Único competidor

Con los fondos federales asegurados, el 9 de agosto de 2018 el gobierno de Sinaloa publicó una convocatoria para una licitación pública que buscaba contratar al inversionista de la Asociación Público Privada para el nuevo acuario. Esta sería la primera APP en Sinaloa y la única en su tipo hasta la fecha.

Es notorio que el nombre de Ernesto Coppel Kelly no aparece en ningún documento oficial del proceso de contratación de la APP, pero sí el de tres personajes muy cercanos a él que ganaron la licitación: el director de desarrollo, el director financiero y la directora de mercadotecnia de Grupo Pueblo Bonito.

Siete empresas compraron las bases de la licitación del concurso público, pero al final solo una presentó propuesta económica y se convirtió en la ganadora. Se trata de un único consorcio conformado por cuatro compañías, tres nacionales y una extranjera: Abequ SA de CV, Constructora Makro SA de CV, Operadora Audax SAPI de CV y Ocean Wise Conservation Association.

Actualmente, las dos primeras, Abequ y Makro, ya no forman parte del grupo, y Operadora Audax es la accionista mayoritaria.

Audax, la compañía dominante, nació apenas un mes y medio antes de ganar el contrato APP. La empresa fue creada el 31 de agosto de 2018 en la Ciudad de México, cuando el concurso de licitación ya había comenzado. Tiene por accionista mayoritario (99%) a José Luis Carlos Mogollón Álvarez Morphy, director de desarrollo del grupo Pueblo Bonito, apoderado legal en otras 13 empresas de Coppel Kelly y su yerno: es esposo de Hayley Coppel González, la segunda hija de Coppel Kelly.

La otra accionista de Operadora Audax (1%) es María de Jesús Tiznado Lizárraga, directora de Mercadotecnia de Grupo Pueblo Bonito y quien ha sido apoderada legal desde 2003 en por lo menos 14 compañías del empresario hotelero.

El tesorero del Consejo de Administración de Operadora Audax es José Guadalupe Hernández Alapizco, director financiero de Grupo Pueblo Bonito y apoderado legal desde el 2013 en por lo menos 11 empresas de Coppel Kelly.

Para establecer estos vínculos se consultaron en el Registro Público del Comercio los movimientos de 30 compañías en donde Coppel Kelly aparece como accionista mayoritario. En los últimos 20 años, Álvarez Morphy, Tiznado Lizárraga y Hernández Alapizco han recibido poderes amplios para abrir y cerrar las cuentas bancarias de las empresas de Coppel Kelly.

El consorcio ganador de la licitación creó una nueva empresa, Kingu Mexicana SA de CV, una sociedad mercantil que tiene como objetivo específico operar el nuevo Acuario Mar de Cortés por los próximos 30 años.

Kingu Mexicana fue creada el 29 de octubre de 2018 y sus acciones están repartidas entre las compañías del consorcio ganador de la licitación. El Consejo de Administración de Kingu Mexicana también es presidido por Álvarez Morphy, Tiznado Lizárraga y Hernández Alapizco, es decir, el yerno y los representantes legales de Ernesto Coppel.

En entrevista, Guillermo Zerecero Rodríguez, representante legal de Kingu Mexicana, confirmó que Ernesto Coppel Kelly es el principal inversionista de la empresa y negó que estas tres personas sean su prestanombres. Les calificó como el equipo de confianza que dirige sus negocios.

Ernesto Coppel no usa prestanombres. Ernesto es una persona de 75 años que no opera sus negocios directamente. Las personas de confianza de Ernesto dirigen sus negocios y también están en los documentos legales de sus negocios”, enfatizó.

Álvarez Morphy, Tiznado Lizárraga y Hernández Alapizco no aceptaron entrevista. Tampoco Ernesto Coppel Kelly. Zerecero Rodríguez afirmó que él es portavoz de los accionistas de la empresa.

Antonio López Puerta, exsubsecretario de inversión del gobierno de Sinaloa cuando Quirino Ordaz Coppel era gobernador, y quien encabezó el proyecto APP, rechazó que la licitación se haya simulado para favorecer a Coppel Kelly, y dijo desconocer quién era el inversionista del consorcio ganador.

–¿Ustedes sabían que los accionistas de la empresa ganadora, uno es el yerno de Ernesto Coppel y el resto son directivos del grupo Pueblo Bonito?, se le preguntó.

–No, no tengo el dato conmigo, pero lo que sí te puedo decir es que todo el proceso está perfectamente conforme a la ley. Lo que tenemos en su momento son cuatro empresas que conforman un consorcio, lo que sucede después en el camino y que al privado le corresponda es algo que ya no le toca al gobierno del Estado.

Se buscó al ahora embajador Quirino Ordaz Coppel para una entrevista. Su enlace de comunicación social, Alberto Camacho, solicitó un cuestionario y se le entregó con la promesa de responder, pero al final Quirino decidió no contestar a ninguna de las seis preguntas.

Entre los cuestionamientos se hallaban los siguientes: ¿La licitación pública fue simulada para beneficiar a Coppel Kelly? ¿Acepta usted un posible conflicto de interés por la relación de parentesco con el inversionista Coppel Kelly? ¿Acepta usted un posible tráfico de influencias por la relación de parentesco con el inversionista Coppel Kelly?

