Un problema de usurpación

En un foro realizado por el INE el 19 de agosto del 2021 para analizar las acciones afirmativas, también conocidas como cuotas, la académica Araceli Burguete, dijo: “estamos frente a un problema de simulación y usurpación en la acción afirmativa indígena, de tal forma que no podemos afirmar, de ninguna manera, que en el Congreso, en este momento, tenemos 36 personas indígenas. Lo que tenemos son 36 curules asignadas a personas indígenas que no han sido por ellas ocupadas”.

Burguete ofreció otro dato más, que el principal emisor de las constancias fueron las autoridades municipales con 99 documentos: “o sea, no fueron autoridades indígenas”.

Entrevistada, la académica hizo hincapié en la necesidad de mejorar los procedimientos de verificación del INE “y no solamente para pueblos indígenas, sino para todas las acciones afirmativas; todas ellas han sufrido de problemas de usurpación”.

El problema –reconoce Uuc-Kib Espadas– es tan real que la propia Sala (Superior del TEPJF) lo ha aceptado”.

Sayonara Vargas Rodríguez, diputada federal del PRI por el distrito I, de Huejutla de Reyes, Hidalgo, presentó una carta de adscripción firmada por Gustavo Arenas Sánchez, delegado auxiliar de la comunidad de Chiconcuac, pero cuando el personal del INE se presentó a verificar la información el funcionario negó haber emitido el documento.

A pesar de ello, Vargas Rodríguez llegó a las boletas y ganó la elección. En la impugnación por parte del candidato de Morena se presentó una prueba notarial de que la firma del delegado fue falsificada y que el documento se emitió incluso antes de que la persona ocupara legalmente el puesto. Sin embargo, el caso fue desechado por el TEPJF por extemporáneo.

Al ser cuestionada, Vargas Rodríguez afirma que ella se asume indígena y huasteca porque nació en la región, aunque reconoce que no domina la lengua. Sobre la acusación de la firma falsa sostiene que hubo intereses políticos detrás.

Creo que ahí hay una controversia, y que además la decisión es de una sola persona que puede derrumbar todo un trabajo que se hace. Esa persona dice sí hoy, y mañana dijo que no. Razones podemos enumerarlas: políticas, económicas, etcétera”.

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Otro caso es el de la panista Genoveva Huerta Villegas. Para justificar su adscripción indígena la legisladora poblana entregó una carta firmada por la entonces presidenta del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas, Puebla. En el documento se le reconoce como “originaria y descendiente de esta población indígena popoloca”. La carta, que carece de membrete o sello oficial, es tan sólo una hoja en blanco con la firma.

Hace un par de meses el actual presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Pablo Cortés Salas, dijo en entrevista no conocer a la diputada.

–¿Ustedes reconocen a la diputada como alguien originaria, descendiente y reconocida de la población?

–No, no, no. Acá tenemos un padrón del 64 que son los antiguos y ahí aparecen todititos, todos todos, y ahí debería aparecer al menos el papá.

Lo mismo respondió el contralor municipal Daniel Carrillo. Se pidió entrevista con la diputada pero no hubo respuesta.

No son los únicos casos, al menos cinco diputados y diputadas más fueron cuestionados e impugnados por ocupar espacios destinados a personas indígenas sin haberlo comprobado.

La panista veracruzana Karla Verónica González Cruz, diputada suplente que tomó la titularidad de la curul tras el deceso de la propietaria, presentó documentación falsa para sustentar su adscripción calificada, según confirmó el INE.

El priista Brasil Alberto Acosta Peña, diputado por el estado de México, presentó cartas de tres líderes antorchistas, en la verificación del INE uno de ellos dijo no tener ningún nombramiento formal de liderazgo, la segunda persona dijo que no recordaba haber firmado alguna carta a favor del candidato y que no pertenecía al movimiento antorchista. No hay constancia en los documentos que el INE entregó que se haya buscado a la tercera persona.

La morenista chiapaneca, Manuela del Carmen Obrador Narváez, públicamente conocida como prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, también fue impugnada pero la autoridad electoral consideró que los argumentos fueron “insuficientes para revocar su registro” y mantuvo su candidatura que eventualmente la llevó a la reelección.

El procedimiento fue iniciado por Crecencia Díaz, una maestra rural, también militante de Morena, y cuatro personas más, todas de origen maya Ch’ol y Tseltal. Cuestionaron la falta de “calidad de indígena” de la diputada, es decir, que realmente lo fuera.

