo. Después pedimos el papeleo a la Procuraduría Agraria y ahí es donde vemos la firma falsificada de unos 56 de Puente Madera; dialogamos como comuneros y decidimos interponer una denuncia ante el tribunal”, recuerda el comunero. 

Un par de meses después, en mayo de aquel año, el gobierno mexicano presumió que había llegado a acuerdos con la comunidad y, con esa afirmación, dio salida a una nueva consulta indígena en San Blas Atempa para confirmar el respaldo al Podebi. Se solicitó el posicionamiento a las autoridades que respaldaron esta asamblea —Antonino Morales de ex presidente municipal por Morena, el notario Jorge Antonio López Mier y el representante de la Procuraduría Agraria, Luis Alberto Jiménez Paredes—, pero al cierre de edición no respondieron. 

Desconocen a comunidades indígenas

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO se garantice el Derecho a la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, la práctica de 2019 se replicó en 2021. El gobierno anunció el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.

La diferencia fue que en esta ocasión desconoció a los habitantes indígenas de la mayoría de los municipios impactados. De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), sólo reconoció como comunidades indígenas a Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunción Ixtaltepec. 

El INPI rechazó consultar a habitantes de municipios como Matías Romero, donde el 57.7% se considera indígena. El argumento fue que el predio es propiedad de la federación por lo que “no se afectarán derechos territoriales de ninguna comunidad indígena” y que no tienen registro de que las localidades cercanas al polígono “hayan ejercido su derecho a la autoadscripción”.

“Es un hecho notorio que, por el paso del tiempo, la actual ciudad ha abandonado los rasgos identitarios y ha asumido una convivencia urbana en el que prevalecen los derechos individuales”, dijo sobre los 6 mil 500 habitantes indígenas de Texistepec, Veracruz. Lo mismo para Coatzacoalcos, Salina Cruz y San Juan Evangelista. 

Una vez más, las consultas fueron exprés y no consensuadas previamente con los órganos internos de cada comunidad. 

“Los pueblos nos planteaban que los procesos de consulta han resultado una trampa porque se vuelven el centro de la exigencia, cuando lo más importante es el ejercicio de la libre determinación, es decir, que una comunidad pueda decir que no y que eso se respete”, detalla Hernández Saad, coordinadora en México del IPRI. En su opinión, las consultas realizadas no fueron informadas ni libres porque hubo mucha presión sobre los habitantes y el Estado ha tomado decisiones sin siquiera preguntarles. 

Por ejemplo, la militarización del proyecto debió haberse sometido a consulta, acorde al compromiso de no militarizar los territorios indígenas que suscribió el gobierno mexicano. No obstante, el presidente López Obrador designó este proyecto a la Secretaría de Marina, como lo hizo con otras obras prioritarias de su sexenio, buscando garantizar que se concrete aún entre protestas.  

Las comunidades tampoco fueron consultadas sobre la adhesión de más obras vinculadas que no se les informaron desde 2019, como los parques industriales, los gasoductos, la planta de hidrógeno verde, entre otros proyectos con impactos sociales y ambientales graves.  

Se solicitó una entrevista al INPI y a la Marina, pero rechazaron dar una entrevista o responder al cuestionario que se les entregó.

La continuidad de la simulación

El Pitayal es un territorio rico en biodiversidad y agua, una tierra poblada de mezquite, un elemento fundamental para la fabricación del totopo, sostén de la economía de los habitantes de la región. Tiene casi 18 mil hectáreas de extensión y forma parte de los Bienes Comunales de San Blas Atempa. 

Ahí los habitantes son de lucha y, tras las arbitrariedades en la venta de 331 hectáreas dentro de El Pitayal al gobierno mexicano, ingresaron amparos por la falsificación de firmas y la falta de información sobre los impactos del proyecto. Desde el 2021 el Podebi planteado para empresas enfocadas en los textiles, metales y la agroindustria, se topó con pared. Ahí empezaron los encontronazos con el gobierno que, cansados de la defensa legal de las tierras y las manifestaciones públicas a través de bloqueos carreteros, denunció penalmente a 18 habitantes de esta localidad. 

“No estamos en contra del progreso, sino que informen a la gente bien, pero lamentablemente no es así. (...) La cuarta transformación era no robar, no mentir, pero se hace lo contrario”, lamenta el comunero Guadalupe Ríos. 

Aún con los amparos que protegían la tierra, en mayo de 2023, el gobierno mexicano, a través del organismo denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), declaró como Podebi el terreno de 331 hectáreas. En la publicación en el Diario Oficial de la Federación notificó el cambio de uso de suelo a tipo industrial y detalló que el CIIT había comprado las tierras desde abril de 2022, pese a las inconformidades de la comunidad. El gobierno pagó 56 millones de pesos (alrededor de 17 pesos —80 centavos de dólar— el metro cuadrado) por esa área que entregará a una compañía privada para la instalación de un complejo industrial.

La presión del gobierno mexicano surtió efecto apenas en junio de 2024. Tomaron la decisión colectiva de desistir del amparo federal contra el Podebi y dar pie a su instalación “ante el aumento de la tensión al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad física y psicológica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la economía criminal regional y transnacional”, según difundieron a través de un comunicado.

Así, el gobierno mexicano anunció triunfante: “Por fin llegamos a una negociación y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa, aceptaron ya la instalación del polo de desarrollo”, dijo el Vicealmirante de la Marina, Raymundo Morales Ángeles.