Un millón de personas al año

Una Asociación Público Privada es una figura legal que establece una relación contractual de largo plazo entre el sector público y el privado para la prestación de servicios al público, según se define en el portal Proyectos México de Banobras.

En el caso de la APP Acuario Mar de Cortés, se trata de un proyecto combinado y autofinanciable, en la que el inversionista se encarga de la elaboración del diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y aprovechamiento y prestación de servicios por un plazo de 360 meses, es decir por 30 años.

Para la inversión inicial, el gobierno de Sinaloa aportó el 40% de los recursos, 586 millones de pesos obtenidos a través de fondos federales; el 33% es el capital de riesgo que inyectaron los inversionistas, 481 millones de pesos, y un 27% se consiguió por medio de un crédito senior de 400 millones de pesos que deberá pagarse con los ingresos de la empresa que administra el nuevo acuario. En suma, la inversión total es de mil 467.7 millones de pesos.

Sin embargo, el representante legal de Kingu Mexicana, Zerecero Rodríguez, asegura que la inversión del grupo privado se disparó debido a la pandemia. Además de la inversión inicial, la empresa Kingu ha destinado unos 600 millones de pesos más. Según sus cifras, la inversión total sumaría más de 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con el contrato de la APP, el desarrollador, en este caso Kingu Mexicana, recibirá como contraprestación “los ingresos que genere o provengan del proyecto, de la prestación de los servicios, contratos o actividades relacionadas o derivadas del proyecto”.

La tarifa de entrada acordada en el contrato APP es de 215 pesos por persona. En su primer año de operaciones, el Acuario Mar de Cortés podría recibir unos 580 mil visitantes, y esta cifra podría llegar hasta un millón de personas al cumplir 17 años en funciones, según se calcula en los anexos del contrato.

En la corrida financiera se estimaron ingresos totales, incluyendo otros servicios, por 165 millones de pesos en el primer año, pero al cumplir 15 años en funciones, cuando se proyecta la recuperación de la inversión, Acuario Mar de Cortés facturará al menos 361 millones de pesos anuales.

El contrato ‘tramposo’

En Mazatlán ya existe un acuario. Opera desde 1980 y forma parte de la estructura administrativa del municipio a través de la paramunicipal Acuario Mazatlán.

Según documentos de la paramunicipal obtenidos por transparencia, en 2022 recibió unos 700 mil visitantes y sus ingresos anuales alcanzaron los 130 millones de pesos, a través de sus dos atractivos principales, un pingüinario y una exhibición de lobos marinos. Pero al firmar el contrato APP con Kingu Mexicana, el 30 de octubre de 2018, se decretó su desaparición.

Pablo Rojas Zepeda, director de Acuario Mazatlán, criticó que el contrato APP le provocó un daño a la paramunicipal y también al patrimonio de los mazatlecos.

Acuario Mazatlán está en uno de sus mejores momentos, con los mejores ingresos, y vamos a tener que cerrar las puertas por cumplir la obligación que tuvo el municipio cuando otorgó la concesión”, criticó el directivo.

El contrato APP obligó al municipio a entregar en concesión 2.6 hectáreas del terreno donde se ubicaban varias exhibiciones de Acuario Mazatlán: su Pecera Oceánica, el tanque de rayas, un flamingario, un cocodrilario, zona de venados, el aviario y la zona de guacamayas, entre otros.

A cambio del predio, Acuario Mar de Cortés le regresará al municipio un 4% de los ingresos por venta de boletos. Esto sería unos 6.5 millones de pesos en el primer año. Un 5% de lo que Acuario Mazatlán genera actualmente, según las cifras de la paramunicipal.

(El contrato) fue lesivo para la paramunicipal, fue lesivo también para el municipio. Esa es mi opinión muy personal, compartida por muchos”, señaló Rojas Zepeda.

El contrato APP fue firmado por el entonces alcalde sustituto de Mazatlán, José Joel Bouciéguez Lizárraga, notario en al menos tres empresas del embajador Quirino Ordaz Coppel. Después de la alcaldía se desempeñó como subsecretario de gobierno durante su administración.

Para acordar las condiciones en las que se llevaría la transición, el 27 de noviembre de 2018, se firmó un adendum al contrato APP que permitió a la paramunicipal seguir con vida, pero con varias limitaciones.

Uno de los párrafos del adendum le impide al Acuario Mazatlán operar cualquier servicio que esté relacionado con la vida marina. Este punto ha provocado una larga discusión entre la paramunicipal, el Ayuntamiento y Kingu Mexicana.

La problemática es compleja: la paramunicipal está obligada a cambiar de nombre, objeto y razón social, pero el adendum le permite conservar la exhibición de lobos marinos y el pingüinario, siempre y cuando llegue a un acuerdo con Kingu Mexicana, y eso no se ha logrado.

La empresa busca que los mamíferos le sean concesionados o entregados en comodato, pero la paramunicipal y el ayuntamiento rechazan esa vía y proponen operar una taquilla compartida que le genere ingresos a la paramunicipal.