Pero en su resolución, la Sala Regional de Xalapa del TEPJF consideró que al haber ganado la elección previa en 2018 en el distrito de Palenque, Chiapas, reconocido desde entonces como distrito indígena, “y al haber desempeñado ese cargo público ha generado un vínculo efectivo con la comunidad que pretende representar”.

Roberto Antonio Rubio Montejo, candidato de la Alianza JHH –Verde, PT y Morena–, también presentó documentación irregular, según la verificación del INE sólo uno de las tres personas firmantes de su carta de reconocimiento indígena pudo documentar oficialmente su cargo, aunque su impugnación fue rechazada por el TEPJF como extemporánea.

Otra militante del Verde, y candidata de JHH, la poblana Fátima Almendra Cruz Peláez, fue avalada por el Gobierno Nacional Indígena de México y luego repudiada por la dirigente de esa organización, Candelaria Lázaro, al ser entrevistada para este trabajo, por no cumplir con los acuerdos de trabajar a favor de los pueblos originarios.

De los cinco legisladores, solo Cruz Peláez concedió una entrevista, ahí reconoció tener una ascendencia indígena parcial, pero aseguró haber ayudado a los pueblos originarios con su trabajo como abogada.

En mi caso, como era en el tema legal, tuve la oportunidad de hacer algunas rectificaciones de actas de nacimiento, de darles asesoramiento (...), eso era lo que yo hacía en mi distrito (...) tengo raíces, sí, pero no al 100% indígena”, reconoció la legisladora.

‘A veces sólo quieren la foto’

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, una de las organizaciones que pelearon en las acciones afirmativas en el TEPFJ, dice en entrevista que hubo mucha resistencia de los partidos a modificar sus listas de candidaturas, especialmente los grandes, y que en esas resistencias hubo suplantaciones.

De las once personas que obtuvieron una diputación como representantes de migrantes, la organización en la que participa Avelino Meza solo reconoce plenamente a cuatro, el resto, si bien cumplieron con los requisitos que pidió el INE, afirma que no tienen vinculación con la lucha por los derechos políticos y humanos de los connacionales fuera del país.

Cuestionado al respecto, el diputado federal Jorge Ernesto Inzunza Armas, que comenzó su carrera político partidista en el PAN del Estado de México en 1997, y llegó a la Cámara por la acción afirmativa, reconoce su distancia con las organizaciones migrantes, y dice que si bien no se considera un diputado migrante, sí vivió en ese país en 2014.

–Diputado: ¿Usted se siente diputado migrante? ¿Sí hay una vinculación con estos grupos? –se le preguntó.

–Si te soy honesto, no. Yo reúno las condiciones que marcó la ley. Sin embargo, siendo abierto contigo, no soy un diputado que represente a un determinado grupo de migrantes. (...) He tratado, obviamente, de trabajar con los grupos de migrantes. Hice una gira, estuve en contacto con algunos grupos de California, tuve reuniones con muchos sectores de migrantes tratando de entender un poco la problemática -respondió el legislador.

Otro caso es del también panista Eliseo Compeán Fernández, quien presentó como requisito de residencia en EE.UU. un contrato de arrendamiento en California.

El documento está firmado el 1 de enero del 2019, cuando Compeán tenía seis meses de haber iniciado su segundo periodo como presidente municipal en Delicias, Chihuahua. El día de la firma del documento, e incluso días previos, el panista tuvo actividades en la ciudad que gobernaba, como se observa en su perfil de FB.

En la documentación que Compeán Fernández entregó al INE y de la que se tiene una copia, hay una carta de la Casa del Migrante de Juárez, en la que se asegura que el político ha apoyado de manera constante en la defensa y promoción de los derechos humanos de la población migrante.

Sin embargo, Javier Calvillo, director de esa asociación civil, explicó en entrevista que la carta se entregó como parte de un compromiso de Eliseo Compeán y su suplente Eduardo Fernández con la Casa del Migrante en Juárez para trabajar proyectos con la organización, un compromiso que hasta la fecha no han cumplido.

El otro día una diputada del estado que quería venir a visitar a los migrantes y que traía 20 cobijas cuando yo tenía 600 migrantes. Le decía: compre de perdida dulces para que les dé un dulce a cada uno; a veces sólo quieren la foto (...) y a veces uno comete el error de firmar o de hacer esas cosas, pues hay que reconocer. No hay ninguna acción y nunca volví a ver a estas personas que vinieron”, concluyó Calvillo.

‘A ti te toca’

Andrés Pintos Caballero llegó a la Cámara de Diputados como legislador de la alianza JHH, aunque actualmente despacha como legislador de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el certificado emitido por un médico familiar que se entregó al INE, Pintos Caballero padece “disminución de la agudeza visual de forma crónica y progresiva en el último año”. Esa es la única información legible en el documento que el INE entregó a este reportero.

Su candidatura fue señalada periodísticamente en Noticieros Televisa. Para responder ese trabajo, el Verde envió un comunicado en el que se asegura que a su entonces candidato se le había diagnosticado un “probable glaucoma contra maculopatía desmielinizante que mejora en un 50% con refracción, debilidad visual al 50%”.

El caso llegó incluso al TEPJF. Se presentó una impugnación a su candidatura pero fue desechada por falta de pruebas y por extemporánea.

En una breve entrevista en la Cámara de Diputados, y en la que solicitó que no se usara grabadora, Andrés Pintos dijo al reportero desconocer que su candidatura era una acción afirmativa, y sostuvo que su partido jamás le dijo que estaba compitiendo electoralmente como cuota de nada, que solo le dijeron: “a ti te toca ese distrito”.

Sobre su discapacidad explicó que básicamente “si me quitan los lentes ya no veo nada”, pero no mencionó el “probable glaucoma” que le diagnosticaron, ni ofreció más explicaciones sobre su padecimiento.

Candidaturas ‘clandestinas’

La forma en la que se llevaron a cabo las acciones afirmativas en los pasados comicios no fue muy transparente. El TEPJF decidió que por protección de datos personales no se revelara la pertenencia a minorías de las y los candidatos, y el INE cumplió el ordenamiento. Pocos fueron los casos en donde públicamente se habló del tema.

En un foro que organizó el INE en agosto del 2021, el consejero Ciro Murayama afirmó que fue la elección de las “acciones afirmativas clandestinas”.

Y eso fue lo que pasó con candidatos y candidatas que se postularon como personas de la diversidad o incluso afrodescendientes: la mayoría de ellas no hizo pública su condición. Lo que provocó que pasado el proceso, cuando comenzaron a conocerse quiénes llegaron a la Cámara de Diputados como cuotas de esas minorías, recibieran críticas de activistas y organizaciones que trabajan la visibilidad y los derechos políticos de esas comunidades.

Curules a regañadientes

Los partidos políticos llegaron a la cena de año nuevo del 2020 con una noticia que no les gustó mucho: tendrían que registrar 21 candidatos y candidatas indígenas para competir por un espacio en la Cámara de Diputados, e incluir nueve más en sus listas de plurinominales.

Así lo decidió la Sala Superior del TEPJF la noche del 29 de diciembre al resolver las impugnaciones de cuatro partidos: PAN, PRD, PT y el extinto PES, que se resistían a incrementar de 13 a 30 los espacios a personas indígenas.

En su resolución, el TEPJF fue más allá y no sólo validó el incremento de las candidaturas indígenas, también ordenó al INE que definiera qué otros grupos discriminados “ameritan contar con una representación legislativa” y estableciera espacios para ellos.

Así, entre enero y marzo del 2021, se definió que también habría candidaturas para personas de la diversidad sexual, afrodescendientes, personas que viven con discapacidad y migrantes.

La decisión de los órganos electorales fue criticada por los partidos políticos en un foro organizado por el INE en agosto del 2021, pero algunos de ellos reconocieron que de no ser por las acciones afirmativas ordenadas por el tribunal no habría espacios de representación para esas minorías.

Y si bien aceptaron la necesidad de legislar al respecto, lo cierto es que el tema no ha llegado hasta el momento a la Cámara de Diputados.

Se buscó entrevista con el PAN, PRI, Morena, y Partido Verde para conocer sus posturas sobre el tema, pero hasta el cierre de la edición solo el Verde atendió la petición, el resto no emitió comentario alguno.

No tenemos claro si existe un registro de personas que pruebe que ha existido engaño de éstas a sus partidos y a la autoridad electoral, fingiendo ser parte de los grupos amparados por el principio de acción afirmativa, no obstante, es preciso hacer una revisión de todos aquellos que asumieron cargos por esa vía”, mencionó el Verde a través de su oficina de comunicación.