Las solicitudes que han hecho (Kingu Mexicana) han sido sin remuneración, lo cual como director, no puedo aceptar, porque no podemos estar regalando activos que pertenecen al pueblo de Mazatlán”, enfatizó el directivo.

El alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain, admitió en entrevista que el contrato APP ató de manos al ayuntamiento y a la paramunicipal, pero enfatizó que no permitirá que los mamíferos sean concesionados sin ninguna remuneración.

Ahora sí que te tienen agarrado porque así se hizo el contrato. No hay mucho por dónde darle porque tienen una especie de sartén por el mango. Fue una cláusula ahí, digamos, que tramposa”, admite el alcalde.

Al cierre de este reportaje no se había acordado el nuevo giro de la paramunicipal; tampoco el destino de la exhibición de lobos marinos y el pingüinario.

La resistencia

Hay voces ciudadanas que reclaman que el Parque Central ha generado una afectación al ambiente, al espacio público y a su entorno social.

En agosto de 2022, un grupo de 50 vecinos de colonias aledañas presentaron una demanda colectiva ante el Juzgado Noveno del Estado de Sinaloa por la contaminación a la Laguna El Camarón, un vaso de agua que se ubica en medio del proyecto y que según los vecinos, se habría contaminado a partir de la construcción de la Avenida Quirino Ordaz Coppel.

Los vecinos también demandan la contaminación acústica derivada de eventos multitudinarios que se comenzaron a organizar tras la inauguración de la nueva avenida y el Parque Central.

Acompañados por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, los vecinos presentaron un peritaje en ecología forense en el que se detectó que la laguna está contaminada y recibe descargas de aguas residuales sin tratar.

“El cuerpo de agua está cerca de desarrollar un desequilibrio ecológico. La calidad del agua no cumple con los límites permisibles de la NOM-001”, se concluye en el peritaje fechado al 11 de julio de 2022.

La demanda colectiva está dirigida contra el Ayuntamiento de Mazatlán, la Dirección de Ecología y la Junta de Agua Potable del municipio, a quienes los vecinos les exigen el saneamiento del cuerpo de agua y la prohibición de actos masivos.

Pero esta no es la primera denuncia. En agosto de 2018, la asociación civil Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Mazatlán (Cemaz) presentó una demanda de amparo contra el Gobierno del Estado por las construcciones del Parque Central que incluían el relleno de una parte de la Laguna El Camarón.

Los ambientalistas reclamaban la afectación al ambiente, a las especies migratorias y al espacio público, así como la ausencia de consultas ciudadanas previas a la intervención del lugar.

“La laguna El Camarón es una reserva natural de organismos tanto acuáticos como terrestres, lugar integrante de la ruta migratoria invernal de la costa del Pacífico, de numerosas aves provenientes del Ártico, Alaska, Canadá y Estados Unidos hasta las costas de América Central y viceversa”, se expone en la demanda.

Desde otra trinchera, el diputado federal por Morena, Juan Torres Navarro, ha dado seguimiento al Parque Central desde 2018, cuando formaba parte de un grupo ciudadano que se oponía a la privatización de este espacio público.

A través de solicitudes de acceso a la información ha intentado conformar un expediente de documentos oficiales que le permita acreditar lo que él considera un claro conflicto de intereses y tráfico de influencias. Sin embargo, se ha enfrentado a prácticas de opacidad en las dependencias públicas que se niegan a entregar la información financiera relacionada con la inversión pública.

El caso del Parque Central fue una manera de robarnos un espacio público. El tráfico de influencias es usar a alguien cercano a ti en el poder para gestionar todo este negocio y que se quede para beneficio tuyo. No se puede ser juez y parte, y aquí ellos actuaron aprovechándose”, enfatiza el también secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

“El objetivo no es el dinero”

Guillermo Zerecero Rodríguez, representante legal de Kingu Mexicana, concedió a EL UNIVERSAL una entrevista y un recorrido por las instalaciones del Acuario Mar de Cortés. Rechazó que en la asignación de recursos públicos haya un conflicto de intereses entre Ernesto Coppel Kelly y el exgobernador de Sinaloa y ahora embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Enfatizó que el proyecto fue concebido con el único interés de generar un producto turístico de calidad para Mazatlán.

El objetivo no es el dinero, nunca lo ha sido; no lo es, nunca lo será”, insistió.

El pasado 1 de marzo, en una rueda de prensa para anunciar la próxima inauguración del Acuario Mar de Cortés, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, lo calificó como el proyecto ancla “capaz de ampliar, diversificar y revitalizar la oferta turística de México”.

Al finalizar su participación, Torruco Marqués le dedicó unas palabras a Coppel Kelly, quien se encontraba en la presentación.

“Este gran destino seguirá consolidándose a nivel internacional gracias al empuje, al apoyo de empresarios de la talla de mi amigo, empresarios como tú que le apuestan a México, que pagan impuestos y que se la siguen jugando con México, seguirán siendo prósperos, exitosos y reconocidos por parte de la sociedad y del gobierno”.

La versión del director del Acuario Mar de Cortés